«El Decreto del Gobierno sirve para que las administraciones ejecuten sus planes de exterminio del colectivo de interinos»

Fruitós Richarte i Travesset, Manresa (Barcelona, 1968), es licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona, abogado del Colegio de Manresa, magistrado suplente y juez sustituto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 2009 a 2016, además de profesor asociado a la Universitat Rovira y Virgili, profesor del Máster de la Abogacía de la Universitat Autònoma de Barcelona y compliance manager en su empresa de servicios jurídicos JUDILEX.

Actualmente, el exmagistrado se ha convertido en una de las puntas de lanza de la lucha del colectivo de los trabajadores interinos para lograr la fijeza. Sus estrategias jurídicas se están convirtiendo en una referencia para todos aquellos que están luchando para que los poderes del Estado comprendan que están obligados a cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado que la situación de abuso continuado de los trabajadores interinos en España es contraria a la normativa de la UE y, en consecuencia, debería ya estar aplicándose en España.

Los interinos ¿son uno de los mayores problemas que tiene que afrontar España?

Sin duda alguna, el abuso a los trabajadores temporales por parte de las administraciones públicas, todas, en España es uno de los más graves problemas que debe afrontar el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.

La no transposición de una directiva al sector público desde hace más de 20 años no sólo es desidia, sino un verdadero plan para aprovecharse del trabajo precario, callado y silencioso de más de la mitad de las funcionarias y laborales en España.

Afrontar un problema que han escondido bajo la alfombra durante tantos y tantos años todo tipo de administraciones, es ahora muy traumático especialmente para las personas en abuso, trabajadoras que han dejado lo mejor de sí a la Administración, calladas y cumplidoras y ahora ven como no sólo han sido abusadas, sino que ahora son expulsadas del sistema, un auténtico drama social que avergüenza a cualquiera.

A pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto el gobierno como las diferentes administraciones públicas hacen oídos sordos a la implantación de la fijeza, ¿no es un escándalo que desde los poderes democráticos se coloquen en contra de los derechos reconocidos de millones de personas?

Es realmente una vergüenza colectiva, es increíble lo que fundamentan muchas sentencias de los tribunales de justicia al respecto de la esperadísima sentencia del TJUE sobre los interinos, haciendo no caso omiso de la misma, es decir sin ni siquiera citarla, sino que en algunos casos, claramente exponen algunos jueces, que no es aplicable, haciendo un claro “Polonia” al TJUE y a toda la Unión Europea. El nivel de ignorancia del Derecho Europeo en nuestra judicatura es aberrante, como lo es de la norma interpretativa del art. 4 bis LOPJ, en que con transparente claridad decreta que “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.” Siendo evidente y palmario que la judicatura aplica en el caso de los trabajadores temporales en abuso de las administraciones públicas, derecho europeo y su jurisprudencia que ya en 2006 establecía que la directiva 1999/70 CE, era de aplicación al sector público y que la norma era contraria a cualquier precepto que impidiera su aplicación, fuese éste incluso precepto constitucional, y que en caso de no existir norma aplicable, debía usarse la norma del ordenamiento jurídico nacional que sancionase el abuso a otro sector o colectivo, de ahí que el enfoque jurídico no podía ser otro que la aplicación del art. 15 ET al sector público, laboral o funcionarial.

Usted fue interino durante muchos años, por lo que su lucha y su defensa de los intereses de este colectivo tiene absoluta legitimidad. ¿Cómo es vivir esa experiencia?

Pues si fui magistrado suplente y juez sustituto desde 2009 a 2016, y yo era de los que menos tiempo llevaba cuando en 2013 empezamos con una lucha, de la que la judicatura en abuso, fue la pionera.

La experiencia de la defensa de los derechos de los abusados es dura, yo no la viví como abogado, que para mí aún es peor, la viví como afectado e ideólogo de las vías de reclamación, no sólo usamos la procesal, también la política con la creación de asociaciones, que nos relacionamos con partidos, sindicatos, asociaciones de todo tipo. Llegamos a Europa y planteamos hasta cinco preguntas parlamentarias a la Comisión, efectuamos denuncias a la comisión, que justamente son las que aún está investigando la comisión, por vergüenza suya, planteamos denuncias quejas ante el Parlamento Europeo. Pero nosotros éramos pocos y pocas, sin recursos, sin soporte de nadie. En 2013 y 2014 nadie creía en la reclamación de los derechos de los interinos, suplentes, sustitutos y la amalgama de abusados por las administraciones públicas. Estábamos muy solos y nos fuimos desgastando, y los más expuestos recibimos sutilmente el “jarabe de palo”, así que me retiré aparentemente de la lucha, para pasar a un segundo plano, con la esperanza de que con las cuestiones prejudiciales planteadas desde los juzgados contenciosos de Madrid, esto llegara a su punto y final. De hecho, también esa sentencia hacía renacer nuestras acciones por la infracción del Tribunal Supremo del derecho europeo en nuestro caso. Ante el incumplimiento de la sentencia de 19 de marzo de 2020, ya no me podía esconder más, y hacer mis artículos de opinión y jurídicos, analizando sentencias y más sentencias, por eso entré otra vez al ruedo, con nuevos planteamientos jurídicos, junto con Beatriz González, abogada del colectivo de jueces desde 2013.

Pero me estoy desviando de la pregunta, ¿Cómo ha sido la experiencia?, ¿Cómo la vivo? Con mucha rabia, intento y creo que soy optimista y lo intento transmitir, pero cada vez que leo una sentencia o una resolución de una administración, despreciando al personal en abuso, cada vez que me llaman o escriben diciendo que han desestimado la demanda, o que están convocando las OPES o los tribunales, me hierve la sangre, ¿Cómo se puede ser tan sociópata? ¿Cómo alguien que tiene tantas responsabilidades con las vidas de las personas, no sólo desde el ámbito laboral, puede jactarse de exterminar al colectivo de trabajadores en abuso, y de esos y esas hay muchos?

Así lo viví y aún lo vivo.

Cuando usted, que fue juez, ve y comprueba cómo la Justicia española se rebela contra la europea, ¿qué siente?

Bueno me parece que este es un defecto de fábrica de la justicia en España.

Cuando llegas a según qué nivel de “poder”, en las esferas de dominio, te endiosas, te crees infalible, superior, que nadie te puede no sólo mandar, sino insinuar lo que debes o no hacer o dictar. Sí, eso lo vi yo en una Audiencia Provincial, aunque fuera la de Barcelona, imagínese usted en las Salesas, ni te cuento.

En España no ha calado, yo diría que ni llegado a las universidades, que nuestro ordenamiento jurídico ya no es una isla, estamos en un Estado que forma parte de un ente superior, un ente que no sólo nos aporta fondos, una moneda única, un espacio de libre circulación, sino que va penetrando lenta pero inexorablemente, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, también y como no en nuestra justicia. Pero hace tantos siglos que esto es un cortijo, que no entienden que nuestro cortijo es la casa de los invitados de un palacio en Bruselas, que los tratados de la Unión nos obligan al cumplimiento del derecho europeo, debiendo cumplir los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo, eso no ha llegado a nuestra judicatura, seguimos en nuestro redil y aislados, sólo con puntuales excepciones que han entendido completamente el concepto,  que el Derecho europeo tiene un valor superior a los derechos nacionales, el principio de primacía es válido para todos los actos europeos de aplicación obligatoria, por ello los Estados miembros no pueden aplicar una norma nacional contraria al Derecho europeo, y el principio de primacía garantiza la superioridad del Derecho europeo sobre los Derechos nacionales.

Lo que en realidad siento es vergüenza, mucha vergüenza.

Usted ha liderado importantes movimientos jurídicos respecto a los interinos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué calado pueden tener para todo el colectivo?

Vamos a ver, nuestras limitaciones en cuanto a recursos son muchas, desde que renací en la actividad de movimientos jurídicos como dice usted, le rogué a Beatriz González que se seleccionase bien los colectivos.

Nuestra estrategia, a diferencia de otras tan válidas como la nuestra, pasa por pocos, conocidos y bien avenidos. El planteamiento que hicimos es técnicamente muy elaborado, expreso para el colectivo y especialmente para aquellos que ya ha tratado Beatriz González, que los conoce desde la reclamación previa administrativa. De ahí que podamos acceder a la Comisión Europea y posteriormente a los Tribunales europeos en reclamación de la aplicación de los principios de primacía y muy especialmente de la vulneración de las sentencias europeas en España.

Todo ello,  muy técnico y largo de explicar, viene complementado por una serie de acciones legales, que deben servir y están sirviendo para acreditar los incumplimientos, continuos, reiterados y dolosos del Derecho Europeo y de las sentencias del TJUE por parte de todos los poderes del estado, porque no sólo los jueces no cumplen el Derecho Europeo, aquí en este Estado no cumple ni “el Tato”, y la verdad es que nos va muy bien la pre-constitución de pruebas, las administraciones entre ellas Zaragoza, lo hacen muy pero que muy bien, de hecho ya han sido denunciados a la Fiscalía, cuya actuación aún estamos pendientes de conocer, fase previa a poner en conocimiento de las autoridades europeas, en este caso ante la fiscalía europea ante lo que entendemos y fundamentamos de comisión delictual de prevaricación, malversación  y  grupo organizado, y todo ello con prontitud demandado directamente ante la justicia europea, lo dijimos y lo advertimos, esto acabará ante togas de Luxemburgo, siendo su prepotencia su propia vulnerabilidad.

Con estos colectivos preseleccionados, entre ellos los de zaragoza que están haciendo de punta de lanza, son las armas jurídicas para conseguir la justicia que no se nos otorga en España, el planteamiento y nuestro mapa de hitos a cumplir, de hecho nos lo están poniendo muy fácil las administraciones pues acreditan en sus contestaciones que en el Estado nadie cumple con el Derecho europeo y las sentencias del TJUE. Es tan flagrante que se vanaglorian de que ganan los juicios y con costas y que no se aplica ni la Directiva y lo más grave las sentencias del TJUE, una auténtica guinda a  nuestro planteamiento jurídico.

A todos esos planteamientos debemos sumar al luchador incansable y algo hiperactivo de Josep Jover que, junto con su equipo, ahora reforzado ha activado desde hace semanas una amalgama de acciones de presión a nivel europeo. Esta es la pata que nos faltaba, que se intentó en su momento pero que por motivos que desconozco nunca se activó debidamente. En esta ocasión no vamos ni debemos pararnos para que toda Europa nos escuche, no sólo la Comisión o el Parlamento, Europa es mucho, mucho más y en ello estamos.

¿Cuál es su opinión jurídica del Real Decreto del Gobierno?

¡Menuda pregunta! Jurídicamente es un desastre, de muy bajo nivel por parte de los elaboradores del mismo, que deja muchas lagunas, grupos y colectivos sin regular.

Le diré que políticamente les sirve a todas las administraciones públicas para tirar para adelante sus planes de exterminio del colectivo, para convocar y convocar o seguir con sus planes de OPES. En eso sí que están todas las administraciones de acuerdo. Una vergüenza, eso es lo que es el Real Decreto, desde su redactado falaz y traidor, hasta su votación de vergüenza para todos y su aplicación en exterminio del colectivo.

Ya sé que muchos están realizando gestiones con partidos políticos. Yo lo he abandonado. Debo dedicar mis recursos al verdadero derecho y acciones a nivel europeo. En este reino no hay nada que hacer, la solución y la justicia nos vendrá de fuera, es perder el tiempo y yo ya no tengo tiempo.

Desde su experiencia, ¿qué valoración hace de la situación de la Justicia en España?

No sé ni por dónde empezar. La Justicia o sistema judicial en España es eso, un sistema. La justicia en sí es un valor del que la mayoría de quienes dominan al sistema carece. Sus valores son otros, el dominio, el absolutismo, el odio.

Los actuales poderes del Estado deben pasar a ser funciones del Estado, es decir, deben bajar desde ese tabernáculo de absolutismo, “de poder”, a ser una función, a ejercer, a ser un servicio, a servir al pueblo del que forman parte.

La Justicia como tal función debe ser en primer lugar un servicio público de primer nivel, dirigido independientemente de las otras funciones del Estado, sin dependencia, y la primera la económica. No puede ser que cuando el ejecutivo con cientos y cientos de imputados quiera y desee, se cargue al 20% de los jueces como hicieron en 2012. Luego otro concepto, la justicia no son los jueces, la judicatura, es el pueblo, ¿o es que no creemos en la Constitución? Por tanto, el Consejo General del Poder Judicial debe ser el órgano interno de los jueces, pero no el órgano de poder de la función judicial. Eso corresponde a los ciudadanos, los jueces son funcionarios, su cargo viene de un examen, no son elegidos, ni escogidos por nadie. Además, su cargo es vitalicio, no puede dejarse en manos de unos poquísimos una función básica y esencial en un estado de derecho, debe entrar la democracia, el pueblo, y eso sólo se hace, primero haciendo desaparecer el Ministerio de Justicia, y que exista un órgano máximo de la justicia independiente, formado por todos los operadores jurídicos, todos, abogacía, procuraduría, funcionarios, fiscalía, letradas de la administración, judicatura, etc. De esa forma entraran las diversas y múltiples formas de ser e intereses de unos y otros y tendríamos una justicia independiente, libre y democrática.

No hay Justicia en España y lo vemos a diario. Eso por desgracia ya lo sabemos todos.

Los acuerdos a los que está llegando el PSOE con el PP para la renovación de los órganos constitucionales, ¿qué impacto tienen en la Justicia?

Bueno parece que me he anticipado. La indebida configuración del CGPJ comporta que el órgano de gobierno de la judicatura, coincida con el máximo órgano de gobierno de la justicia, a nivel decisor, no económico, que es el Ministerio de justicia.

La pregunta ahora es ¿quién dirige la justicia?, ¿quién se reúne en una mesa o quien paga la mesa?

Bueno aquí habrá opiniones para todos los gustos, pero me encantan los que dicen aquello de que “Europa les ha dicho que el poder legislativo no puede determinar el poder judicial”, así pues quien debe determinar el poder judicial, ¿son unos funcionarios cuyo sistema de ingreso burocrático es muy criticado en Europa?.

Que no les confundan, desde Europa lo que les están diciendo es que los órganos de gobierno de los jueces, al igual que otros órganos, no deben ser politizados, deben ser independientes de los vaivenes políticos, de los intereses políticos, y de sus partidos. Pero Europa no les dice que la democracia no deba estar representada en el órgano de gobierno de la justicia que son cosas distintas. Por supuesto que la democracia debe estar representada en la justicia, porque es del pueblo, no de los jueces, que la administran, faltaría más.

Mientras tengamos el Frankenstein de CGPJ que tenemos, diseñado para tener una justicia con carencias democráticas, lo mínimo que se puede hacer es cumplir con el mandato democrático, cesar en los cargos y que se elijan los cargos conforme resulta de la Constitución y las leyes. Lo contrario es una ocupación de un poder judicial por vías de hecho y fuerza.

¿Tiene la sensación de que están cambiando cosas para no cambiar nada?

No hombre no, le veo a usted muy pesimista. La gente se mueve y mucho. La gente, el pueblo, se va quitando la venda de los ojos. Hoy mismo hay una huelga del sector público con un amplio seguimiento en toda España. Esto lo ha movido mucha gente de distintas opciones políticas, pero con un sentimiento común, el de la justicia, la justicia que no se les ha otorgado. Estas personas ya no creen en el sistema, ven claramente que “hemos sido engañados”. Por ende, deben actuar, deben significarse y reivindicar sus derechos, que no les va a llegar caído del cielo como un maná en el desierto.

El tema del abuso de los trabajadores temporales de las administraciones públicas es sin duda una lucha entre un establishment perpetuo y casi hereditario en España, que dominan las cloacas el sistema,  contra una clase social que  se ha labrado su futuro y el de sus familias y que ya no piensa callar ni otorgar nada a nadie. ¡Pues claro que cambian las cosas, sea optimista!

Recientemente el Tribunal Supremo echó en cara al TJUE que en los temas relacionados con la banca están dictando sentencias manipuladas. ¿Por qué la Justicia española no acata sin lucha las resoluciones de la UE que son prevalentes?

Es pura prepotencia. Es lo que han mamado durante años y algunos durante generaciones. Es aquello que en vulgar sería “a mí no me sopla la oreja nadie”.

El otro día me decía un viejo conocido que el ensimismamiento de la justicia en España es la culpable de nuestra involución e injusticia que vivimos. Debo darle la razón, el orgullo de casta, el “y tú qué sabrás de esto” se ha convertido en un despotismo, en una auténtica dictadura de los elegidos por un ilegítimo CGPJ que, agonizante y fuera de la legalidad, nos marca el camino que sólo pueden borrar desde Europa.