El último informe publicado por GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) da a España 58 puntos sobre 100 en lo que a la percepción de la corrupción se refiere. 

Un repaso pormenorizado de las cuestiones más relevantes sobre las que España tiene tareas que realizar.

El rey queda al margen de las evaluaciones que realiza el informe, al considerar que sus funciones están siempre refrendadas por los miembros del Gobierno y que no puede ejercer discrecionalmente poderes ejecutivos.

El informe exige a España que «formalice» la publicación de las comunicaciones con la Fiscalía. Reconoce también que el Ejecutivo ha hecho accesibles sus contactos con el Ministerio Fiscal a través de Internet, pero le pide que dé más pasos para formalizar la mejora de la transparencia en las comunicaciones que se producen entre ambos.

Puede consultar el informe completo pulsando aquí.

Es la primera vez que desde el informe de GRECO la valoración de España no es «insatisfactoria», puesto que se reconocen las mejoras que se han implementado. Sin embargo, llama la atención especialmente sobre aquellas que no se están cumpliendo todavía, a pesar de las recomendaciones (exigencias) que se vienen repitiendo desde el año 2013. De manera concreta, cabe resaltar las medidas que se exigen en lo que al Consejo General del Poder Judicial se refiere, así como a los altos cargos de la judicatura española. Específicamente la única petición que se realizó por parte de GRECO que no ha sido implementada seis años después es la referente a la revisión del marco legal del CGPJ para reforzar su independencia. «Las autoridades políticas no pueden estar implicadas en ningún momento en el proceso de selección judicial», apunta el informe.

Pero no sólo señala al ejecutivo para que se ponga manos a la obra. También señala al Ministerio Fiscal, para que «actúe de forma decisiva para avanzar en su autonomía, integridad y la rendición de cuentas».

Celebra la paridad en el Gobierno, aunque se basa en los datos de las elecciones de abril

El informe felicita a España por el cumplimiento de la «democracia paritaria», aunque hay que señalar que este informe fue elaborado durante los últimos meses, y no ha podido abordar el cambio al respecto que se ha sufrido tras las elecciones del 10N.

Demasiados aforamientos

Respecto a los aforamientos, otro de los informes elaborados por GRECO, recomienda a España que modifique los criterios y la legislación al respecto, alertando de que el número de personas aforadas en España es numeroso y que sirve tanto para delitos cometidos en relación con el ejercicio de funciones oficiales como ajenos a estas.

Literalmente, el informe dice: «Es evidente que la supervisión y rendición de cuentas son las dos áreas en las que España debe prestar mayor atención. Por lo que se refiere a esta última, el órgano judicial competente para conocer del denominado aforamiento debe revisarse.»

Transparencia sobre los asesores del gobierno

Se recomienda desde GRECO someter a los asesores del gobierno a las mismas exigencias de transparencia e integridad exigidas para los altos cargos ejecutivos. En este sentido también se recomienda dotar de suficientes fondos económicos así como garantizar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Policía Nacional y Guardia Civil: mejoras en la protección de los denunciantes por corrupción y mejora en la asignación de primas, medallas y otras prestaciones

Respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, el GRECO reclama que la Guardia Civil adopte un código de conducta respecto a la prevención de la corrupción. Considera que, tanto este cuerpo como la Policía Nacional, deben mejorar la prevención, la transparencia y la protección de los denunciantes en el ámbito de la corrupción.

Según el informe: «Por lo que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en España hay dos instituciones con tal cometido: la Policía Nacional y la Guardia Civil. La confianza general de la población española en ellas es una de las más altas entre las instituciones públicas. Existen numerosos procesos internos y buenas prácticas en ambas que protegen y dan seguridad a los ciudadanos a los que sirven. Reconocido lo anterior, se necesitan mejoras adicionales en tres áreas principales: la prevención y la mejora continua, la transparencia y la legitimidad y, por último, la protección de los denunciantes.»

También se cuestiona la dotación de medallas y otras prestaciones: «con el fin de infundir mayor confianza a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se requiere un enfoque más transparente en relación con ámbitos como el acceso, los traslados, las evaluaciones y el destino del personal, para justificar las decisiones tomadas en materia de personal de manera más abierta y objetiva. Lo mismo puede decirse de la asignación de primas, medallas y otras prestaciones. Se recomienda más transparencia, objetividad y garantías de equidad en relación con los procedimientos disciplinarios, especialmente, excluyendo cualquier posibilidad de que un supervisor decida sobre estas cuestiones por sí solo.»

Protección de los denunciantes

El informe considera que «en España aún no se ha adoptado un marco holístico y efectivo para la protección de los denunciantes. Esta delicada cuestión también es crucial para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A este respecto, los mecanismos actuales de protección de la identidad física de los denunciantes deberían intensificarse sustancialmente para garantizar que se dé prioridad y se refuerce su confianza.»

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