El Gobierno aparcará la necesaria reforma fiscal. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que el clima político en España está peligrosamente enrarecido, hay demasiados frentes abiertos, y acometer una reforma de ese calado podría enconar aún más la situación con las fuerzas políticas de la oposición. El ultimátum de Santiago Abascal al Gobierno, ese “primer aviso” tras la vandalización de la estatua de Largo Caballero, demuestra el grado de polarización al que ha llegado la política en España. Además, el decreto de estado de alarma contra la pandemia firmado en las últimas horas para Madrid, mucho menos severo que el ordenado el pasado mes de marzo, demuestra cierta tibieza del Consejo de Ministros a la hora de tomar decisiones expeditivas. Se impone la condescendencia, la prudencia y los pies de plomo ante una coyuntura altamente explosiva.

En ese contexto la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que el Ejecutivo no abordará la reforma estructural del sistema fiscal hasta que no termine la pandemia del covid-19 pero sí planteará “en el momento inmediato algunos ajustes para preservar el Estado del bienestar”, informa Europa  Press. Preguntada por si es prioritario subir impuestos, ha contestado: “No creo que la fiscalidad en sí misma sea un objetivo, sino un instrumento de igualdad. Y en un momento de incertidumbre, hay que mandar un mensaje de certeza (…) Las reformas profundas, que afectan al modelo productivo, a la estructura, como por ejemplo al impuesto de sociedades, es lógico y razonable lo acompasemos a este momento y por tanto, esperemos a que pase esta tempestad”, ha asegurado.

En una entrevista en La Vanguardia este domingo, ha explicado que el Gobierno estudia informes sobre el IVA en la educación y la sanidad privada, además de sobre la revisión de los beneficios fiscales de planes privados de pensiones: “Pero todavía no hemos tomado la decisión sobre cuáles van a ser los elementos objeto de ajuste”.

El Gobierno −ha dicho− quiere reformar el sistema fiscal para que tenga “un mejor rendimiento, sea más redistributivo, más progresivo, más justo”, y apuesta por abordar esa reforma con el asesoramiento de un comité de expertos.

En cuanto a la recaudación tributaria, ha detallado que ha disminuido un 7,7% en términos homogéneos hasta agosto, pero que ese mes la bajada fue del 4,2%: “No crecen, caen menos. Hay que esperar al pago fraccionado de sociedades de octubre”.

También ha mantenido que el compromiso del Gobierno es actualizar las pensiones según el Índice de Precios de Consumo (IPC), mientras que para un aumento del sueldo de los funcionarios en esos mismos términos habrá que “hablar con los sindicatos, a ver cuáles son sus prioridades”.

Ha defendido la habilitación del fondo de 16.000 millones para la recuperación que el Ejecutivo puso en marcha antes de derogar la senda de déficit: “El Gobierno no ha dicho suspéndanse las reglas fiscales y endéudense, sino que lo que ha hecho es endeudarse él para que las comunidades no tuvieran sus cuentas deterioradas”.

Ha negado que controlar el gasto fuese un objetivo del Gobierno, que estaba centrado en “resolver la situación de la pandemia, en dar recursos a las comunidades, que la Seguridad Social también contara con recursos para poder bonificar las cotizaciones y todo lo que implican los ERTE”.

Y ha destacado que en el segundo trimestre se registró una “caída histórica, pero en el tercero se está viendo cómo la recuperación poco a poco se ha ido asentando y hoy no tiene nada que ver el escenario” de abril.

Durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), van a ponerse en contacto con todos los partidos para mostrarles “la propuesta de presupuesto, escuchar cuáles son las aportaciones, las sugerencias y ver cuál es el ámbito de acuerdo que pueda haber”.

Ha defendido que, en unas cuentas públicas con 27.000 millones más y 31.000 millones de transferencias a la Seguridad Social y las comunidades autónomas, “el Gobierno no está tan pendiente como los gobiernos anteriores de a quién le pone el déficit, en términos de quién paga la factura, sino de lo que hay que hacer”, con aumentos en las partidas de educación, sanidad y atención a la tercera edad.

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