Hay acuerdo. PSOE y Unidas Podemos han pactado un “ingreso mínimo vital” para todas aquellas personas que carezcan de recursos básicos durante la pandemia de coronavirus y todo queda a expensas del trámite de aprobación en el Consejo de Ministros. En principio, la ayuda será una medida “estructural e indefinida”, a diferencia del importante paquete económico que se ha adoptado durante el estado de alarma y que tiene carácter temporal. “Será una red de seguridad permanente para los más vulnerables”, garantizó días atrás José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
El ingreso mínimo vital tratará de proteger a los ciudadanos que se encuentren en situación de desempleo y que no reciban prestación alguna, así como a las familias y colectivos más vulnerables que no pueden acogerse a ninguna de las últimas ayudas aprobadas. La prestación irá en función del número de hijos y se tendrá en cuenta la renta familiar. Todo apunta a que el ingreso mínimo vital podría ser aprobado con carácter inminente. En principio podrían verse beneficiadas más de 5 millones de personas en España, según ha anunciado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. “Seguimos trabajando la Vicepresidencia de Derechos Sociales junto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Seguridad Social; estamos coordinados para que el ingreso mínimo vital sea una realidad que podamos anunciar aquí cuanto antes”, dijo Iglesias el pasado 31 de marzo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La aprobación del ingreso mínimo vital supone todo un ejercicio de equilibrio y consenso en el seno del Gobierno, ya que este asunto había generado roces y enfrentamientos ideológicos entre el núcleo duro socialista y los integrantes de Unidas Podemos. Son públicas y notorias las discrepancias que los morados han mantenido en los últimos meses con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la más reticente a aprobar una medida que a su juicio podría disparar el gasto público. No obstante, esas diferencias parecen haberse superado en las últimas horas, en buena medida por la crudeza de la crisis derivada del coronavirus, y la vía para la aprobación de la renta básica ha quedado desbloqueada.
Otro gran escollo, al margen de los puntos de vista divergentes en el Gobierno, era lograr el acuerdo a tres bandas con la patronal y sindicatos, al que se sumarían las oenegés. En ese punto, los empresarios son los que se han mostrado más reacios y a través de su organización, la CEOE, manifestaron a comienzos de esta semana que preferían mantenerse “a la expectativa” hasta conocer los términos exactos de la renta mínima. No obstante, las fuentes empresariales reconocen off de record que estarían de acuerdo “con facilitar una renta a quienes no tengan medios para una subsistencia básica” siempre que ello se haga “sin poner en peligro las arcas públicas y sin aumentar el déficit que acumula el Estado por esta crisis”.
Por su parte, el Gobierno cuenta con la luz verde de los sindicatos. Miembros del Ejecutivo “se han reunido este jueves con CC.OO., UGT y organizaciones del tercer sector como Cáritas, Oxfam o Facua, encuentros en los que se ha planteado una solución temporal que garantice que las personas más vulnerables tengan ingresos para afrontar la crisis provocada por la pandemia, bien acogida por la otra parte”, según informa La Vanguardia.
Además, cabe recordar que la Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 oenegés de todo el país, había exigido al Gobierno que “priorice la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables”.
En la negociación con los actores sociales y las oenegés han participado los ministros Escrivá, Iglesias y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Por tanto, todo parece indicar que esa negociación a tres también se ha salvado con éxito, según las fuentes consultadas por Diario16, de modo que el decreto está preparado para que un “ingreso de urgencia” sea aprobado “cuanto antes” y de forma previa a la tramitación del ingreso mínimo vital indefinido, que en su momento deberá pasar el oportuno trámite parlamentario. Ahora solo falta conocer la cuantía de la renta básica que tiene por objetivo mantener la supervivencia diaria de millones de familias españolas y garantizar un mínimo sostenimiento del consumo y la economía general. Según ha podido saber este periódico, la ayuda tendrá una asignación nunca inferior a los 431 euros aprobados para el subsidio extraordinario por fin de contrato temporal, aunque podría ser ligeramente superior. En cualquier caso, hay margen para fijar una prestación superior entre los baremos establecidos por el Iprem –el índice de referencia para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas, que alcanza los 548,6 euros mensuales– y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en la actualidad en 950 euros.
