El pasado fin de semana, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, escribía un tuit inquietante: “El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes… La secretaria del sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas…” Iglesias se estaba refiriendo no a España, sino a la dramática situación que hace unos días vivía la población italiana de Bérgamo, epicentro del coronavirus en la floreciente región de Lombardía. En efecto, el pasado 18 de marzo, más de setenta camiones militares del Ejército italiano tuvieron que entrar en la ciudad para hacerse cargo de los cadáveres de cientos de contagiados. Aquello fue un espanto solo comparable a los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial.
Al día siguiente, los datos facilitados por las autoridades resultaban sobrecogedores. Un incremento del 400 por cien en el número de muertos respecto al mismo mes del año anterior. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué no estaban haciendo bien los responsables políticos y sanitarios de Bérgamo para que las cifras de coronavirus dejaran tras de sí semejante estela de dolor y muerte? Según informó el diario CTXT, “la Lombardía es la región italiana que más representa el modelo de mercantilización de la Sanidad y ha sido víctima de un sistema corrupto a gran escala”. Es decir, privatizaciones a destajo de centros sanitarios y robo a manos llenas por parte de sus líderes y representantes públicos. Algo que nos recuerda mucho a lo que ha ocurrido durante décadas en comunidades autónomas de nuestro país como Madrid o Valencia.
Según CTXT, “el 23 de febrero los positivos en coronavirus en la provincia de Bérgamo eran 2. En una semana, llegaban ya a 220; casi todos en Val Seriana. En Codogno, población lombarda donde el 21 de febrero se detectó el primer caso oficial de coronavirus, bastaron 50 casos diagnosticados para cerrar la ciudad y declararla zona roja. ¿Por qué no se hizo lo mismo en Val Seriana? Porque en este valle del río Serio se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia y la patronal industrial presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero”.
No cabe duda: las presiones de las élites financieras y empresariales son malas consejeras en situación de emergencia nacional por pandemia. El objetivo del gran capital siempre es recuperar cuanto antes la actividad económica, la normalidad, la producción y los beneficios. Fueron ellos, los directivos, altos ejecutivos y patronos quienes cavaron la tumba de los desdichados habitantes de esta hermosa zona de Italia. Hoy, mientras los ciudadanos de Bérgamo exigen responsabilidades a sus líderes locales por no haber actuado con prudencia y por no haber decretado el confinamiento total con el cese de toda actividad productiva, los españoles contenemos la respiración después de que el Gobierno se la haya jugado a todo o nada ordenando la vuelta al trabajo de millones de personas. ¿Era necesario adelantar la reactivación de sectores no esenciales como la construcción y la industria?¿No habría sido más razonable esperar otras dos semanas, tal como aconsejaban algunos expertos y científicos? La respuesta la tendremos dentro de unos quince días, cuando la famosa curva de Fernando Simón, el médico epidemiólogo director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, arroje los resultados de la medida. Hasta entonces, lo único que sabemos es que la orden de Pedro Sánchez, que parece haber asumido el mando único de las operaciones, ha provocado acalorados enfrentamientos entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE, aunque de puertas para afuera el Gobierno de coalición niegue cualquier tipo de diferencia y trate de aparentar una imagen de unidad.
¿Qué podemos aprender entonces del dramático ejemplo de Bérgamo? Que en esta epidemia, como en cualquier otra, conviene pecar más por exceso que por defecto, es decir, siempre es mejor prorrogar el confinamiento de la población y la “hibernación” de la economía todo lo que sea necesario con tal de que la curva no se dispare de nuevo. Ante la disyuntiva de perder unas décimas de PIB o asumir 10.000 muertos más, la decisión no debe encerrar ninguna duda. El bien de la vida de las personas y la salud pública prevalece ante el interés del dinero desde todo punto de vista ético, político y jurídico. No debería haber debate en ese dilema pero, con sus presiones, la patronal CEOE, la banca y las derechas españolas han forzado a Sánchez a tomar una decisión que no por haber sido consultada con científicos y expertos virólogos deja de ser menos arriesgada.
A falta de una vacuna eficaz, el confinamiento de la población y el cierre temporal de fábricas y oficinas, así como de estaciones de trenes, autobuses y Metro, se antoja la única forma de reducir los contagios masivos. Esa es la gran lección que nos deja el infierno de Bérgamo. Crucemos los dedos para que de aquí a quince días el coronavirus no reaparezca con más fuerza que nunca. Porque hasta ahora el Gobierno no era culpable de nada, mucho menos de una de las mayores epidemias de la historia de la humanidad que ningún país supo anticipar. Pero desde el momento en que Sánchez ha decidido escuchar a la patronal y ser condescendiente con ella, obviando las alertas de los sindicatos y sus ministros más prudentes de Unidas Podemos, el escenario cambia radicalmente y las responsabilidades pueden ser exigidas tanto por acción como por omisión. Ayer lunes marcó una fecha en rojo en el calendario, un punto de inflexión en el curso de la pandemia en nuestro país. Los datos dictarán sentencia dentro de un par de semanas.
