Foto: Comunidad de Madrid

España necesita más rastreadores para contener la propagación del coronavirus. Los rebrotes aumentan, especialmente en Cataluña y Aragón, mientras nuestro país sigue suspendiendo en inversión en un servicio que todos los epidemiólogos consideran de “vital” importancia en la lucha contra la pandemia. Desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, el Gobierno central viene advirtiendo a las comunidades autónomas que deben reforzar su Servicio de Atención Primaria y el sistema de rastreo de personas contagiadas. Pero poco se ha hecho al respecto. En la actualidad España cuenta con 11.265 rastreadores repartidos por todo el territorio nacional, un número claramente insuficiente y lejos de la cifra ideal de un rastreador por cada 5.000 habitantes aconsejada por la OMS. Por poner un ejemplo, Alemania cuenta ya con un rastreador por cada 4.000 personas y ciudades como Nueva York han anunciado la puesta en marcha de un gigantesco “ejército de rastreadores” que trabajarán como detectives para localizar a personas infectadas.

La situación es crítica y el Ministerio de Defensa ha decidido implantar un sistema de respuesta temprana con la habilitación de un cuerpo propio de rastreadores que podrán desempeñar labores en la administración civil. Sin embargo, seis meses después del estallido de la pandemia, la mayoría de las comunidades autónomas españolas siguen por debajo en la ratio por número de habitantes, lo que ha provocado que hayan saltado todas las alarmas en gobiernos regionales como el de Cataluña o Madrid. Los políticos locales no han hecho los deberes y ahora empiezan a ver las orejas al lobo. Criticar al Gobierno central es fácil pero cuando se trata de tomar los mandos y gestionar una pandemia las cosas se ven muy diferentes. Así, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, han pedido ya más rastreadores al Ministerio de Sanidad, advirtiendo de que no están en condiciones de asegurar el seguimiento de personas contagiadas en medio de la segunda oleada de rebrotes que se ha desencadenado este verano.

Actitud muy diferente la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha optado por actuar por su propia cuenta y riesgo subcontratando un cuerpo propio de rastreadores del covid-19. Con toda probabilidad, la unidad será un servicio privatizado, como suele hacer la Comunidad de Madrid cada vez que tiene que afrontar un problema grave en la Sanidad pública. El Gobierno de la singular presidenta ha adjudicado, con carácter de emergencia y sin publicidad, un contrato a Indra y Telefónica por importe de más de 421.000 euros. La inversión se adjudicó el pasado mes de mayo, pero no se ha hecho público en el Portal de la Contratación Pública del Ejecutivo regional hasta hoy. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, la privatización contempla un total de 42 nuevas contrataciones, rastreadores que se encargarán de llamar por teléfono a las personas sospechosas de haberse contagiado.

Se trata, sin duda, de un polémico contrato, ya que si algo ha demostrado esta pandemia es que lo público debe estar siempre por encima de lo privado. La inversión en más Estado de Bienestar es la clave para salir de la horrible crisis sanitaria en la que nos encontramos pero por lo visto políticos como Díaz Ayuso siguen insistiendo en las viejas políticas ultracapitalistas fracasadas, como ya se comprobó con el fiasco en la gestión de los geriátricos −en su mayoría participados por empresas privadas−, donde murieron miles de personas mayores contagiadas por el coronavirus.

Lógicamente, la decisión de la presidenta regional de privatizar el servicio de rastreadores no ha pasado desapercibida para los médicos, enfermeros y sindicatos sanitarios, que ya han mostrado su preocupación ante un nuevo agresivo plan privatizador que servirá para enriquecer algunos bolsillos pero que debilitará, una vez más, la Sanidad Pública madrileña. Sin embargo, fiel a su ideología ultraliberal, Díaz Ayuso parece dispuesta a seguir adelante en sus planes de venta por parcelas de los servicios sanitarios al mejor postor. No es la primera vez que la delfina de Pablo Casado da rienda suelta a sus instintos privatizadores más bajos y ni siquiera una pandemia con miles de muertos ha servido para que rectifique en su nefasta ideología mercantilista. “La idea es seguir reforzando la Sanidad madrileña y poner en marcha nuevas estrategias para evitar que los rebrotes vayan a más”, ha asegurado no sin cierto cinismo, ya que en medio de la pandemia, y siguiendo el ejemplo de su mentora, la expresidenta Esperanza Aguirre, Ayuso ha dado luz verde a la privatización encubierta del Hospital Niño Jesús, especializado en la atención de los más pequeños. La presidenta madrileña tiene en mente un plan faraónico con capital privado para un hospital de titularidad exclusivamente pública, como ya sucedió con otros centros sanitarios como el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas, el Infanta Sofía de Alcobendas, el Hospital del Tajo en Aranjuez, el Hospital del Sureste en Arganda, el Infanta Cristina en Parla, el del Henares en Coslada o el Hospital de Valdemoro. Por no hablar de los planes inmediatos del Gobierno regional para privatizar el servicio de limpieza del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores del sector, cuyos representantes sindicales convocaron, días atrás, concentraciones de protesta a las puertas del centro hospitalario y paros parciales de doce horas.

Parece evidente que el virus no ha servido para que Díaz Ayuso aprenda que el Estado de Bienestar se refuerza con más dinero público, no vendiendo hospitales y troceando servicios sanitarios para la empresa privada. Eso sí, el servicio de capellanes y curas de hospital de la Comunidad de Madrid está perfectamente nutrido y a salvo de recortes tras el reciente convenio firmado por Díaz Ayuso con la Iglesia católica, que supondrá un gasto adicional de más de un millón de euros anuales durante 8 años. Las vidas de los madrileños están ahora en manos de la providencia divina y de dos multinacionales que no solo organizarán la unidad de rastreadores a cambio de un suculento negocio sino el estudio de seroprevalencia de la Comunidad de Madrid. Que Dios coja confesados a los sufridos ciudadanos.

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