Uno de los aspectos más duros que se están viviendo en esta pandemia del COVID-19 es la muerte de cientos de personas mayores en las residencias en las que vivían. La situación de confinamiento que viven las familias españolas han provocado situaciones desesperantes en las que los familiares se han encontrado con falta de información sobre el estado de salud de sus madres, sus padres, sus abuelos o sus abuelas. A esto hay que añadir la imposibilidad de contacto o de que los hijos, las hijas, las nietas o los nietos pudieran tener una prueba visual de que su familiar se encontraba bien.
Sin embargo, ha habido casos en el que han fallecido decenas de personas mayores. Es una tragedia de dimensiones desconocidas. Nuestros mayores fueron el sostén del estado del bienestar en la anterior crisis. No dudaron en poner sus precarias pensiones al servicio de los familiares que fueron las víctimas de esa recesión provocada por las élites; no dudaron en asumir la responsabilidad de cuidar a los nietos y las nietas para que los hijos pudieran encadenar un contrato tras otro para poder sobrevivir. A pesar de todo esto, la sociedad les ha devuelto el desamparo y el abandono por la falta de recursos, otra consecuencia de esa crisis.
En la Comunidad de Madrid ya han muerto más de 50 personas mayores en las residencias de mayores. Los trabajadores, en algunos casos, se ven obligados, entre lágrimas, a abandonar sus puestos por miedo al contagio; los hospitales han llegado a rechazar pedidos de ambulancia y los mayores mueren en la soledad más absoluta porque los familiares no pueden entrar a visitarlos.
Una trabajadora denunció a El País que se han tenido que llevar sus propios guantes para protegerse del contagio y que tenían la sospecha de que ya había residentes enfermos por coronavirus y que la dirección de la empresa lo tenía oculto. En muchas de las residencias no hay médico ni kits de diagnóstico.
Esta situación debe ser investigada de oficio por la Fiscalía. Se deben abrir diligencias en todas las residencias, hayan tenido muertos o no, para poder discriminar las que cometieron negligencias y las que procedieron con diligencia, respeto y dignidad con sus residentes.
La Fiscalía debe determinar la precariedad de las trabajadoras y la de los residentes, además de investigar las cuentas de todas estas empresas, no vaya a ser que se encuentren beneficios a costa de las condiciones de trabajo, de la protección de las plantillas o de las personas mayores, hecho por el que los administradores de estas sociedades tendrían que ser llevados ante los tribunales.
Dejar el cuidado de nuestros mayores en manos de empresas privadas es entregar un negocio que prioriza los beneficios al bienestar de los residentes.
Las administraciones públicas competentes que licitan estos servicios de cuidado de las personas mayores también deben ser investigadas porque se puede haber dado una permisividad con las irregularidades por falta de inspecciones.
Al fin y al cabo, nuestros mayores son la sabiduría y el trabajo de nuestro país, son el sustento del bienestar y los que construyeron en el pasado nuestro presente y una parte del futuro. Son todos y todas pioneros y pioneras de la libertad y no merecen morir en soledad porque a alguien se le haya ocurrido priorizar una cuenta de explotación por encima de las vidas.
Nuestros mayores no sólo se merecen un homenaje, se merecen que las instituciones y las empresas les den la seguridad de que no están solos, de que la sociedad no les ha abandonado. Sólo así nuestra sociedad podrá presumir de ser digna y ética.
