La implantación del veto parental en el sistema educativo andaluz para que el consentimiento expreso de los padres sea obligatorio en actividades escolares con contenido moral o sexual no estaba recogida ni en el acuerdo de gobierno del Partido Popular con Vox ni en el firmado el pasado junio a tres bandas entre PP, Ciudadanos y la formación ultraderechista. Pero sí se incluyó en el pacto de Presupuestos de octubre pasado en su apartado 19, aunque lo niegue el líder de Ciudadanos, Juan Marín, en un intento de jugar a dos bandas con una causa originada por movimientos ultracatólicos que han abrazadoo al unísono tanto Vox como PP en un intento de pugnar por su autoría en exclusiva. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (Partido Popular) ha confirmado este martes tras el Consejo de Gobierno que no le consta ninguna denuncia de padres contra determinadas actividades escolares de sus hijos que atenten contra su moral.
El consejero de Educación, de Ciudadanos, se reúne con el portavoz de Vox para coordinar una línea de actuación
Pese a todo, el ejecutivo andaluz mantiene su hoja de ruta para implantar “medidas para avanzar en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos conforme a sus valores”, según el acuerdo al que llegaron este lunes en Sevilla el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández.
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha lanzado al ejecutivo de Juanma Moreno estos días una amenaza con “repercusiones” si no se implanta lo que ellos denominan “pin parental”. El consejero de Educación asegura que se trata de “un absurdo” debido a un “debate interesado” de “algunas fuerzas políticas”, en clara alusión a Vox y sobre todo al PSOE, como ha rubricado el vicepresidente andaluz y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, quien ha mostrado la cara más tajante de su partido en esta polémica al afirmar que “no se va a dar ningún paso atrás en ningún derecho”. También Bendodo ha remarcado que esta polémica es una “cortina de humo” del Gobierno de Pedro Sánchez pese a que su líder nacional, Pablo Casado, la asume como iniciativa propia sin estar recogida en su programa electoral.
Pese a todo, el titular andaluz de Educación ha recordado que el ejecutivo de Moreno Bonilla sí aceptó con los ultraderechistas “estudiar” qué sumar al sistema educativo, como “alguna autorización previa de los padres en alguna actividad extracurricular”, puesto que “las curriculares son ley” y no va a contradecirla. “¿Podríamos sumar esa autorización previa? Estábamos analizándolo, la verdad, pero con absoluta calma, no en esta vorágine que tanto ha generado Vox por un lado como el Gobierno por otro”, concluye el consejero, que este lunes por la tarde se reunió personalmente con el portavoz de Vox en Andalucía para acercar posturas en este espinoso asunto, que ha vuelto a evidenciar la capacidad de la ultraderecha de abrir debates que se tumban a las primeras de cambio con los datos en la mano, ya sea en el asunto de la violencia machista o en el de las prácticamente inexistentes quejas de los padres andaluces sobre las actividades escolares que pueden atentar contra la moral o educación sexual de sus hijos.
En un medido comunicado de la Consejería de Educación, su titular se compromete ante el portavoz del partido ultraderechista a implementar “medidas para avanzar en la libertad de las familias para elegir la situación de sus hijos conforme a sus valores siempre dentro del marco normativo y del respeto a la autonomía de los centros educativos”. Para ello, la Consejería de Educación aboga por “propuestas que mejoren la comunicación y accesibilidad del plan de actividades complementarias, con el objetivo de mejorar la transparencia y reforzar la supervisión y el control de las mismas”.
Estas actividades complementarias son estudiadas y diseñadas al comienzo de cada curso tanto por el Claustro de Profesores como por el Consejo Escolar de cada centro educativo, entidad en la que están representados los progenitores. Imbroda recuerda que en la actualidad ya existen “instrumentos” para garantizar la libertad de los padres, puesto que son las que deciden si sus hijos acuden o no a estas actividades por cuestiones morales o religiosas, como así lo establece la propia Constitución.
“Lo que hace falta en estos momentos es serenidad. Se está disparatando un debate interesado por alguna que otra fuerza política, o algunas fuerzas políticas, que lo que hacen es polarizar un debate que no debería ser tal porque el marco normativo actual ya recoge esa opción”, dijo este lunes Imbroda.
