La «Guía sobre la figura del Coordinador o coordinadora de Bienestar», ha sido elaborada por el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con las comunidades autónomas. Esta presenta unas propuestas orientativas sobre las funciones y la formación de esta figura introducida en la Ley de Educación (LOMLOE) y en la Ley de Protección de la Infancia (LOPIVI).
La guía divide las funciones del coordinador o coordinadora en torno a cinco fases de acción: la planificación de las actuaciones; la prevención a través de labores de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa; la organización de la formación tanto del personal del centro como del alumnado; las labores encaminadas a la detección temprana de las situaciones de violencia; y la fase de intervención, para la cual debe construir el entramado de colaboraciones internas (equipo directivo, docentes, personal administrativo y de servicios, familias, alumnado y servicios de orientación) y externas (servicios sociales, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia).
De especial importancia es la formación. Por ello propone una formación básica para el conjunto del personal del centro educativo; una formación específica y habilitante para los coordinadores o coordinadoras, que incluiría contenidos para la formación de las familias y del alumnado; y una tercera dirigida a los coordinadores o coordinadoras que trabajen en centros con niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo de vulnerabilidad social.
En cuanto a los requisitos de esta figura, el documento destaca la experiencia y la formación de la persona en materia de prevención y de intervención, así como la antigüedad en el centro educativo, la estabilidad en el mismo y la coordinación con el equipo directivo.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afirmado al respecto que «no debemos renunciar bajo ningún concepto al reto de que las aulas sean un espacio seguro, tranquilizador, motivador, integrador. Un espacio para el respeto, la convivencia y la igualdad. Porque esa es la base de una educación enriquecedora y de una sociedad mejor. El compromiso de este Gobierno es firme en este sentido».
La ciberconvivencia en los centros educativos
Por otra parte, el último Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar ha aprobado también las «Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Educativos», elaboradas por el Grupo de Ciberconvivencia del Observatorio, coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
El documento recoge recomendaciones para mejorar la ciberconvivencia en los centros, que incluyen la elaboración de protocolos ante las problemáticas relacionadas con Internet, la formación para el profesorado, el alumnado y las familias, y pautas para la detección de posibles conflictos y la gestión de estos mismos. En cada apartado incorpora ideas de acciones concretas para aplicar en el centro educativo, así como numerosos enlaces a recursos adicionales.
Casi 10 años sin reunirse
Esta es la tercera vez que se convoca el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar desde que fue reactivado en 2020, después de casi una década sin reunirse. Creado en 2007, reúne a los principales actores de la comunidad escolar. En él participan, además del MEFP, las comunidades autónomas, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales, entre otros.
CCOO no apoya las propuestas
Los documentos presentados por el Ministerio de Educación adolecen, a juicio de CCOO, «del elemento esencial que hace posible la implementación de estas medidas: más recursos personales en los centros y en las redes de orientación, más inversión educativa y promover las redes públicas de formación del profesorado».
CCOO ha participado tanto de los grupos de trabajo como de las reuniones de la comisión permanente para la elaboración de estos documentos. Durante el proceso, «hemos realizado aportaciones, presentado votos particulares y solicitado la inclusión de propuestas sobre inversión educativa que sustentaran e hicieran posible el resto de las recomendaciones contenidas en los textos, incluyendo un incremento en la plantilla de un/a profesional a jornada completa en cada centro del perfil de servicios a la comunidad, o figura análoga, para asumir la coordinación de bienestar y protección en la infancia y adolescencia; y otro, para la figura de digitalización». Pero estas propuestas no han sido aceptadas por el Ministerio ni por las CC. AA. (ambas representadas en los diferentes espacios del Observatorio).
«Las administraciones educativas impiden un debate profundo sobre las necesidades del sistema educativo en torno a la convivencia»
Por todo ello, el sindicato ha decidido no apoyar los documentos a la espera de que las administraciones educativas «recapaciten sobre la necesidad de una decidida inversión educativa para garantizar un clima positivo en los centros».
Desde CCOO lamentan que las administraciones educativas «impidan un debate en profundidad de las necesidades del sistema educativo en torno a la convivencia, el cual debería incluir la necesidad de reducir las ratios en las aulas, la transformación de horas lectivas del profesorado en tiempo destinado a atender la diversidad y la convivencia en el aula, el reimpulso de las redes públicas de formación del profesorado y de la red de orientación, el aumento de personal en los centros educativos, la atención a la salud mental del alumnado y la comunidad educativa, etc.»
Por la propia composición del Observatorio, donde las administraciones cuentan con una mayoría de votos, ambos documentos fueron aprobados. «Sin embargo, no puede obviarse que las organizaciones representativas del alumnado, del profesorado y de las familias no hemos dado nuestro apoyo a ninguno de los textos».
