El fraude deportivo a través de las apuestas está manipulando el resultado de las competiciones sobre todo en las categorías inferiores donde los jugadores de distintos deportes tienen unos salarios muy bajos. El pasado 11 de mayo, la Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada a amañar partidos de fútbol para estafar a las operadoras de juego. En la operación han sido detenidas cuatro personas, entre las que se encuentran los dos cabecillas y dos jugadores del Conil F.C.
Esta operación, junto con otras realizadas por las Fuerzas y Seguridad del Estado, se une al Caso Negreira, en el que se investigan los pagos del FC Barcelona al ex número 2 de los árbitros españoles y que podría acarrear, entre otras cosas, duras sanciones por parte de la FIFA y la UEFA.
Por esta razón, el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra. El convenio firmado esta semana entre el Ministerio de Consumo y la Dirección General de la Policía (DGP) permitirá que las Fuerzas de Seguridad desarrollen investigaciones criminales sobre las posibles manipulaciones de competiciones deportivas y fraudes en las apuestas detectadas por la red de entidades que participan en el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA).
SIGMA es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y accesible, por vía telemática, para las entidades adheridas al servicio. En la actualidad, forman parte de la red el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.
Con la adhesión ahora de la Policía Nacional, se refuerza la lucha contra el fraude en el mercado de los eventos y las apuestas deportivas. Es decir, contra unas prácticas que, según especifica el convenio, «afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego» y constituyen «una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores».
Con el objetivo de analizar el desarrollo del convenio, así como de adoptar las medidas que sean necesarias en torno a las investigaciones criminales que se pudieran iniciar, la DGOP y la DGP constituirán, en el plazo de un mes, la Comisión de Seguimiento. La comisión se reunirá de forma ordinaria una vez al año, aunque puede convocarse de forma extraordinaria en cualquier momento si alguna de las partes así lo solicita.
El acuerdo, que también contempla la confidencialidad de todos los datos compartidos entre sendas organizaciones, tiene una vigencia de cuatro años.
