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Doñana, un suicidio colectivo oficial

Julián Arroyo Pomeda
Catedrático de Filosofía Instituto
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análisis

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Doñana representa uno de los mayores expolios de la humanidad contra la naturaleza. Las distintas administraciones no han sido capaces de cortarlo a tiempo y llevan 10 años dando largas al terrible problema de secado de las lagunas. Ni siquiera la justicia europea lo ha conseguido.

¿Cuál es el problema? La agricultura industrial necesita agua para el regadío de sus cultivos. El turismo también exige grandes cantidades de agua, que no tenemos. Los intereses particulares de unos pocos se imponen al bien común de la mayoría. Fresas y frutos rojos, abrigados con plásticos, producen grandes beneficios. El turismo mal orientado exige, igualmente, el trozo económico que le corresponde. Todo esto presiona hasta el agotamiento a la Administración más interesada en resolver la cuestión, que es la Junta de Andalucía.

Hasta ahora la solución ha sido decir que no es para tanto y que todavía hay tiempo suficiente. En otros 10 años más, el enfermo ingresado en la UCI se curará o morirá sin solución. Hay que esperar la llegada de la lluvia benéfica para que todo cambie. Mientras tanto, los cultivos industriales, que extraen el agua subterránea, continuarán aprovechándose de este bien común. ¿Por qué no se eliminan tales cultivos? Parece razonable no permitir apropiarse de bienes públicos para beneficios privados, pero no puede dejarse que se hunda la economía regional. La presión de los ayuntamientos próximos interviene en la Junta, que para no perjudicar los localismos aguanta y defiende que son posibles soluciones. La situación no puede revertirse de un plumazo. Es verdad, solo que llevamos aguantando así una década ya.

Ahora no es suficiente una agricultura sostenible, una vez dado el paso a usos más intensivos, como el industrial. Como siempre ocurre, se arruina a los pequeños agricultores, mediante la gran industria, que se impone sin parar. La ambición acabará destruyéndolos también a ellos en el futuro, pero, mientras  tanto, algunos nadarán en riqueza a base de esquilmar todo lo que se presente. Esta agricultura salvaje no tiene límites, si alguien no obliga a ponérselos.

Esto no son solo ideas, sino que hay datos contundentes de lo que es capaz de hacer la mano del hombre. Según informes técnicos contrastados, se ha pasado de 2867 lagunas temporales en 2004 a 2 en la actualidad. Las reservas acuíferas se encuentran moribundas, aunque nadie llora su defunción. Aquí ya no se roba solo en el exterior, sino que también en los subterráneos se lleva a cabo un expolio masivo. Hasta se presume de un campo de golf al lado de las reservas. El turismo se realimenta en una extensión privilegiada incomparable.

Las captaciones clandestinas de agua siguen activas después de ser localizadas y denunciadas. Se ha perdido hasta el miedo, además de la vergüenza. Lo que importa son los grandes beneficios de las fincas de fresas, que la propia Junta de Andalucía realimenta en un progreso sin fin. Mientras tanto, el humedal más famoso de Europa, declarado Parque Nacional en 1969 y Patrimonio de la Humanidad en 1994, se está muriendo por tantos pozos ilegales abiertos para regar las plantaciones de fresas, principalmente. Sin embargo, la Junta baja la ilegalidad al 15%, cuando otros informes apuntan al 30%. Aunque fuera solo un 5%, o un 2%, igualmente mostraría la irresponsabilidad de esta Administración, que sabe que su deber es reducir tales irregularidades a cero.

Sin embargo, es seguro que no están por la labor. Su idea es otra barbaridad para perpetrar un atentado ecológico de grandes magnitudes. Su deseo es amnistiar al 85% de los terrenos, que se han estado regando ilegalmente por los agricultores industriales, robando el agua para traerla a su propio terreno. ¿Qué buscan con esta acción? Parece que se solidarizan con la ilegalidad, despreciando a los que se están comportando legalmente, respetando el patrimonio común. La proposición de ley de la Junta para legalizar lo que es palmariamente una ilegalidad es una injusticia fragante.

También hay que saber quién apoya tal salvajismo político. Lo hacen los partidos de gobierno actual: PP, C’s y Vox, junto con la abstención del socialismo andaluz. Esto último me resulta incomprensible y demuestra la inseguridad y falta de criterio de este partido. ¿Por qué no votan negativamente? Será que también tiene intereses ocultos, que no se atreven a sacar a la luz. En la práctica se queda solo Adelante Andalucía y UP. Perdonar a los atracadores sin conciencia es una pésima concesión, que les permitirá seguir regando, apropiándose ahora legalmente del agua común.

Favorecer la agricultura intensiva es defender la ilegalidad por quien tiene que establecer un nuevo orden, en lugar de continuar con los atropellos establecidos por una falta de actuación irresponsable, que solo favorece a su señor. Puede estar en línea de prevaricación. La Justicia Europea no puede consentir esta competencia desleal, contribuyendo a nuestro desprestigio internacional, empleando todas sus armas jurídicas, sin excluir la retirada del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad y las multas millonarias que sean necesarias.

El Parlamento andaluz no puede aprobar tal salvajada. Que los detengan antes de cometer semejante acto de barbarie. Esto sí que es comprar votos a plena luz del día. Son unos auténticos bellacos. Tendrían que quedarse sin un solo voto de la gente decente.

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