Ilustración de Paco Santero.

Semejante aseveración, pronunciada con tal contundencia y rotundidad puede parecer audaz y hasta temeraria. Pero resulta que el Consell nace con la vocación de recoger el testigo del 1 de octubre catalán, así como de la Declaración de Independencia del 27 de octubre de 2017, que quedó truncada con la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española, y la subsiguiente represión del Estado, cruelmente personificada en las carnes de unos presos políticos y exiliados catalanes en pleno siglo XXI.

Es precisamente en el exilio donde el Consell per la República se gesta, nace y, de momento, crece —hasta la fecha, la cifra de ciudadanos inscritos se acerca a 73 mil—. Pero la primera pregunta que, seguramente, alguien profano en la materia pudiera formularse reside en qué motivos pueden llevar a crear una entidad con sede en Bélgica, sin fondos públicos y con tantas esperanzas depositadas en ella. Probablemente, la respuesta sea tan compleja como lo es la situación política entre Catalunya y el Estado español. Sin embargo, intentemos analizarlo brevemente.

El 30 de enero de 2018, Carles Puigdemont no pudo resultar investido por el Parlament catalán, pese a ser el único candidato con los votos suficientes para ello. En efecto, la intervención del juez Llarena, de un Tribunal Consitucional que impuso unas medidas cautelares que nadie le pidió, o de un Gobierno que desoyó el dictamen del Consejo de Estado, impidieron que Puigdemont pudiera revalidar su cargo, en clara vulneración de su derecho político al sufragio pasivo. Posteriormente, tampoco corrieron mejor suerte ni Jordi Sànchez —sobre quien, incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, impuso como medida cautelar a España que se le permitiese ejercer sus derechos políticos—, ni Jordi Turull —puesto en prisión entre sus dos debates de investidura.

Por consiguiente, en este entorno de fuerte represión a las instituciones legítimas catalanas, las fuerzas políticas independentistas llegaron a un acuerdo. Por un lado, se investiría a un candidato que el Estado español, arbitrariamente, considerase elegible y, por el otro, se crearía el Consell per la República, para avanzar en la construcción del Estado catalán. En otras palabras, el Parlament i el Govern se limitarían a defender y a gestionar las instituciones autonómicas en los límites estrechos que impone la represión, mientras que el Consell per la República se dedicaría a avanzar y a construir.

Lamentablemente, la inesperada estancia en prisión de Carles Puigdemont y la subsiguiente situación de libertad condicional en Alemania demoraron la puesta en marcha del Consell que, inicialmente estaba prevista para la misma semana en que se configurava el Govern en el interior de Quim Torra —es decir, mayo de 2018—. Así se hubiera visualizado con más claridad el carácter de complementariedad que ambos organismos pretenden ostentar. Sin embargo, la prolongada estancia de Puigdemont en tierras teutonas propició que la presentación oficial del Consell per la República no tuviese lugar hasta finales de octubre de 2018.

En seguida, en conocerse del proyecto del Consell per la República, los distintos poderes españoles se mostraron más que reacios con este organo institucional con sede en Waterloo. En efecto, el gobierno de Pedro Sánchez, prácticamente en sus primeras declaraciones tras su moción de censura, ya se mostró amenazante y anunció «otro 155 si Torra vulnera la ley y la supervisión de las cuentas para evitar estructuras paralelas» (Europa Press, 15/05/2018), en clara alusión a la anunciada creación del Consell per la República. Pero es que ya antes de su propia institución, el Consell ya había suscitado el mismo tipo de amenazas por parte del ejecutivo de Rajoy, cuando avisó que no habría «ni un euro público» para las «estructuras paralelas» que tildaban de «fantasmagoría» de Puigdemont (La Gaceta, 02/03/2018). Por su parte, Ciudadanos se refieron al Consell con su finezza habitual: «Es una institución fake, un chiringuito más donde enchufar a amigos del procés» (ciudadanos-cs.org, 30/10/2018). Pero la declaración más sorprendente provino de la sala 2ª del Tribunal Supremo que, en su enésimo auto de denegación de libertad provisional a los presos políticos catalanes, usó como uno de sus argumentos que es «un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala». En decir, que la alta judicatura española reconoce al Consell como «estructuras de poder organizadas».

Con estas pruebas, resulta evidente que el estado español no respira tranquilo con esta institución en el exilio en funcionamiento. ¿Por qué? No parece aventurado suponer que este miedo y desconfianza proceda de un hecho fundamental e intencionado por parte de sus hacedores: que los poderes del Estado no pueden reprimir, intervenir ni prohibir el Consell per la República. Ese es el gran logro para unos y peligro para otros. ¿Cómo puede liquidarse una institución con sede legal en Bruselas, el corazón de Europa, uno de los países que ya se ha enfrentado a la pretendidadmente todopoderosa justicia española? Senzillamente, resulta imposible; ni el gobierno ni el poder judicial español puede hacer nada por impedir el despliegue republicano del Consell. Y eso, obvia decirlo, causa temor.

Y la fuerza de este despliegue dependerá, sobretodo, del número de inscritos en este organismo. Parece obvio que, cuantos más, mejor. Pero no solo por el hecho de dotar a todas sus acciones —internacionalización, jurídicas, político-diplomáticas, culturales o innovación— de mayor fuerza y representatividad, sino porque el Consell hace bandera de un nuevo modelo de participación ciudadana o —¿por qué no decirlo?— de ciudadanía: la república digital. Efectivamente, el organo en el exilio servirá como base de un nuevo tipo de relación con las instituciones, en el que nosotros seremos agentes activos y protagonistas de la acción política. Es decir, mediante las herramientas digitales podremos participar de la contrucción de la República catalana con métodos de democracia directa —modelo suizo—, usando la tecnología disponible en nuestro bolsillo —modelo de Estonia.

Visto así, las posibilidades del Consell per la República Catalana son infinitas, y ahora mismo solo somos capaces de vislumbrar una pequeña parte de todo su potencial. Por lo tanto, serà harto conveniente que desde aquí empoderemos al Consell, al mismo tiempo que nos estamos empoderando como ciudadanos activos y responsables según los valores de la República catalana. Entonces, será cuestió de tiempo que la República Catalana sea una realidad.

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