El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía una acción coordinada con la Delegación del Gobierno para acabar con los cortes de luz en la zona norte de Granada.
La Institución reclama a la Junta que elabore un diagnóstico común de la situación, que detalle los problemas que impiden que el suministro eléctrico se preste con normalidad en esta zona y que establezca un plan operativo de actuación coordinado con la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Desde hace años, la oficina del Defensor recibe quejas denunciando los problemas de suministro eléctrico de esta zona. La Consejería andaluza asegura que la causa de estas incidencias es el elevado número de enganches ilegales que se producen en la zona, presuntamente dedicados a abastecer de energía eléctrica plantaciones de marihuana.
Fernández Marugán considera que las interrupciones de suministro eléctrico en la zona no pueden continuar y aboga por una acción “contundente y coordinada” para resolver el problema. En su opinión, “los actos defraudatorios o incluso delictivos de algunas personas no pueden constituir pretexto para privar de suministro eléctrico a otras”.
En este sentido, el Defensor ha recordado que la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud, el derecho a la educación y a la información y, en definitiva, “para una vida digna”. Así, apunta que hay personas para las que la privación de energía eléctrica puede suponer un peligro para su vida.
La Institución ha recibido testimonios muy preocupantes de afectados por este problema: quejas de personas con discapacidad que dependen de aparatos que precisan corriente eléctrica, personas que deben desplazarse diariamente en ambulancia a centros sanitarios que durante los cortes de luz tienen difícil el acceso al domicilio de estas personas y otros testimonios que vienen a constatar la gravedad de la situación.
Además, durante el estado de alarma, se produjeron cortes que afectaron al derecho a la educación, para el que el suministro eléctrico fue más necesario que nunca al haberse suspendido la actividad educativa sustituyéndola por enseñanza a distancia. También se vio afectado el derecho a recibir y comunicar información, que en este periodo era fundamental, al tener las personas restringida su libertad de circulación.
El Defensor ha recomendado una actuación coordinada de la Consejería andaluza con la Delegación del Gobierno ya que a su juicio es la única vía para abordar eficazmente el problema.
