Francisco Javier Guerrero, el ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía condenado a la mayor pena impuesta por la sentencia de la pieza política del caso ERE, se enfrenta ahora a otros siete años de prisión por los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. El juez instructor del caso, en el que se investigan las denominadas pólizas individuales en una pieza separada de la macrocausa de los ERE, ha impuesto una fianza de 1,1 millones al ex alto cargo andaluz que denominó ‘fondo de reptiles’ a la partida sin control administrativo legal que sirvió para gestionar las ayudas a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009.
El juez instructor impone una fianza de 1,1 millones a Guerrero por la pieza separada de los ERE centrada en pólizas individuales
Guerrero fue el primer imputado por la jueza Mercedes Alaya en la macrocausa de los ERE irregulares que pisó la cárcel, en marzo de 2012. También ha sido el que ha recibido hace unos días el fallo judicial más contundente de los 19 condenados en la pieza política del caso ERE, entre los que se encuentran dos ex presidentes andaluces y seis ex consejeros. El ex director de Trabajo de la Junta ha sido condenado a siete años y 11 meses de prisión y 19 años y seis meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación.
Esta apertura de un nuevo juicio oral contra Francisco Javier Guerrero y otros cinco acusados en esta pieza separada de los ERE se conoce sólo dos días antes de que este jueves se celebre una vista, a petición de la Fiscalía, en la Audiencia de Sevilla para decidir si se decide el inmediato ingreso en prisión de cuatro de los 19 condenados en la pieza política de los ERE.
La vista decidirá este jueves 28 si el ex consejero Antonio Fernández y Javier Guerrero, condenados a siete años y once meses de cárcel; y José Antonio Viera y Juan Márquez, condenados a siete años y un día, ingresan en prisión antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que todos ellos presentarán contra la sentencia.
Respecto a la apertura del nuevo juicio oral contra Guerrero, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral también contra otros cinco acusados en una pieza separada del caso ERE donde se investigan las denominadas pólizas individuales.
En un auto del pasado 5 de noviembre, el instructor abre juicio oral y tiene por formulada la acusación contra Guerrero, dos personas relacionadas con Vitalia y Vitalia Vida, dos de los beneficiarios de las pólizas y la hija de uno de ellos, requiriendo a todos ellos el pago en el plazo de un día de fianzas que oscilan entre los 1,1 millones euros que reclama al ex alto cargo de la Junta y los 150.000 euros de esta última investigada, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles.
El magistrado, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, requiere además a las entidades Vitalia y Holding Europeo Tindex para que abonen la cantidad de 1,2 millones de euros en calidad de responsables civiles subsidiarios y advierte a todos ellos de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas.
El juez ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación.
En este sentido, el Ministerio Público ha solicitado para Francisco Javier Guerrero 7 años de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que, por esos mismos delitos, ha pedido para los representantes de Vitalia y Vitalia Vida 6 años y 10 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta, respectivamente.
Asimismo, el Ministerio Fiscal ha reclamado para dos de los beneficiarios de las pólizas una pena de 4 años y 5 meses de prisión y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para la última investigada ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión y 5 años y 11 meses de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, pide que los seis investigados abonen de forma conjunta y solidaria distintas cantidades que, en total, suman 932.271,57 euros. La Fiscalía aplica en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de unos de los beneficiarios de las pólizas la atenuante de reparación del daño.
Por su parte, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía acusa a los seis investigados y, en el caso de Francisco Javier Guerrero, le reclama nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación; cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación; y, por un delito de tráfico de influencias, seis meses de cárcel, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1,3 millones de euros. También pide que Guerrero y el resto de acusados indemnicen a la Junta de forma conjunta y solidaria con distintas cantidades que alcanzan en total los 877.227,89 euros.
Por su parte, la acusación del PP-A también dirige su escrito contra los seis investigados y pide para el ex alto cargo de la Junta 7 años de cárcel y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, concurriendo en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en uno de los acusados, beneficiario de las pólizas, la atenuante de reparación del daño.
En un auto dictado el pasado día 17 de septiembre, el instructor acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias relativas a esta pieza separada del caso, cuyo objeto “lo constituye lo que se han venido a denominar las “pólizas individuales”, en referencia a pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas, sin causa justificada, a iniciativa” del ex director general de Trabajo, y todo ello “en beneficio -vía certificados individuales- de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso (amigos y vecinos), bien por propia iniciativa” de Guerrero o “bien por pedírselo la persona interesada”.
