El juicio por el “caso Máster” contra Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha suspendido de momento sin nueva fecha de celebración. La Sección 15 de la Audiencia Provincial aplaza sine die la vista oral debido a la “situación sanitaria que atraviesa el país” por la pandemia de coronavirus, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la región.
En un país libre, y España todavía lo es, debería poderse criticar esta decisión sin que Carlos Lesmes remita alguna de sus encendidas cartas en defensa de la imparcialidad e independencia de los jueces, como ocurrió hace unos días, cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial arremetió contra Pablo Iglesias por criticar la sentencia contra la diputada de Unidas Podemos Isa Serra, condenada a un año y siete meses de prisión por intentar frenar un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en el año 2014. Para Serra la Justicia funcionó como siempre, sin caducidades ni aplazamientos ni miedo a virus alguno, y la sentencia llegó puntual.
El delito del que se acusa a Cifuentes es mucho más grave. Recuérdese que la expresidenta tendrá que sentarse en el banquillo acusada de inducir a la falsificación del acta académica por su trabajo de fin de máster, que exhibió en las redes sociales y ante los medios de comunicación para tratar de esquivar el escándalo, según informa el diario El País. Una cuestión que no es menor, ya que la Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel mientras la Universidad Rey Juan Carlos solicita una pena de cuatro años. El Ministerio Público entiende que Cifuentes indujo la falsificación del expediente “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster “que jamás se produjo”. Además, se sirvió del documento académico para mostrarlo ante la prensa y “evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
De momento Cifuentes se librará del mal trago de tener que pasar por el juzgado para dar explicaciones sobre un asunto tan delicado y bochornoso. La expresidenta podrá seguir llevando su vida de fama y popularidad en televisión (participa como colaboradora en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide, y Mediaset incluso le ha propuesto sumarse al reality show Supervivientes).
Sin embargo, es preciso entrar a analizar una situación de doble rasero que, una vez más, viene a enturbiar la imagen de imparcialidad de nuestro siempre contradictorio Poder Judicial. En esta ocasión, el argumento esgrimido por la Justicia española para suspender un juicio contra un representante político del PP −un caso que por otra parte provocó un auténtico escándalo nacional, indignación entre los estudiantes y profesores y ríos de tinta− resulta de lo más peregrino. Poner la excusa de que la epidemia obliga a suspender la vista oral es tanto como reconocer que nuestra Administración de Justicia no dispone de una mínima infraestructura para celebrar ese juicio. Bastaba con no dejar entrar al público en la sala, con unas simples mascarillas y con guardar la distancia social recomendada por la OMS como medida de prevención contra el agente patógeno. Y en todo caso existen medios técnicos, señal de wifi, circuito cerrado de televisión y videoconferencia. Pero por lo visto el miedo al bicho también es libre y unas veces infunde más terror que otras. A nuestros jueces el covid-19 les produce mucho respeto y temor cuando se trata de sentar en el banquillo a alguien como Cifuentes, mientras la apisonadora judicial avanza imparable, sin detenerse ante nada ni ante nadie, cuando la persona a juzgar es Isa Serra. De todo lo cual parece desprenderse que a sus señorías el supuesto virus del comunismo bolivariano les genera más inquietud que el propio monstruo microscópico de Wuhan.
En los juzgados españoles las apariencias no siempre engañan y a menudo la realidad es lo que parece. Cuesta trabajo creer que un juez pueda tomar decisiones importantes como el aplazamiento de un juicio en función de la ideología o de la relevancia pública de la persona juzgada, pero no sería la primera vez que la nefasta politización de nuestros magistrados contamina un proceso. En cualquier caso vamos a pensar ingenuamente, vamos a quedarnos con que todo ha sido una inoportuna casualidad, una curiosa coincidencia, y que ciertamente una virulenta enfermedad se ha cruzado en el camino de un procedimiento judicial en marcha para aliarse, en el último momento, con la acusada. Porque lo contrario sería admitir algo tan terrible como que, al igual que en el programa de Mejide, todo es mentira. Hasta la ciega Justicia.
