Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha explicado en una entrevista concedida a La Vanguardia, que el expediente que incluye toda la documentación de la solicitud de indulto de los presos independentistas catalanes fue remitido el pasado lunes al Tribunal Supremo. A partir de aquí, el Alto Tribunal realizará su informe tras escuchar la valoración de la Fiscalía y de Instituciones Penitenciarias.

Será entonces cuando, una vez recibido dicho informe por el Ministerio de Justicia, se haga una propuesta «denegatoria o positiva al Consejo de Ministros», que será quien adopte la decisión. A partir de aquí surge la duda: ¿Podría el Gobierno adoptar una decisión en contra del criterio del Supremo? Campo ha respondido que «cuando el expediente regrese al Ministerio de Justicia se hará una propuesta denegatoria o positiva al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra. El ministro de Justicia no puede dejar de tramitar los indultos porque estaría prevaricando. La ley es muy clara al respecto. Queda un espacio temporal de entre 6 y 8 meses hasta que se tome una decisión. Ese es el promedio de tiempo de los expedientes».

La renovación del CGPJ

En la misma entrevista, Campo se ha referido a la situación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha lamentado de la situación actual. «La Constitución dice que el CGPJ tiene un mandato de cinco años. Después de dos años de demora, creo que la situación no hace falta ni calificarla. Algo está pasando ahí. El Estado se fortalece cuando la ciudadanía puede tener confianza en sus instituciones. Cuando el Consejo después de dos años sigue haciendo nombramientos, el ciudadano tiene que preguntarse cosas y no deben gustarle muchas conclusiones a las que llega, y yo participo de ellas. Un acuerdo que estaba muy trabajado este verano ha saltado por los aires. El PP es el que tiene que intentar clarificar eso», ha dicho el ministro.

Respecto a si el Gobierno tiene pensada algún tipo de reforma legal para poder renovar el CGPJ, Campo ha señalado que «el Gobierno no lleva a cabo reformas normativas para excluir a nadie, sino para mejorar el ordenamiento jurídico. Lo que sí es cierto es que estamos estudiando la conveniencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para encontrar fórmulas que permitan asegurar el funcionamiento de las instituciones conforme al mandato constitucional. Creo que es necesario garantizar que los órganos constitucionales gocen de buena salud democrática. Me gusta pensar que podemos tener un sistema y unas instituciones que funcionen aun cuando sus operadores pudieran comportarse de modo irresponsable, como ocurre con el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ».

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