Malas noticias para los actuales dirigentes del Banco Santander. El Real Decreto 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales rompe con los planes de Ana Patricia Botín de celebrar sí o sí, cayera quien cayera, la Junta General de Accionistas prevista para el próximo día 3 de abril.

Mientras otras grandes empresas cotizadas como CaixaBank, Naturgy, Endesa, Naturhouse, Vocento o MásMovil, por citar algunas, han demostrado su responsabilidad civil y social por la crisis sanitaria que vive el país y han decidido posponer sus juntas, el Santander parece empecinado en mantenerla costara lo que costase.

El decreto aprobado en el día de ayer por el Gobierno indica, entre las excepciones que no aplican para el permiso retribuido, a «las personas trabajadoras de empresas de servicios financieros y de seguros». A este párrafo se podría agarrar el Santander para no aplazar o suspender la Junta. Sin embargo, esta excepción sólo está destinado a los trabajadores que dan servicios esenciales recogidos en el decreto que declaró el estado de alarma, es decir, aquellos que desempeñan su función en las sucursales. Una Junta de Accionistas no está reconocida como servicio esencial.

Por otro lado, hay una serie de trabajadores que son necesarios para la celebración de la Junta telemática, a la que supuestamente acudirán presencialmente Ana Patricia Botín o Jaime Pérez Renovales, que no están incluidos entre las excepciones incluidas en el decreto del Gobierno. Por ejemplo, los técnicos de sonido/iluminación o los informáticos no podrían desplazarse a Boadilla del Monte desde sus domicilios. Hacerlo u obligarles a acudir a la Ciudad Santander supondría una grave infracción de lo indicado por el Ejecutivo.

De nada han servido los requerimientos de los accionistas minoristas que, a través de diferentes canales, han solicitado por activa y por pasiva la suspensión temporal de dicha junta, sobre todo porque el Gobierno había dado una moratoria para que las mismas pudiesen celebrarse hasta el mes de octubre.

Sin embargo, a pesar de la reducción de derechos de los accionistas que se produciría con la versión telemática de la misma que pretende el Santander, los dirigentes actuales, encabezados por Ana Patricia Botín, no cejan en su empeño. Además, según diferentes accionistas consultados por Diario16, se ha activado una reclamación intensiva de delegaciones de voto porque, por los retrasos que se están produciendo en el envío postal o por la imposibilidad de que los clientes se acerquen a las sucursales, no están recogiendo las que la señora Botín esperaba.

Hay que recordar cómo el sistema de delegación de voto está en estos momentos judicializado tras la demanda interpuesta por un accionista minoritario.

Entonces, ¿qué es lo que pretende realmente Ana Patricia Botín con su empecinamiento de que la junta se celebre? Ganar tiempo. De aprobarse las cuentas del ejercicio 2019, la presidenta del Santander tendría dos años para blindarse frente a los grandes accionistas que, según afirmaron a Diario16 distintas fuentes cercanas a los principales inversores del banco cántabro, están muy descontentos con la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín, principalmente porque desde que accedió a la presidencia del banco, tras la inesperada muerte de Emilio Botín, el banco ha perdido más de un 65% de su valor en bolsa. La crisis del coronavirus, por su parte, es un argumento de peso para justificar malos resultados en 2020, por lo que, hasta 2021 no tendría que presentarse al escrutinio de esos grandes accionistas. Es decir, que lo que busca Ana Patricia Botín es tiempo para poder ejecutar una gran operación en España y varias en Latinoamérica, con importantes ampliaciones de capital, por supuesto.

Mientras tanto, el Santander sigue intentando presentarse ante la sociedad como un banco responsable e inicia grandes operaciones de lavado de imagen, como la donación de apenas un 1% de su presupuesto de publicidad en los medios de comunicación afines que sirven de muro para que el pueblo no conozca los escándalos en los que el banco cántabro está inmerso y que le pueden suponer decenas de miles de millones de euros en litigios.

Ahora sólo queda la respuesta del Santander y, por supuesto, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, como siempre, se ha mantenido al margen para no perjudicar con sus decisiones a quien, al parecer, no se puede tocar.

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