El CGPJ niega la existencia de un espacio judicial común europeo

En una desafortunada “declaración institucional” de la Comisión Permanente hecha público hoy, la institución presidida por Carlos Lesmes ha tratado de dar respuesta “a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos”.

En el comunicado, lleno de reticencias e inexactitudes, el máximo órgano de representación de los jueces ha llegado a decir que el Poder Judicial en España solo debe colaborar “con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos”.

En relación con la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019, la declaración dice que “una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina”, obviando que ese acomodo fue solo para resoluciones futuras, y que no se aplicó la nueva doctrina en el asunto para el que se creó, la inmunidad de Oriol Junqueras.

Respecto de los tribunales nacionales de los estados miembros de la UE, el comunicado de la Permanente se ha referido a ellos como “otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española”, todo ello en un claro apoyo al juez Llarena, que ha desafiado a la justicia alemana manteniendo en España la orden de prisión contra Puigdemont, a pesar de que el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó su entrega por el delito de rebelión.

De esta forma, Carlos Lesmes se ha posicionado en la línea dura del Tribunal Supremo al justificar la desobediencia a las decisiones de los tribunales europeos, en lo que supone una clara infracción del principio de la Decisión marco sobre la ODE (Orden de Detención Europea) que “se inscribe en una filosofía de integración en un espacio judicial común, basada en el principio del reconocimiento mutuo” de las resoluciones judiciales entre los Estados de la Unión.