La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia en el 2011, cuyo veredicto se conoció el pasado martes  absuelve a Rodrigo Rato y a sus 34 compinches que administraron la entidad bancaria y la condujeron a la bancarrota solo un año más tarde,  constituyendo el escándalo financiero del momento.

Bankia, cuya matriz BFA fue fundada el 3 de diciembre de 2010, en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero en España y por haber fusionado siete Cajas de Ahorros (Caja MadridBancajaLa Caja de CanariasCaja de ÁvilaCaixa LaietanaCaja Segovia y Caja Rioja) Después de haber reunido en su seno a las Cajas de Ahorros quebradas por la mala administración y el saqueo a que las sometieron sus dirigentes, Rodrigo Rato y sus cómplices decidieron que la mejor manera de conseguir el capital que la entidad no tenía, ya que únicamente había reunido deudas, era salir a bolsa. Y así, el 20 de julio de 2011 vendieron el 55% de la entidad a un precio de 3,75 euros por acción, con lo que captaron 3.092 millones de euros. Esta operación fue reforzada por una gran campaña publicitaria en los medios de comunicación en la que Bankia animaba a sus propios clientes minoristas a comprar acciones desde 1.000€. La imagen de Rato tocando la campana en plena euforia ha sido difundida en todas los medios de comunicación. Bankia era entonces la cuarta entidad financiera por capitalización.

Para profanos del hermético lenguaje financiero es imposible entender cómo después seis meses después del éxito rotundo de la operación en bolsa, el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -¡y que ironía llamarle ordenada!-, es decir, el Estado, es decir, todos nosotros, los que pagamos impuestos, tenía que inyectar a la entidad 10.000 millones de euros, después de haberle suministrado 4.500 anteriormente, cuando se produjo la fusión de las Cajas de Ahorro. El Estado se quedó con todo el capital de BFA y, en consecuencia, se convirtió en dueño del 45% de Bankia.

Y a primera hora del viernes 25 de mayo de 2012 la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió la cotización de las acciones de Bankia a petición de la propia entidad, y por la tarde, se reunió el Consejo de Administración de Bankia que decidió pedir otra inyección de 19.000 millones de euros de dinero público, una cifra que desbordó todas las previsiones y que la convirtió en el mayor rescate financiero de la historia de España y uno de los mayores de Europa. A mediodía compareció en rueda de prensa el presidente Mariano Rajoy para anunciar que no «iba a haber ningún rescate de la banca española» y para descartar la exigencia de responsabilidades por la crisis de Bankia.        

A última hora de la tarde del lunes 28, el Consejo de Administración de BFA, matriz de Bankia, anunció que tras reformular las cuentas de 2011, que en el momento de su publicación arrojaban beneficios, el banco tuvo unas pérdidas de 3.318 millones de euros, las mayores de la historia española. ​ Además, en las nuevas cuentas del banco se reconocía que el volumen de activos tóxicos (créditos morosos, créditos subestándar o en riesgo de impago, e inmuebles que se ha quedado la entidad por impago de créditos) provenientes del «ladrillo» (tanto del sector constructor como del promotor) pasaba de 31.800 millones a superar los 40 000 millones de euros, más del doble que cualquier otra entidad financiera española. Según el Consejo las diferencias entre las nuevas cifras y las dadas a conocer anteriormente «eran resultado de circunstancias sobrevenidas e información obtenida con posterioridad al cierre del ejercicio».

El 9 de junio de 2012, el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizaría para sanear el sistema financiero español, especialmente Bankia, a través del FROB. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy en su comparecencia del mediodía del día siguiente evitó el término rescate y habló de «línea de crédito» y de éxito de su política («hemos evitado el rescate de España«, llegó a decir).          

El 27 de junio de 2012, fuentes del Consejo de Administración del grupo de BFA-Bankia dieron a conocer la tasación realizada de cara a la nacionalización, según la cual el grupo no valía nada. Peor aún, que su valoración era negativa, de -13 635 millones de euros. Por otro lado, las siete cajas de ahorros que crearon BFA se quedaron sin ningún patrimonio en la entidad lo que las dejó sin dividendos futuros que usar para la obra social. Ese día las acciones de Bankia cotizaron a 0,90 euros. La entidad abandonó el IBEX con pérdidas de casi el 90%.​

En primer lugar, el valor nominal de las acciones de Bankia pasó de 2 euros a 0,01 euros y finalmente, la inyección total del Estado en Bankia fue de 22.424 millones de euros.

Y esta historia de saqueo de la entidad bancaria, cuyas cifras marean, ha concluido hace unos días con la absolución del presidente y de sus 34 conmilitones, según una sentencia de la Audiencia Nacional que los exculpa de toda responsabilidad en la gestión de un banco que en  julio de 2011 salía a bolsa con pleno éxito. Y nos quedaremos sin saber, para siempre, qué extrañas maniobras se realizaron para semejante desfalco que queda impune.  La sentencia destaca que el estreno bursátil de la entidad contó con la aprobación de todos los supervisores —Banco de España, CNMV, FROB y EBA—, que el folleto de salida a Bolsa contenía suficiente información tanto financiera como no financiera y que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Y el Estado, es decir todos nosotros, los que pagamos impuestos, nos quedaremos sin cobrar los casi 24.000 millones de euros que le dimos a esos 35 administradores para que presumieran de su inteligencia y habilidad como financieros, porque les supongo a ustedes informados de que el epílogo de la saga de este atraco a los fondos públicos es que Bankia se fusiona con la Caixa y el Estado pasa de poseer el 67 % de la entidad a quedarse con el 14%. Del resto nadie sabe nada. El ministro de Economía ya reconoció que no se recuperaría el rescate público de la banca.

Ya sabemos que el Capital siempre gana pero en esta ocasión lo ha hecho la mayor desvergüenza de todos los tiempos. Mario Conde, con la quiebra de Banesto, pagó con varios años de cárcel la ingenuidad que le llevó a confiar que la amistad del rey Juan Carlos, gracias a sus entregas de dinero, le salvaría. Veinte años más tarde la impunidad de los estafadores financieros es total.

Ya sabemos que la doctrina del capitalismo es el libro de Adam Smith La riqueza de las Naciones, que asegura que “la libertad natural” del libre ejercicio del interés individual beneficia exitosamente al bien común en la solución de problemas y satisfacción de necesidades por medio de la libre empresa, de la libre competencia y del libre comercio.​ Se trata del documento fundador de la economía clásica capitalista y, sin duda, del liberalismo económico. Arguyendo los principios de esa biblia los gestores del Capital demuestran  que todo intervencionismo estatal en la economía la pervierte y hunde a los países en la miseria, como aseguran que sucedió en el sistema socialista. Lo que no dijo nunca Smith es que cuando el empresario roba o es un incompetente, el Estado debe acudir generosamente a cubrir sus pérdidas. Esa es hoy la consigna del sistema capitalista. La norma es que las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. Hace ya tiempo que se ha desconectado la economía especulativa de la economía productiva.

El Capital hoy no solamente produce mercancía para venderlas y obtener beneficios, para lo que se apropia de las materias primas de todo el planeta a costa de la invasión y el pillaje de los países que las poseen, sino que ha construido el sistema financiero global con el que mueve los capitales de un extremo a otro del mundo, se apropia de ellos y arruina a empresas, consumidores e impositores. Esas quiebras debe luego soportarlas el erario público.         Nuñez Feijoo, el presidente de Galicia, el más acreditado representante de la derecha española, fiel defensor de los principios smithsianos: libre comercio, libre empresa y libre competencia, reclama públicamente la ayuda del Estado para salvar la empresa de aluminio Alcoa que la multinacional se propone cerrar, con más de 500 despidos.  

John Galbraith, el prestigioso economista estadounidense, nada sospechoso de comunista, explica que el empresario que está predicando las virtudes del libre mercado, sale corriendo al terminar la conferencia para coger un avión que le lleve a Washington a pedirle al ministro de industria las ayudas económicas que necesita para pagar sus deudas. 

La Audiencia Nacional, una de las máximas instituciones judiciales de nuestra democracia, nos ha demostrado que cuando hay que obedecer las órdenes del capital financiero que es el que manda en España, se obedecen. Y nunca sabremos en qué se han fundido los 24.000 millones de euros que se le entregaron al Consejo de Administración de Bankia.  

Como triste colofón de este drama, los partidos de la izquierda española no han dicho una palabra sobre lo que supone esta monumental estafa a nuestro pueblo.

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