El Gobierno de Mariano Rajoy gastó medio millón de euros de fondos públicos, en concreto de los fondos reservados, para proteger al Partido Popular del caso de su ‘caja b’, según informa la Cadena SER citando fuentes vinculadas al caso.

La emisora ha accedido a información aún calificada como secreta por el Ejecutivo que revela que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó esa cantidad entre 2013 y 2015 a la operación Kitchen, en la que el comisario Villarejo y el resto de la policía política, supuestamente espiaron a Bárcenas e intentaron recuperar y destruir pruebas que comprometieran a dirigentes de la formación conservadora.

La documentación secreta a la que ha accedido la Ser también confirma que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.

Los 500.000 euros fueron empleados para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar.

El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga esta causa, citó a declarar como imputado a Pino, quien aseguró que un comisario como Villarejo tenía un elevado nivel de interlocución en el Gobierno del PP. Sostuvo que ante las quejas del entonces DAO por el trabajo de Villarejo al ministro Jorge Fernández Díaz, éste le comunicó que había recibido el mensaje del presidente, Mariano Rajoy, para que “trataran bien” al comisario encarcelado desde 2017. El juez también citó como imputado al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien se negó a declarar.

Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la ‘caja b’.

Supuestamente, solo el poder político y un pequeño grupo de agentes, liderados por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, estaban al corriente de las verdaderas intenciones del amplio dispositivo desplegado para esta operación. La mayoría eran “operativos ciegos” que en realidad creían que estaban auxiliando al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba la causa, según policías que participaron en aquel dispositivo y que prefieren conservar el anonimato.

La Cadena Ser publica la versión de Francisco Martínez

Fuentes cercanas al exsecretario de Estado Francisco Martínez aseguran a la Ser que “en relación con las informaciones publicadas:

1) Con pleno respeto al trabajo de los profesionales de la comunicación, los hechos que se atribuyen a mi persona son radicalmente falsos.

2) Toda la información relacionada con tales hechos está clasificada como secreto, lo que impide cualquier explicación. En tal situación, el derecho de cualquier aludido a defender su honorabilidad no puede ir más allá del rotundo desmentido de los hechos.

3) La atribución indiciaria de graves responsabilidades en hechos que ya han sido juzgados y condenados en sentencia firme desde hace años constituye una grave lesión del derecho al honor si no existe un fundamento sólido para tales insinuaciones”.

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