Si, al final, prospera la estrategia diseñada por el vocal progresista del CGPJ, Álvaro Cuesta, y sus compañeros dimiten en bloque, no pasará nada. El Consejo General del Poder Judicial seguiría teniendo a los diez representantes del sector conservador que, unidos a su presidente “suplente”, Rafael Mozo, seguirían funcionando de la forma precaria y vergonzosa que vienen haciéndolo mil días después de haber concluido su mandato. Todo dependerá de lo que haga, al final, Mozo. Pero aún así, la ley no contempla la falta de quorum en el órgano de gobierno de los jueces. Se generará un limbo de imprevisibles consecuencias.
La derecha mediática dispara contra Rafael Mozo, al que señalan como uno de los inspiradores del movimiento para la dimisión en bloque de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial. Dicen que le ha sentado muy mal las filtraciones de que estaba cobrando el sueldo de presidente cuando, en realidad, sólo puede percibir sus emolumentos como vocal ya que está designado de forma provisional.
No es así. A Mozo le da igual sus emolumentos. Lo que realmente le condiciona es su jubilación. Se retirará en julio y, entonces ahí sí, volverá a quedar vacante la presidencia del CGPJ y la vocalía que ocupa. En ese momento quedarán sólo los diez vocales conservadores si los progresistas deciden dimitir en bloque. Y eso es lo que Mozo está pensando. No unirse a la postura de sus compañeros porque, en realidad, no hace falta. Son tres meses lo que le restan para irse, y no quedaría señalado.
Porque, y esa es otra, la derecha mediática se ha encargado de señalar la maniobra de los vocales progresistas como una operación diseñada por Moncloa. La derecha mediática vuelve a sus viejos delirios. Si Pedro Sánchez, al que ya sólo le falta que le vinculen con el toro que mató a Manolete, es el inspirador de esta maniobra, se ha equivocado en los tiempos. Lo pudo hacer cuando la crisis generada por la renovación del Tribunal Constitucional se encontraba en su punto álgido. Además, en el gobierno se mantiene la idea de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir la mayoría cualificada necesaria a la hora de elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Aún así, y en la hipótesis de que la estrategia de Álvaro Cuesta prospere y dimitan todos los vocales del sector progresista del CGPJ, incluido el presidente, nadie puede garantizar el futuro del organismo simplemente porque la ley no contempla tal eventualidad. El Consejo, ahora mismo, apenas tiene atribuciones. El decreto que marzo de 2021 limita sus funciones. No puede designar a jueces y magistrados de las instancias superiores: audiencias territoriales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Sólo le queda el recurso de emitir informes. Incluso esta ultima competencia se ha neutralizado en realidad desde que PSOE e Izquierda Unida han decidido presentar las proposiciones de ley a través de iniciativas parlamentarias y no por acuerdo del Consejo de Ministros. Se ahorran, de esta manera, los dictámenes de los organismos consultivos, Consejo de Estado, CGPJ y demás.
A este mini Consejo General del Poder Judicial lo único que le quedaría es utilizar su rango, como lo están haciendo ahora los vocales conservadores, cuando una ley no les gusta, como ocurrió con la del sólo sí es sí. Porque, además, la consigna de Génova sigue siendo la misma. Aguantar hasta la nueva legislatura, para la que todavía resta casi un año, y, mientras tanto, utilizar el llamado “tercer poder del Estado” para desgastar al gobierno progresista.
En síntesis, que de poco va a servir el gesto de los vocales progresistas si es que se lleva a cabo. El calculado empecinamiento del PP y la falta de decisiones de los socialistas y Unidas Podemos para acabar con este estado de cosas hacen muy difícil por no decir que prácticamente imposible, una solución a un problema que, de todas maneras, su resolución ya no es ni urgente ni necesaria.
