Aparecen los primeros resultados del estudio epidemiológico auspiciado desde el Ministerio de Sanidad. Un 5% de la población española ha pasado ya la COVID-19, con una variabilidad muy importante, que va desde el 1,4% de Murcia a multiplicarse por 10 en Soria, que llega hasta el 14,2%. Comparadas con las cifras de paro podríamos deducir que mientras a unos les toca sufrir la enfermedad, otros, Andalucía o Extremadura muy inferior a la media, en torno al 2-3%, pagan sus consecuencias económicas con tasas de paro que llegan sobrepasan con claridad el 20%, de siete a nueve puntos más, un 50% superior a la media nacional.
Más allá de que estos datos muestren las costuras de nuestro país supongan toda una radiografía, una metáfora de cómo está estructurado en cuanto a igualdad, toca alegrarse. Al menos por una vez a lo largo de la pandemia, porque el confinamiento ha sido un éxito. Sí, ha habido muchos errores por parte de una civilización europea que se creía inmune a los males de otros, una soberbia que ha costado miles de muertos. Pero el confinamiento como medida de atajar la propagación, ha sido un éxito. Al menos como media de unos datos que reflejan, mal que les pese a quienes persistirán en la negación de toda evidencia científica, que las medidas emprendidas fueron las correctas, y la actuación de los españoles que las aceptaron, también. Unas medidas dicen los negacionistas, contrarias a la economía, aunque más bien lo sean a sus intereses, al modelo económico que seguimos (porque hay otros) y que nos ha traído hasta aquí, pues cada vez hay más evidencia científica, y lo siento otra vez, de que el origen real de la pandemia está en la agresividad medioambiental de dicho modelo y en los dramáticos cambios que ha originado en el planeta, que ha decidido defenderse de nuestra especie. Vamos, que el virus es un mandao, nada más, del planeta, el primer escuadrón de ataque contra nosotros.
El confinamiento ha limitado el contagio al 5% y, lógicamente, no hemos conseguido alcanzar la inmunidad de grupo que pretendía lograr a pelo Boris Johnson y que tanta mortalidad está provocando en el Reino Unido. La vacuna, por tanto, sigue siendo necesaria, y en ausencia de tratamientos eficaces para combatir la COVID-19, digan lo que digan las empresas farmacéuticas con intención de mover su cotización en bolsa, hasta que no se obtenga un remedio efectivo, farmacológico o inmunológico. Volver a la casilla de salida en las medidas de prevención nos obligaría a regresar a medidas de confinamiento estrictas o a tener que apostar por una economía mortal, al estilo anglosajón o brasileño que tantos devotos tiene en el madrileño barrio de Salamanca.
Que el 5% de la población haya sufrido la infección nos indica que su capacidad de contagio es muy elevada, pero también que la mortalidad real del virus está en torno al 1,1%. Otro dato, tranquilizador por un lado en cuanto a mortalidad, y preocupante por contagiar en dos meses a casi tres millones de personas. Una vez más se demuestra que el distanciamiento social es preciso mantenerlo. Porque el riesgo real era y es que el sistema sanitario salte por los aires. Un sistema sanitario público que ahora alabamos y nos acordamos de él, pero que ha sido debilitado durante años, una vez más, por políticas neoliberales que lo han infradotado, que han rebajado nuestro derecho a la salud y están engordando los bolsillos de intereses particulares. Ahora que se propone blindar en la Constitución a la sanidad pública, sería bueno reflexionar acerca de ella. Sin duda, merece un capítulo aparte.
