El pacto PSOE-Podemos dará una vuelta de tuerca a la recuperación de la memoria histórica democrática precisamente en un momento complicado, cuando la extrema derecha amenaza con enterrar todas las leyes que se han promulgado hasta ahora desde la época de Zapatero. “Desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio”. Además, “implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y estableceremos la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”.
Del mismo modo, el Gobierno de coalición trabajará todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo. “Declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género. Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público”.
El Ejecutivo que se forme aprobará una ley sobre libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. En cuanto a los derechos y libertades civiles se aprobará una nueva ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la “ley mordaza”, para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.
