La nueva Ley de la Memoria Democrática que prepara el Gobierno de Pedro  Sánchez tiene como principal objetivo el reconocimiento de la dignidad de quienes padecieron el totalitarismo fascista y la defensa de los valores democráticos, derechos y libertades fundamentales. Pero el texto legislativo no nace solo con la pretensión de hacer justicia con los años turbulentos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, pretende extender su ámbito de aplicación hasta la Transición y aún más allá, hasta la actualidad, ya que potenciará la Justicia Universal y la persecución de los delitos de lesa humanidad, como no podía ser de otra manera tratándose de un país democrático y avanzado como España. La ley parte del reconocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas y tiene como noble objetivo que la guerra y sus crímenes no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país.

Por supuesto, la nueva normativa supondrá el repudio y la condena total, sin paliativos, del golpe de Estado de 1936 que dio lugar a la execrable dictadura franquista. Desde ese punto de vista, la ley Zapatero de 2007 sentó las bases de la nueva legislación, pero la llegada del PP al Gobierno liquidó cualquier avance en el terreno de la recuperación de la memoria histórica democrática. Y no solo porque el partido conservador se mostró abiertamente en contra desde el principio a cualquier tipo de condena del fascismo franquista, sino porque el presupuesto que adjudicó a la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes fue “exactamente cero”, tal como presumía en su día Mariano Rajoy.

Trece años después de la ley Zapatero, aquel primer intento había quedado en buena medida frustrado y era necesario dar un nuevo impulso a la recuperación de la memoria histórica, en especial porque con el actual marco legal resultaba imposible cubrir los objetivos marcados por el Gobierno de coalición Sánchez/Iglesias. El escenario había cambiado radicalmente en relación a 2007, en primer lugar porque no se habían incluido en nuestro ordenamiento jurídico las recomendaciones de los organismos internacionales especializados en Derecho Humanitario −sobre todo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición confeccionado por Pablo de Greiff− que instaban a España a ponerse al día con las políticas de memoria. Además, las leyes autonómicas promulgadas en los últimos años (hasta 12) habían modificado sustancialmente el panorama, e iban más allá de la protección otorgada por la propia ley de Zapatero, mientras que los movimientos memorialistas han ejercido tal presión en demanda del reconocimiento de la dignidad de los represaliados que resultaba imposible no atender a sus reivindicaciones. Por último, algo se había movido también en el Parlamento, donde se habían tramitado decenas de propuestas relacionadas con la memoria, un hecho inédito en democracia que ha obligado el Gobierno a tomar la iniciativa.

Lo que se acaba de aprobar ahora es un nuevo Anteproyecto de Ley, que en apenas unos meses pasará a ser proyecto para su tramitación en las Cortes. Se abre por tanto un período de recogida de informes por parte de los ministerios y también del Consejo Fiscal y del Poder Judicial. Luego se dará curso al trámite de información pública para enriquecer el texto y se llegará a la fase propiamente parlamentaria. A finales de diciembre, principios de enero de 2021, el texto podría estar listo para el plenario del Congreso de los Diputados del mes de febrero. Así las cosas, el Gobierno entiende que la ley debería estar aprobada en el primer semestre del próximo año, tal como confirma Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática. En palabras de Martínez, la ley contará con una nueva Fiscalía “potente” en el sentido de que “va a entender sobre personas desaparecidas” y porque será “proactiva”, es decir, cualquier ciudadano podrá recurrir a ella para presentar la correspondiente denuncia. Sin esta Fiscalía sería imposible cumplir con el mandamiento de la ley de investigar todas las violaciones de los derechos humanos que se hayan cometido entre el golpe de Estado de 1936 y los últimos años de la Transición.

Por tanto, todo aquel familiar que quiera saber qué ocurrió con su ser querido contará con amparo legal y administrativo. Mientras la ley no sea aprobada, será la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el organismo que conocerá de las denuncias y que controlará las subvenciones que se otorguen para cada proyecto. En apenas una semana Gobierno y Federación de Municipios y Provincias llegarán a un acuerdo que se plasmará en un real decreto para que sean los ayuntamientos quienes lleven a cabo las tareas de exhumación de las personas represaliadas. Siempre teniendo en cuenta que solo las administraciones públicas (central, autonómica y local) poseerán competencias legales para llevar a cabo las intervenciones en las fosas comunes.

La nueva ley garantiza el derecho a la investigación de conformidad con los tratados de derechos humanos suscritos por España. La Fiscalía podrá practicar las diligencias que crea oportunas y ejercitará la acción pública en cualquier tipo de procedimiento relacionado con hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura franquista, incluyendo los años hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78, siempre que sean constitutivos de delitos. Además, la Fiscalía tiene entre sus cometidos la colaboración internacional para la reparación de las víctimas. Esto es importante porque habrá personas que quieran seguir el procedimiento abierto por las querellas en Argentina, por ejemplo, pero España ya dispondrá de un mecanismo legal como será la Fiscalía Especial para la Memoria Histórica.

¿Y qué pasará con el Valle de los Caídos y asociaciones como la Fundación Franco que en la actualidad poseen importantes archivos históricos, los conocidos como papeles del franquismo? Respecto a Cuelgamuros la intención de la ley es convertirlo en un lugar de memoria democrática mediante su resignificación como cementerio civil. Para ello se facilitará información sobre lo que fue el proceso de construcción del complejo, el contexto histórico y el significado dentro de lo que fue el nacionalcatolicismo. “Resignificar es explicar. Ya ha comentado la vicepresidenta Carmen Calvo que con la nueva ley queda extinguida la Fundación Santa Cruz del Valle y por tanto ese es un elemento de resignificación. De otra parte, el proceso que se va a seguir supone que inmediatamente que se apruebe la ley de memoria vamos a tener otra norma sobre el nuevo funcionamiento del Valle de los Caídos y su situación patrimonial”, asegura Martínez López. Mientras se aprueba el texto legal, será Patrimonio Nacional el encargado del mantenimiento del recinto.

En cuanto a la Cruz del Valle, gran símbolo del nacionalcatolicismo, el Gobierno asegura que está en un “proceso de reflexión”. De momento no se plantea su demolición en la línea de lo que plantean historiadores como Ian Gibson, quien en su día llegó a afirmar, categóricamente, que “la cruz del Valle es un insulto a Jesucristo; por mí que sea demolida”. En todo caso, la idea es resignificar lo que pasa por ser la máxima expresión artística e ideológica del mausoleo: “Ya veremos cuál es el proceso pero en principio la idea es explicar la idea en su conjunto, y en ello va incluido la Cruz. Entre otras cosas porque las nuevas generaciones nos van a pedir que lo expliquemos en su conjunto”, asegura el secretario de Estado.

Sobre la Fundación Franco serán prohibidas todas las asociaciones que no estén de acuerdo con el “interés general”, es decir, todas aquellas que hagan apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio contra las víctimas de la dictadura y sus familiares. Todo eso se considera por el Gobierno “contrario al interés general” y por tanto todo tipo de fundaciones con ese cariz neofascista serán extinguidas. Será el Ministerio de Cultura quien inste el proceso de liquidación.

En relación con los archivos de la Guerra Civil en poder de la Fundación Franco la ley señala la necesidad de protegerlos y garantizar el acceso a ellos tanto por parte de los investigadores como de los familiares. Además, se revocarán todos los obstáculos que se puedan plantear como consecuencia de una “visión estrecha de la ley de secretos oficiales”, o lo que es lo mismo: se eliminarán las barreras para el estudio de la ingente documentación. “Para nosotros la recuperación de esos archivos es una pieza fundamental en el marco de la ley”, apunta el secretario de Estado. Como también serán anulados los juicios sumarísimos del franquismo que terminaron con cientos de miles de fusilados y personas encarceladas injustamente.

Y quedan las fosas comunes. Una de las tareas fundamentales es acometer un proceso de exhumación general que será afrontado en los próximos cuatro años. El dinero invertido irá incluido en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (caso de que se aprueben finalmente). Pero para ello, primero el Gobierno necesita saber cuántos cadáveres hay enterrados realmente en el Valle de los Caídos. “Esto nos corre bastante prisa, y es una de las grandes tareas pendientes que tiene el Estado democrático”.

Esta vez el Gobierno ha asumido un compromiso inequívoco en la apuesta por la memoria democrática. Hasta la llegada del Gobierno Sánchez funcionaba una Dirección General que se encargaba de estos asuntos pero hoy ya existe una Secretaría de Estado de la Memoria Democrática que dará un nuevo impulso a la política de reparación y justicia. Por fin la ley va a ir acompañada de fondos con cargo a los presupuestos de los próximos años, algo que hasta la fecha no ocurría. Se abrirá un banco de ADN para identificar a los fallecidos, se creará una Oficina y Censo de las Víctimas, se dotará de medios técnicos, humanos, materiales e informáticos, unidades didácticas, toda una compleja logística al servicio del objetivo de desenterrar la verdad. Este año la partida será de 750.000 euros pero se irán aprobando nuevos fondos presupuestarios que “darán dotación suficiente” al proyecto, según Martínez. Esta vez parece que sí, que por fin la democracia va en serio, sin miedo reverencial al dictador ni al nefasto totalitarismo que encarnó durante 40 años de dictadura.

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