Hasta el 21 de julio es el plazo establecido por el Tribunal de Cuentas para que los 34 altos cargos de la Generalitat catalana abonen la fianza que se ha fijado en 5,4 millones de euros.
No es la primera vez que sucede algo así, pues en el caso de Artur Mas, Ortega, Homs y Rigau sus bienes fueron embargados por la consulta del 9N. Para evitar precisamente esto, se ha planteado una «solución» que evite empobrecer literalmente a estas personas que están siendo investigadas por ejercer las funciones que tenían atribuidas.
La solución que se ha encontrado por parte del Govern tiene forma de decreto ley que deberá convalidar el Parlament para crear un Fondo Complemetario de Riesgos que dependerá directamente de la Generalitat y que contará con una dotación de 10 millones de euros. El objetivo es que con este fondo se pueda proteger a los servidores públicos y poder hacer frente a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores públicos y altos cargos.
Si la sentencia finalmente fuera condenatoria en firme, la Generalitat se reserva el derecho de repetir contra los acusados, en su caso.
Aval del Gabinete jurídico del Govern
La idea viene planteada del departamento de Economía, que está en manos de JxCAT, y ha sido previamente estudiado por el gabinete jurídico del Govern, que depende directamente de la Consejería de Presidencia y de la Intervención General.
Los dos consejeros, Jaume Giró y Laura Vilagrá han explicado esta mañana en la reunión del consejo ejecutivo la propuesta que finalmente ha sido aprobada. La clave jurídica se encuentra en el derecho a la tutela judicial efectiva de todo funcionario, y el principio de indemnidad. Y para evitar que pueda haber algún tipo de riesgo, será el Instituto Catalán de Finanzas quien gestione el fondo. Pero hay que subrayar que no será el ejecutivo catalán el que sirva de aval directo, sino que el govern actuará como contraval.
No se utilizará dinero público
No habrá desplazamiento patrimonial de dinero público de la Generalitat, ha señalado Giró. El decreto prevé que «en el caso de una sentencia firme, sin más camino judicial por recorrer, si se demuestra una responsabilidad contable, el beneficiario deberá devolver el dinero a la administración, los intereses y costes adicionales».
Está elaborado, según se ha explicado, para que no haya posibilidad de considerar en ningún caso malversación de fondos públicos, que es una de las grietas que se podrían alegar por quienes posiblemente denuncien esta decisión.
Condiciones de cobertura
Para poder estar cubierto por este fondo se exigirá:
- que no exista ninguna resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones del afectado
- que el riesgo no esté ya cubierto por otros seguros de la administración
- que la Generalitat no haya iniciado ninguna acción contra la persona encausada
Las personas que quieran solicitar la cobertura por este fondo deberán presentar un escrito alegando que cumplen con todos los requisitos y el ICF deberá validarlo para pedir a una entidad financiera que emita un aval.
