Foto: Agustín Millán.

El Gobierno ha prorrogado un año más la reposición de la cláusula de salvaguarda para las pensiones como pedían los sindicatos UGT y CCOO.

Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera ha valorado positivamente “el anuncio del ministro Escrivá de prorrogarla con efectos retroactivos, aunque considera que es necesaria una solución definitiva”.

Que es la Cláusula de salvaguarda

La reforma de pensiones pactada por sindicatos y empresarios en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluía una garantía jurídica, conocida como “cláusula de salvaguarda”, que garantizaba el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo. De esta forma se garantizaba, para quien lo precisara, no en todos los casos, que ninguna persona viera disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido.

De origen, la cláusula de salvaguarda no tenía ninguna caducidad, pero Mariano Rajoy puso caducidad a esta posibilidad: enero de 2019.

Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, “todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación”, ha señalado Mari Carmen Barrera.

Prórroga primer Gobierno Sánchez

El 28 de diciembre 2018 mediante un RD-ley el Gobierno de Pedro Sánchez amplió una prórroga de un año como una medida temporal hasta finalizar un estudio. Un año después, no hay resultados de ese estudio y no se ha modificado la prórroga indicada.

Definitivamente, en el RD-ley 18/2019 de 27 de diciembre se volvió a prorrogar la cláusula de salvaguardia hasta el 31/12/2020.

Jubilación Anticipada Parcial por la Ley Vieja.

De acuerdo con un RD-ley de 7 de diciembre de 2018 se permite hasta 2022 inclusive, la aplicación de la Ley Vieja en esta modalidad de jubilación, pero solo en un sector muy concreto: “empresas clasificadas como industria manufacturera” y solo a los trabajadores que “realice(n) directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención”. 

Los porcentajes de parcialidad no tienen nada que ver ni con los de la Ley Vieja ni con los de la Ley Nueva: 25 % como mínimo y un máximo del 67 %, y del 80 % para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.

Quedan miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013,

Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera que ha asolado nuestro país en la última década, que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación.

Seguridad jurídica

Para CCOO y UGT resulta imprescindible que dicha norma se apruebe en los primeros días de enero, reduciendo al mínimo el periodo de inseguridad jurídica que, sin duda, se abre entre el 1º de enero y la fecha de aprobación y publicación en el BOE del Real decreto Ley que hoy se anuncia. Esa seguridad jurídica debe estar plenamente garantizada lo antes posible para todas las personas que precisan de esta figura para poder acceder a la jubilación sin ver minorados sus derechos de protección social.

Asimismo, la prórroga debe garantizar tanto la aplicación de la cláusula para las decenas de miles de personas afectadas por esta garantía, como el derecho de opción por la nueva legislación aprobada en la reforma de pensiones de 2011, cuando esta, como ocurre también en muchos casos, es más beneficiosa.

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