Francisco Oliver Egea fue alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid en las épocas de Ignacio González y Esperanza Aguirre. Hoy es juez de la sala de Lo Penal de la Audiencia de Madrid. Y es el autor de una sentencia de las llamadas “memorables”. Exculpa a un ex militar que profirió insultos y descalificaciones a Pablo Iglesias, y reprocha al ex vicepresidente que se muestre muy diligente a la hora de presentar demandas contra los que presuntamente le insultan y se muestra mucho más comprensivo cuando el que insulta y descalifica es él. El PP se queja de que ex altos cargos del gobierno están en el Tribunal Constitucional. Pero se calla cuando se producen casos como éste.
Oliver Egea fue director general de Seguridad con Ignacio González. Esperanza Aguirre le nombró secretario general del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid. El mismo se presenta en la red Linkedin como “alto cargo de la CAM, director gerente de la Agencia de Tutelas y director gerente de la Academia de Policía Local regional”.
Está claro hacia donde se dirigen sus simpatías políticas. Y no es de extrañar que en una sentencia de la Audiencia de Madrid en la que es ponente diga: “ en román paladín. No se puede tener un concepto de derecho al honor muy restrictivo para sí, y muy laxo y amplio para los demás, de tal suerte que considera que determinadas expresiones dirigidas contra él las califique de ofensivas y cuando esas mismas expresiones son proferidas o utilizadas por él hacia terceras personas las considere plausibles o correctas”.
Todavía más significativo es el análisis que hace de la situación política que se vive en España. Un miembro de un tribunal, lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, se debe limitar a los hechos y fundamentos jurídicos. Nunca puede traspasar la línea roja que entra en la política y en la situación social.
Pero a Francisco Oliver Egea parece no importarle cuando dice que “en el clima convulso de la política española, las descalificaciones efectuadas se acumulan y olvidan para las siguientes sin que deje secuela alguna en el honor de los intervinientes en ese debate. Incluso se fomentan para captar votos”.
Según este argumento, el insulto, la descalificación y las calumnias son tan habituales que ya no entran en el ámbito delictivo. Habría que preguntarle al juez si, como muy bien ha dicho el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, aplicaría el mismo rasero si la “insultada o calumniada” es Isabel Díaz Ayuso. Hay que recordar que la presidenta de la CAM tiene presentadas algunas demandas en los juzgados por los calificativos de “asesina” que han proferido algunas personalidades a propósito de sus presuntas responsabilidades en los llamados “protocolos de la vergüenza”.
Pablo Iglesias había pedido amparo por considerar que se había vulnerado su honor. El ex espía y militar, Diego Camacho, vinculó al ex presidente del gobierno con la organización terrorista Hezbolá, así como con el terrorismo internacional, el narcotráfico de Venezuela y la financiación de Irán. Camacho dice que Iglesias cobró dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano. Proporcionó pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá, a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y a otros “delincuentes venezolanos”. El ex militar afirma, también, que está contrastada la vinculación de Iglesias con el narcotráfico de Venezuela y que su vinculación con esta actividad delictiva es de sobra “superconocida”.
La Audiencia de Madrid no ve infracción ni delito en estas acusaciones porque “el acusado no profirió tales acciones para hacer daño, sino porque se las creía tras haberlas leído en tabloides digitales”. Es cierto que medios como OK diario, Periodista Digital y Mil21, así como algún periodista que ya fue condenado en su día, habían publicado informaciones que luego fueron recogidas por Diego Camacho. Pero lo que en periodismo se llama “el refrito”, o sea la copia de lo ya publicado, aún citando la fuente, es también reprochable penal y civilmente. De hecho hay sentencias no sólo en las audiencias provinciales y en los tribunales superiores de justicia territoriales, sino también en el Supremo donde se expresa claramente que “recoger acusaciones vertidas en medios de comunicación sin haber sido contrastadas constituyen el mismo delito que el que cometen las fuentes originales”.
Está claro que la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Madrid incita a la controversia. Y más si se tiene en cuenta quien ha sido su juez ponente. Un magistrado que fue alto cargo de la CAM con Aguirre y González. La pregunta que hay que hacerse, ahora, es lo que opinarán Gamarra o Feijoo cuando critiquen la “intromisión de Pedro Sánchez en la Justicia” al proponer los nombres de Díaz y Campo para magistrados del Tribunal Supremo. Al menos estos dos ex altos cargos se han propuesto abstenerse en todos los asuntos que pueden concernirles. Oliver Egea no lo ha hecho. Como tampoco García Trevijano y compañía.
Está claro que el PP mide con diferente rasero las designaciones judiciales. Oliver Egea se reincorporó a la Audiencia de Madrid cuando era presidente Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar. A Lesmes se le criticó por haber hecho casi un centenar de designaciones de jueces y magistrados de carácter conservador para las instancias superiores: audiencias provinciales, tribunales superiores y Tribunal Supremo. Curiosamente, Oliver Egea se incorporó a la Audiencia de Madrid en la época de Lesmes presidiendo el Consejo General del Poder judicial.
