La diputada, Eva García, y la senadora, Vanessa Angustia, autoras de las iniciativas parlamentarias, valoran que “el cambio adoptado es correcto, pero no tenemos muy claro cómo se esperó precisamente hasta este mes de abril para aplicar una primera decisión negativa impuesta en 2016 para dejar fuera del alcance de los investigadores y del conjunto de la ciudadanía importante documentación sobre la Guerra Civil”
El Ejército de Tierra ha asegurado en una nota que “desde el Estado Mayor se van a dar instrucciones oportunas al Instituto de Historia y Cultura Militar para subsanar” los problemas creados con las restricciones impuestas, de tal manera que “los fondos documentales seguirán disponibles para su consulta en las mismas condiciones” en que lo estaban antes.
Esta rectificación en toda regla del Ejército se produce después de que las parlamentarias de IU García Sempere y Angustia, responsables de esta formación en ambas cámaras de los temas de Memoria Histórica, registraron hace unos días una serie de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo del PP donde, entre otras cuestiones, pedían explicaciones precisas sobre “¿qué normas regirán a partir de ahora el acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil Española que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila?” y “¿qué limitaciones se impondrán al acceso y consulta de dichos fondos?”
Exigían también que el Gobierno de Mariano Rajoy aclarara “¿qué cambios supondrá la nueva gestión del Archivo General Militar de Ávila por parte del Instituto de Historia y Cultura Militar?” y si piensa respetar “el Reglamento de Archivos Militares del Ministerio de Defensa para garantizar el acceso de investigadores e investigadoras a estos archivos y la realización de sus labores?”
La diputada y la senadora de Izquierda Unida ven “positiva” la rectificación militar, aunque advierten de que “no vamos a retirar nuestras iniciativas para que desde el ministerio de Cospedal nos den todas las explicaciones solicitadas dada la gravedad de lo ocurrido”.
Ambas parlamentarias coinciden en que pese a que “el cambio adoptado ahora es correcto, no tenemos muy claro cómo se esperó precisamente hasta este mes de abril para aplicar una primera decisión negativa impuesta en junio de 2016 para dejar fuera del alcance de los investigadores y del conjunto de la ciudadanía importante documentación sobre la Guerra Civil”, tanto la custodiada en el archivo de Ávila, como toda la clasificada con marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’ conservada en otros archivos dependientes del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
