El Gobierno está perfilando una ley que reformará las orgánicas del Poder Judicial (LOPJ) y del Constitucional. Ambas normas requieren de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Los socios de Unidas Podemos no sólo están de acuerdo, sino que son los mayores impulsores con la idea de que se acaben, de una vez por todas, los bloqueos que sobre estas dos instituciones judiciales llevan a cabo en la derecha. Las modificaciones se debatirán paralelamente a la del Código Penal en materia de malversación.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial será “exprés” con el propósito de desbloquear este organismo, que lleva cuatro años en funciones, lo antes posible. En cuanto al Tribunal Constitucional se esperará a saber si antes de final de año, el CGPJ designa a sus dos candidatos.
El ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha nombrado a los dos que le corresponde, pero el sector conservador de la Alta Magistratura se niega, en principio, a aceptarlos si no van acompañados de los del Consejo. El presidente, Pedro González Trevijano, rechazó llevar a cabo el trámite después de reunirse con los magistrados conservadores, y aplazó cualquier decisión hasta el día 22, la fecha clave para saber si el pleno del Consejo General del Poder Judicial designa a sus candidatos. Allí, las negociaciones entre los vocales conservadores y progresistas están rotas, pero puede funcionar, -posibilidad un tanto remota-, el juego de mayorías y minorías. Los vocales progresistas necesitarían de tres conservadores para sacar adelante a su candidato. Los conservadores sólo uno. El problema está en los nombres. Los conservadores no aceptan el propuesto por los progresistas y viceversa. Todo parece indicar que los candidatos no saldrán adelante.
Y si eso ocurre, ¿qué pasará con los designados por el Gobierno? ¿Decidirá el Constitucional aceptarlos sin que se completen con los de la otra parte? En Moncloa mucho se temen que eso no va a ocurrir. Y si se da tal circunstancia, se pondrá en marcha un plan B. Su diseño está, todavía, en los prolegómenos y dependerá de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional.
Las hipótesis que se barajan son dos. Por una parte, en el supuesto de que el pleno del Constitucional acepte las designaciones que le corresponde al Gobierno, éste aparcará una reforma en profundidad de la Alta Magistratura. Al menos de momento. Pero si se da la circunstancia de que la mayoría conservadora bloquea los cambios, entonces no sólo se procederá a reformar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sino también la de los magistrados del Constitucional.
Sera “una respuesta contundente” según señalan fuentes de Moncloa donde se manifiesta abiertamente que la postura de la derecha conservadora es un claro “golpe de estado” inconstitucional. No sólo está en juego la credibilidad del sistema sino también la resolución de una situación irregular que no está bien vista en Europa donde se recuerda insistentemente que España será la presidenta de turno de la UE en el segundo semestre del año que viene.
Si los conservadores mantienen su estrategia de bloquear las instituciones judiciales, el Gobierno tiene previsto reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ. Y no habrá medias tintas. No se aceptarán las tesis que el PP mantuvo en las negociaciones: que sean los jueces los que elijan a los miembros. “Esto sería, – dicen fuentes de Moncloa-, dejar la justicia en manos ajenas a la representación popular. El pueblo es soberano y es quien debe elegir a sus representantes. También en el poder judicial. Y la única forma de hacerlo es a través del Parlamento”.
Ello quiere decir que el Gobierno maneja la idea de que la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por Congreso y Senado. Y para evitar situaciones de bloqueo sólo hará falta mayoría absoluta de los representantes de las cámaras, y no como hasta ahora venía sucediendo, de tres quintos lo que obliga, al final, a un acuerdo entre los grandes partidos.
Eso en lo que se refiere a la elección de los vocales del CGPJ. Pero la Ley Orgánica también modificará las funciones del organismo que gobierna la justicia de este país. Habrá limitaciones a la hora de designar jueces en instancias superiores, como son las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo, y no ocurrirá lo que hasta ahora venía sucediendo respecto a la total discrecionalidad que ejercía la presidencia.
En cuanto a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, todavía no se tiene una idea concreta de reforma a la espera de lo que vaya a suceder con el actual proceso. Hay discrepancias sobre el alcance del cambio del sistema de elección y del funcionamiento de la institución.
Pero una cosa si está clara. Hay que acabar con este estado de cosas. No puede ser que una minoría política y social como es la actual haya conseguido bloquear dos instituciones que son pilares de la justicia en España. Todo un golpe de estado inconstitucional para el que no existe, desgraciadamente, la existencia de responsabilidades. Y sólo una alternativa. El cambio de la legislación en la materia para que nunca más se vuelva a dar una situación de bloqueo como la actual.
No me lo creo los del psoe son unos cagetas ; si se hubiese efectuado cuandoi lo planteo UP nos hubiesemos evitado casi tres años de mangoneo para cuando la devolucion por parte de los jueces y magistrados de los salarios debengados por los sr. caducados (perdon por lo de sr. no era mi intencion de faltarles al respecto ) vivz la proxima III Republica.