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El bloque soberanista se divide entre maximalistas y pragmáticos días antes de comenzar la mesa de Cataluña

La pandemia ha cambiado el escenario radicalmente y se impone acabar con la plaga con políticas reales, sin olvidar las reivindicaciones nacionales de los catalanes

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El Gobierno está dispuesto a reactivar la mesa de negociación en Cataluña a mediados de septiembre. Es la condición que ha puesto Esquerra Republicana a través de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado. A Rufián le gusta la música que emana del borrador de cuentas públicas y cree que un acercamiento de Pedro Sánchez a Ciudadanos sería la muerte del Gobierno “a la larga”, por lo que le ha conminado a sentarse a negociar cuanto antes.

Por lo visto, ambas partes están dispuestas a hablar del futuro de Cataluña nueve meses después de que la epidemia de coronavirus lo paralizara todo. Ahora bien, ¿sobre qué van a debatir Gobierno y partidos soberanistas? ¿Realmente hay luz al final del callejón sin salida en el que parece haber entrado Cataluña tras el fracaso del procés y el encarcelamiento de la cúpula independentista? La clave que marcará el éxito o el fracaso de la ronda de conversaciones vendrá marcada por la posibilidad de una consulta popular sobre el derecho a la autodeterminación. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha avisado de que solo acudirá a esa mesa de diálogo si es para negociar los términos de un referéndum y una amnistía para los presos condenados por el Tribunal Supremo en su histórica sentencia sobre el 1-O. Digamos por tanto que Torra estaría en la posición maximalista. “Nosotros queremos una mesa de negociación con un orden del día en el que se diga: ¿cómo ejerceremos el derecho a la autodeterminación de Cataluña? Referéndum, fecha y condiciones. Y número dos, amnistía”, ha asegurado el honorable en una reciente entrevista en TV3. Conviene no perder de vista que el Supremo decidirá el próximo día 17 si inhabilita al president durante un año y medio por un delito de desobediencia, lo cual podría alterar el calendario de la mesa de negociación.

No obstante, para aventurar un análisis de lo que puede salir de esa mesa, conviene sondear en qué situación se encuentran, a fecha de hoy, las dos partes negociadoras. Las cosas en el bloque independentista no atraviesan precisamente por su mejor momento. El PDeCAT ha presentado una demanda judicial en la que reclama que se suspenda la utilización de la marca política Junts per Catalunya por parte del ex presidente Carles Puigdemont, fugado en Bruselas. El contencioso ha provocado la baja de cinco senadores que han acusado a la dirección del PDeCAT de no querer “transitar hacia Junts”, tal como había acordado la asamblea de la formación. Es decir, en el lado conservador catalanista sigue habiendo marejada y conflicto entre los partidarios de seguir con la hoja de ruta hacia la independencia y los que consideran que el procés, tal como se planteó el 1-O, se ha acabado. Esta última corriente optaría por pasar página, abriendo un nuevo tiempo de negociación con el Gobierno para seguir construyendo el camino a la República de cara a un futuro más o menos lejano.

Y mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo de Esquerra, el socio de izquierdas en la aventura soberanista? Las últimas palabras de Gabriel Rufián, que ha conminado al Gobierno central a mantener la ideología socialista del proyecto de Presupuestos, parecen indicar cierta tendencia de la formación independentista a influir en una ley estatal que podría ser buena para una mayoría de catalanes. Los Presupuestos incluyen un importante incremento en el gasto sanitario que vendría a paliar el déficit tras años de recortes con los gobiernos de Convergencia, fondos y partidas para ayuda social y empleo y una fuerte inyección en infraestructuras, también maltrechas por el abandono de Madrid. De esta manera, una parte nada desdeñable de la tarta de los 140.000 millones de euros de Bruselas iría a parar a Cataluña. A eso se refiere Rufián cuando dice que “le gusta la música”. Desde ese punto de vista, ERC parece más interesado en la realpolitik, en la política para la gente, que los puigdemontistas posconvergentes, instalados todavía en la metafísica de la independencia a corto plazo. Oriol Junqueras ha repetido en más de una ocasión que ERC nunca ha renunciado a la voluntad de diálogo. “Dialogar es bueno, negociar es bueno, incluso con quienes han aplaudido de forma entusiasta nuestra prisión, que es poco relevante con las necesidades del conjunto del país”. El líder de ERC ha insistido en “dialogar, negociar y llegar a acuerdos con quienes hay muchas diferencias”.

Así las cosas, parece obvio que entre los soberanistas hay dos grupos: los que van con el referéndum por delante como condición indispensable para sentarse en la mesa de diálogo con el Ejecutivo Sánchez y los negociadores a toda costa, es decir, aquellos que son partidarios de “atornillarse” a la silla (sin líneas rojas ni requisitos previos) hasta que salga un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En ese sentido, la predisposición del Gobierno de Sánchez es total. La propia ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dicho que el Ejecutivo no tiene “ningún problema” en que el encuentro se celebre “a la mayor brevedad” y ha mostrado “la plena disponibilidad” para recuperar el diálogo roto, primero por el estallido del conflicto territorial y después por la propia pandemia. El Gobierno está dispuesto a hablar “de todo” siempre dentro de los márgenes de la Constitución, y en esa línea estaría dispuesto a ofrecer un nuevo estatuto aún más federalizante que el vigente que reconocería los derechos de Cataluña como nación y que sería sometido a referéndum. Sánchez sabe que es el mejor momento para iniciar las conversaciones, ya que los ciudadanos de Cataluña, como los de cualquier otro lugar, sueñan hoy con algo mucho más perentorio y acuciante que la independencia: superar la lacra del coronavirus y volver a un mundo sin mascarillas. 

El ambiente político parece propicio para retomar de nuevo las negociaciones. La epidemia exige medidas concretas, sanitarias, económicas y sociales, de modo que el discurso un tanto teórico de la independencia a toda costa pierde fuerza en el escenario actual. Se impone acabar con el virus por encima de todo porque una sociedad enferma es una sociedad sin futuro. Eso lo saben los dos bloques, tanto el unionista como el separatista. Todos deberán renunciar a algo con el objetivo de superar el infierno vírico que se extiende por doquier, de norte a sur y de este a oeste, sin respetar fronteras ni banderas.  

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