El Gobierno dará luz verde este martes al proyecto de reforma de la Ley Concursal, donde pasará al Congreso, y se tramitará por la vía de urgencia para que entre en vigor antes del próximo 30 de junio.
En palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, la nueva norma permitirá a España situarse a la “vanguardia de la modernidad de los procedimientos concursales, asimilándose a otros países del entorno europeo, lo que evitará el desgaste de las personas físicas y empresas que acuden a esta fórmula”.
El visto bueno del Consejo de Estado
El visto bueno del Consejo de Ministros, último obstáculo del texto previo a su aprobación definitiva llegará justo una semana después de que el Consejo de Estado remitiese al Ejecutivo su opinión sobre el anteproyecto.
El criterio del Consejo de Estado es, precisamente, el único vinculante de cuantos se han podido formular durante la fase de consulta pública, explican fuentes jurídicas, que vaticinan que el documento final no cambiará en exceso respecto al original.
Moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022
El pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros amplió la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022. Lo hace en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.
La norma extiende las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal. Asimismo, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES
La nueva ley deberá estar lista para su aplicación antes del 30 de junio de 2022, plazo máximo fijado de forma voluntaria por España, que incluyó la modernización del marco concursal entre las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas para recibir los fondos europeos.
El resto de los países que no adoptaron ese compromiso y que todavía no han transpuesto la directiva comunitaria de insolvencia podrán hacerlo hasta el próximo 17 de julio.
Planes de reestructuración
El anteproyecto planteaba la reforma concursal, como elemento central los planes de reestructuración, que sustituyen a los antiguos acuerdos de refinanciación y buscan facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.
Este instrumento va dirigido a compañías con dificultades financieras y favorece una reestructuración en un estadio más temprano, cuando se detecten indicios que apunten a una posible insolvencia, frente a la actual exigencia de que sea inminente.
Segunda oportunidad
Los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Se presta especial atención en el anteproyecto de ley a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
Alertas tempranas
Las alertas tempranas son, de hecho, la base de la directiva. Desde algunas asociaciones profesionales consideran que las novedades no cumplen con las metas fijadas por Europa. Entre los motivos está que no sólo se mantiene sino que se incrementa el peso del llamado ‘crédito público’, es decir, de las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, advierte el Consejo Económico y Social de España (CES).
Otros colectivos, como la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), lamentan que el Gobierno haya perdido la oportunidad de incorporar un Estatuto del Administrador Concursal.
También se han pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este último ha instado a no aplicar la normativa a las microempresas hasta que no se disponga de los medios técnicos necesarios para su funcionamiento.
Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en casi una treintena de ocasiones. La última reforma data de 2020, cuando entró en vigor el texto refundido, un documento con pocas novedades de calado más allá de su estructura, que armonizaba la legislación.
Reestructuración e insolvencia
El proyecto normativo incluye la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal. Esta modificación constituye una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.
Microempresas
Se presta especial atención en el anteproyecto de ley a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
