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El Gobierno anuncia una reforma del Código Penal que modificaría los delitos de rebelión y sedición en la línea que planteaba el Síndic de Greuges

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análisis

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Hace seis días el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, planteaba una reforma del Código Penal como medida para solucionar el conflicto con Cataluña.

Hasta ahora se planteaban dos únicas opciones: la del indulto y la de la amnistía. Sin embargo, hace unos días desde la oficina del Sindic de Greuges de Cataluña se entregaba un informe al Parlament de Cataluña. En este texto se planteaba una tercera opción: la modificación del Código Penal. «Revisada con carácter retroactivo pondría fin al encarcelamiento de los nueve condenados por el 1 de octubre, algo imprescindible para el éxito de una salida negociada al conflicto político actual», afirmaba.

En el informe que valora la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el procés, se destaca lo siguiente:

  • Es necesario activar los mecanismos políticos y jurídicos para derogar, o revisar en profundidad, la regulación vigente del  delito de sedición en el Código penal, que tiene históricamente fuertes connotaciones autoritarias y que, como se ha visto en la sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo, se puede interpretar de una manera extensiva que vulnera los derechos fundamentales a la libertad de reunión y de manifestación, en conexión a la libertad de expresión.
  • Es preciso poner en marcha los instrumentos jurídicos permitidos en el marco constitucional para conseguir la puesta en libertad de las personas condenadas en la sentencia 459/2019, con independencia de la necesaria reforma del Código Penal.
  • Es imprescindible iniciar un diálogo constructivo para conseguir una solución política al conflicto entre Cataluña y el Estado; un diálogo valiente e imaginativo que debe incluir una consulta al pueblo de Cataluña acerca de su futuro político.

Anuncio de la reforma del Código Penal tras el Consejo de Ministros celebrado ayer

Tras la segunda reunión ordinaria del Consejo de Ministros recién estrenado, se anunció que el ejecutivo promoverá una reforma «amplia» del Código Penal, donde se estudiará el delito de rebelión, el de sedición y también se analizarán cuestiones como el consentimiento de las relaciones sexuales y los delitos medioambientales.

Pedro Sánchez ha encargado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que elabore una propuesta de reforma amplia del Código Penal que aborde, además, otros delitos más allá de los que atañen al conflicto territorial en estos momentos. El PSOE está planteando estas cuestiones en solitario, ya que no forman parte de sus negociaciones con Unidas Podemos, ni tampoco con ERC.

Se trataría de suavizar el delito de sedición, pero al mismo tiempo endurecer el delito de rebelión y redactarlo de una manera mucho más explícita que no dé lugar a dudas. Además, podría estar valorándose también la introducción de nuevo del delito por organización de un referendum ilegal, que fue precisamente uno de los delitos que Zapatero sacó del Código Penal durante su mandato.

Los efectos inmediatos que tendría la reforma del delito de sedición, si se quiere armonizar con otras legislaciones europeas, conllevaría la puesta en libertad de los encarcelados por el referendum del 1 de octubre. Una salida que evita la amnistía y el indulto.

Reacciones de la oposición: «indulto oculto» 

Desde Ciudadanos y el Partido Popular la reacción ha sido inmediata: valoran esta opción como un «indulto oculto» que se está realizando «por la puerta de atrás».

Un sector del Tribunal Supremo ve la modificación «necesaria»

Con esta salida, de alguna manera el ejecutivo no estaría confrontando directamente con Marchena y sus colegas. Y así evitarían desdecir las decisiones que ha tomado el Tribunal, cubriéndoles de alguna manera ante lo que pudiera venir desde Europa. Se prevé, efectivamente, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como el Tribunal General de la UE tenga noticias que a España pueden resultarle difícilmente digeribles. Es precisamente por estas cuestiones, que desde el nuevo ejecutivo toman la decisión de armonizar la legislación española en línea con las democracias modernas de nuestro entorno.

En el Tribunal Supremo reciben la noticia con satisfacción desde un sector más progresista. De esta manera valoran que la modificación permitirá aplicar la ley sin necesidad de hacer encajes «casi imposibles».

El Govern está dispuesto a negociar una reforma del delito de sedición para rebajar las condenas de los presos políticos 

Así lo anunciaba ayer Eldiario.es donde se informaba de que «el Govern de la Generalitat ya no rechaza entrar en una negociación sobre la reforma del delito de sedición, que podría servir para rebajar las penas de los líderes independentistas condenados y en prisión». La consejera de Presidencia, Meritxell Budó apuntó que este asunto se abordará en los próximos días y de manera especial en el encuentro que mantendrán la primera semana de febrero el President de la Generalitat y el Presidente del Gobierno.

En Común  Podem defiende esta postura en su programa electoral 

Precisamente bajo el argumento de que era una opción legal y posible para sacar a los presos políticos de prisión, En Común Podem, la formación que representa a Unidas Podemos en Cataluña, llevaba la propuesta en su programa electoral.

 

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