Hay miedo en el Tribunal Constitucional. Los magistrados, independientemente de sus tendencias políticas, son conscientes de la gravedad institucional en la que se han metido. Incluso el propio presidente, García Trevijano, que forzó precipitadamente el pleno polémico, según reconoce ahora, no sabe qué hacer.
Las críticas hacia su persona han arreciado de una manera que no calculaba que se fuera a producir. Mal cálculo, gracias a las presiones que recibió de los dirigentes del Partido Popular quienes, a la desesperada, intentan, por todos los medios, bloquear la renovación de la Alta Magistratura del Estado cometiendo un grave error.
El TC no puede ni debe, con arreglo a todo sentido democrático, pronunciarse sobre una norma que ni siquiera ha sido aprobada. Como dijeron los diputados este jueves, “es un ataque directo a la soberanía popular”. El Constitucional no puede ni debe interferir en la actividad parlamentaria. No puede ni debe prohibir algo que ni siquiera está aprobado.
Los errores en la convocatoria precipitada de este jueves han sido muchos y muy graves. En primer lugar, lo que ya se ha dicho. Todos los juristas, sean del signo que sean, coinciden en que el Tribunal constitucional no puede adoptar “medidas cautelarisimas” contra algo que no se ha aprobado.
En segundo lugar, está, y eso si que es un “conflicto de intereses” de esos que tanto habla el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, el voto de dos de los magistrados que tienen que ser sustituidos por la conclusión de su mandato: el propio presidente, García Trevijano, y el magistrado conservador, Antonio Narváez.
Unidas Podemos ha pedido la recusación de los dos. Y tienen razón. Está siendo muy mal visto por la opinión pública que ambos, que deberían estar, ya, en su casa, se pronuncien sobre algo que les afecta personalmente porque si rechazan la renovación que pretende el Gobierno con la reforma, mantendrán sus cargos en el Constitucional, sueldo y privilegios incluidos. Y eso ya de por sí es vergonzoso cuando llevan, ya, tres meses,” en funciones”.
Otro asunto del que apenas se ha hablado es la instancia que debe decidir sobre el recurso presentado por el PP. Es una Sala, y no el pleno. Es uno de los mayores fallos que ha cometido García Trevijano y que ya con toda seguridad le va a costar su futuro, no sólo político sino profesional. Un error como ése supone pérdida de prestigio. Mal asunto para alguien que debe mostrarse exquisito. Neutralidad de la que no ha hecho gala en esta ocasión. Su futuro profesional pasa, a partir de ahora, porque Núñez Feijoo, si logra algún día hacerse con el poder, le nombre ministro de Justicia. Todo es posible.
Y, por último, para terminar con esta descripción de errores cometidos, está la petición de la suspensión cautelar de lo aprobado por el Parlamento. En 1985, se decidió prohibir que el Tribunal Constitucional adoptase, al mismo tiempo de la admisión a trámite, la suspensión cautelar de una norma. El Partido Popular había abusado de esta potestad y, con ello, había conseguido paralizar muchas de las normas aprobadas por el Parlamento en la época en la que gobernaban los socialistas. La suspensión cautelar de una ley o una norma, si era admitida a trámite, quedó sin efecto. Y ahora, salvo circunstancias de extrema gravedad, el Constitucional no puede dejar sin efecto una decisión gubernamental o parlamentaria hasta que haya dictado sentencia.
Tal vez es por esto por lo que el presidente del TC, González Trevijano, haya decidido “aplazar” al lunes el debate y la toma de decisiones. El Tribunal Constitucional consta, en estos momentos, de once miembros, seis conservadores y cinco progresistas. Si García Trevijano y Narváez optan por lo obvio, es decir abstenerse tal y como están las cosas, el recurso de amparo del PP no prosperará. Y eso lo saben en la derecha que intenta, ahora, que se admita a trámite sin la suspensión cautelar. Algo más complicado que un encaje de bolillos.
Lo que está claro es que este gesto del PP ha dejado tocada la democracia en España. Ya nada será igual después de esto. El enfrentamiento entre instituciones es de tal magnitud que va a obligar, a quien deba de hacerlo, a reformar no sólo las formas sino el contenido de las competencias del Tribunal Constitucional que queda tocado porque no puede erigirse en un poder por encima de la soberanía popular, la que es exclusiva del Parlamento. Los juristas lo tienen claro: los jueces de este país se creen que están por encima de la voluntad popular. Y no se dan cuenta de que son unos funcionarios cuya única misión es la de interpretar las normas legales que se aprueban en el Parlamento,
Hace años, la facultad de dar un golpe de Estado era exclusiva de los militares. Ahora parece que la derecha quiere que sea de los jueces. Sus “errores de cálculo” les puede llegar a costar muy caro. Hasta tal punto que hay quien piensa que se debería acudir al “modelo norteamericano” donde son elegidos directamente por la ciudadanía.
¡Hombre! Desde luego como dicen la derecha, este no es un golpe de estado como el del 23F en que los guardiaciviles entraron en el congreso con metralletas, secuestrándolo, y los generales sacaban los tanques a la calle, el secuestro de menor intensidad, consiste en taparle la boca para que no pueda votar y crear un situación en la que perdido el sentido de las instituciones (un constitucional inconstitucionalizado, desde un poder que no tiene legítimamente impide la política porque a su deslegitimada mayoría conservadora no le gusta el resultado que toma el debate parlamentario). Las escusas si son las mismas aunque el marco de riesgo no lo sea, y que no por eso deja de ser un golpe contra las instituciones: la defensa de la unidad de España y de los valores que ellos nos destinan a todos, que nos quieren imponer y que deja fuera a más de la mitad de los ciudadanos, que eligieron que gobierno quieren. Así el totalitarismo reaccionario no solo demuestra porque no renueva el poder judicial y viene pisoteando la constitución desde hace más de cuatro años y ahora con el Constitucinal, sino que antes de perder su ventaja está dispuesto, en su visión castrante de lo que el Estado debe ser, a poner en riesgo todo lo que sea necesario.
No quiero cerca de mí a un PP, que por conseguir sus objetivos es capaz de saltarse los límites …Al final, que va a pasar con los actos de Feijóo ¿Es mejor líder que ayer? … Demuestra con sus acciones y actos que es un mal líder, ejerce un poder inútil, injusto e innecesario. Acciones que van desde poner en riesgo el trabajo de los diputados en el Congreso ,el fraude o la corrupción, hasta la indiferencia en cualquier ámbito con un un continuo tira y afloja que agota a los ciudadanos…