La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sumido que perderá la votación del Real Decreto Ley que habilitaría a los ayuntamientos a usar sus remanentes frente a la COVID-19, que se está debatiendo esta mañana en el Congreso. Y no saldrá adelante a pesar de haber llegado a un acuerdo de última hora, con Catalunya en Comú, ‘los comunes’ de Ada Colau.
Las negociaciones a varias bandas se alargaron hasta la media noche. Al final, las conversaciones entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente Pablo Iglesias calmaron los ánimos y cerraron de filas con el Gobierno de coalición.
María Jesús Montero ha afirmado que “es la forma más viable para ayudar a los municipios” y que el Gobierno “no necesita el dinero de los ayuntamientos”. “Hay bastantes probabilidades de que el decreto no resulte convalidado”, ha reconocido la ministra.
El real-decreto ley de ‘Medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales’ fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 4 de agosto, tras un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, pero con el rechazo generalizado de muchos alcaldes de diferentes formaciones políticas.
Si fuera convalidado, Hacienda transferirá hasta 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que participen en el préstamo al Estado para que los destinen a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.
Asimismo, la norma contempla que el Estado devolverá a los municipios el importe íntegro del préstamo en los próximos 10 años a contar desde 2022, aunque el plazo podría prorrogarse hasta los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera «ofrece condiciones más ventajosas».
También recoge que los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de septiembre para trasladar al Estado su compromiso «firme, vinculante e irrenunciable» de transferir sus remanentes de tesorería.
El acuerdo contemplaba que la Administración General del Estado realizara un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros para las Entidades Locales a los que se sumaría un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones.
El acuerdo contemplaba también que las Entidades Locales que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Gobierno sus remanentes de tesorería irían percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, los Gobiernos Locales habrían recibido la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
Además, el acuerdo contemplaba también mantener la utilización del superávit tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y, en este sentido, prevé utilizar el de 2019 para gastos de 2020. Se prórroga para 2020 la regla especial del destino del superávit de 2019 y también se prorroga el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018.
El acuerdo preveía igualmente la exención de la regla de gasto en 2020 y también mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero. Para éstos, en concreto, abría dos posibilidades: una a través de las Diputaciones Provinciales y Entidades equivalentes (mediante formalización de préstamos o transferencias corrientes) y otra que contemplaba el compromiso de revisar las condiciones financieras de los préstamos del Fondo de financiación a estos Ayuntamientos.
