Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, dimitió de su cargo tras mostrarse disconforme con una decisión adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a la extradición a Estados Unidos del guerrillero Jesús Santrich, según han informado distintos medios colombianos. En concreto, la JEP no concedió dicha extradición y ordenó a la Fiscalía liberarle. Ante esta situación, Martínez tomó la decisión de presentar su dimisión justificándola en que se trataba de un «desafío al orden jurídico» y que esa decisión de la JEP no sería refrendada por él.
Sin embargo, Néstor Humberto Martínez ha estado rodeado de sospechas de corrupción, sobre todo porque antes de acceder a su cargo de fiscal, trabajó como abogado de un grupo financiero asociado a la constructora brasileña Odebrecht, la causante de uno de los mayores casos de corrupción de la historia, para la construcción de diferentes infraestructuras cuya financiación, en la actualidad, está siendo investigada.
Según ha informado El Español, Gonzalo Guillén, uno de los periodistas con más prestigio de Colombia, calificó como de excelente noticia la renuncia del fiscal porque, a su parecer, la caída del fiscal es consecuencia de los innumerables casos oscuros que lo cercaban más que por las causas que Martínez exponía. Guillén, en declaraciones al mismo medio de comunicación, afirmaba que entre esos casos se encontraban las investigaciones iniciadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por recibir pagos en cuentas opacas sin declarar o por sus propiedades en Madrid que fueron adquiridas a través de una sociedad domiciliada en Panamá.
Fue la Fiscalía liderada por Martínez la que reclamó a España la extradición del empresario colombiano Carlos Mattos por la comisión de presuntos delitos de corrupción relacionados con el fabricante coreano de automóviles Hyundai.
En el mes de febrero, Diario16 publicó que la Audiencia Nacional decidió suspender la extradición del empresario colombo-español Carlos Mattos, una reclamación realizada por Néstor Humberto Martínez. La defensa del empresario, encabezada por el ex magistrado Javier Gómez de Liaño, presentó un documento en el que un juez colombiano revocaba la orden de captura contra el empresario por no haber cumplido con los requisitos del debido proceso y por haber ignorado parte del acervo probatorio aportado, documento que, extrañamente y para sorpresa del Alto Tribunal español, la Fiscalía colombiana no había hecho llegar a la Audiencia Nacional, lo cual entorpecía el análisis que se tenía programado.
De esta manera la Audiencia Nacional de España suspendió la extradición de Mattos por sustracción de materia porque no había orden de captura, ni circular roja y, por ende, no podía existir pedido de extradición válido.
Según algunos testimonios recogidos en la Sala, la Fiscalía colombiana podría haber cometido un acto deliberado de ocultar información, lo que de alguna manera hizo pensar que, de forma sutil, pretendió hacer obstrucción a la Justicia. El magistrado de la Audiencia Nacional sí dejó ver su malestar por la forma en que se omitió esa información relevante y no dejó de manifestar su extrañeza frente a la forma de administrar justicia en algunos países latinoamericanos, sobre todo cuando se trataba de velar por los derechos de un ciudadano con pasaporte español.
Sin embargo, tres meses después la Audiencia Nacional sí que autorizó la extradición de Carlos Mattos, según informó OkDiario.
Por tanto, tenemos un caso en el que el fiscal general del que dependía la Fiscalía que reclama la extradición de Carlos Mattos está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que, en primera instancia, la Justicia española denegó la entrega a Colombia del empresario porque se había anulado la orden de detención. Independientemente de lo que haya hecho o podido hacer el señor Mattos, ¿qué oscuros intereses puede haber para que se insista tanto en la entrega de este señor?
