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Día de los indecentes

Manuel F. García
Manuel F. García
Manuel F. García es activista sociocultural. Colabora como voluntario en varias asociaciones de actividades sociales, culturales y deportivas adaptadas a personas con diversidad funcional. Ha participado en proyectos educativos como alfabetización de adultos, formación profesional y ocupacional.
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análisis

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La primera vez que viví una acción social de protesta para reclamar un derecho fue en marzo de 1977. Yo tenía trece años y dos años antes nos habíamos mudado toda la familia al recientemente  construido barrio de La Mina, en la periferia de Barcelona; un diseño de gueto franquista que carecía de los servicios mínimos imprescindibles de limpieza, instalaciones sanitarias e incluso iluminación y asfaltado en algunas calles. Recuerdo que los vecinos acabaron por organizarse y realizaron una protesta frente al ambulatorio recién terminado (pero con una gran precariedad de personal  y de material), protesta que acabó por llamarse “la sentada”, porque la gente se sentaba en la acera o se traía sillas de sus casas. Duró tres días y tres noches ininterrumpidas. Mi padre, al venir de trabajar, bajaba de casa conmigo y con mi hermano y nos uníamos al grupo de vecinos hasta altas horas de la noche.

Aunque ni mi padre ni nadie de mi familia hemos militado nunca en partido político alguno, y nunca hemos tenido ningún espíritu reivindicativo ni de lucha por “ideología”, sí que aprendí una valiosa lección de aquella experiencia: todos estamos en el mismo barco que mantenemos e impulsamos nosotros, y cuando hay carencias, desigualdades o precariedades sociales, hay que unirse (que quiere decir hablar, comunicarse y tomar decisiones entre los afectados), movilizarse (que quiere decir despegar el culo de la silla, hacer gestiones, y entrevistarse con instituciones y responsables, hacer reuniones, formar grupos y preparar acciones reales) y, llegado el caso, luchar (que quiere decir salir a la calle, manifestarse, presionar, hacer público el conflicto y mantener el pulso al que sin duda nuestros supuestos servidores públicos nos obligarán –porque a ellos no les afecta en absoluto nuestro problema, mientras no se convierta en su problema-).

Es inevitable recordar estas cosas cada vez que se me presenta, a mí o a mi padre, algún nuevo caso de incumplimiento del contrato social  (que quiere decir que los que pagamos y mantenemos el estado y a sus funcionarios y servidores, debemos cuando menos tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Como soy de familia obrera, currante, apartidista, pragmática y con la única ideología por bandera del derecho a vivir en paz, mi visión política de la vida, de los conflictos sociales es poco compleja: soy contribuyente, ciudadano con capacidad de obrar y los derechos intactos, y me considero parte de ese “pueblo soberano que ostenta el poder democrático del estado”.  Por lo tanto, los mandatarios de  nuestro país (desde el jefe del estado al presidente estatal como al autonómico), el resto de cargos, funcionarios y profesionales públicos, todos ellos, son nuestros “empleados” con responsabilidades contractuales que han de cumplir.

Y desde el lado de los ciudadanos, si surge un conflicto social, las manifestaciones, protestas y huelgas son, a mi entender, el último recurso a emplear cuando el perjuicio de la carencia que se reclama es mucho mayor que el perjuicio que la propia acción social conlleva para la paz social, y si ha de emprenderse esta acción, ha de hacerse con total convicción y solidaridad mutua entre toda la ciudadanía (“hoy por ti y mañana por mí”).

A comienzos de noviembre se inició una serie de huelgas en el ámbito de los sanitarios de Madrid, de cuya problemática y evolución ya se ha hablado ampliamente en los medios de comunicación; también se habló de esa otra serie de huelgas que iniciaron con motivo de las fechas navideñas las aerolíneas, con vuelos cancelados y la suma de los pilotos a los auxiliares que habían iniciado la convocatoria de paros. Por último, el pasado día 21 saltaba la noticia de que el Supremo dictaminaba que los hosteleros vascos podrán ser indemnizados por el cierre pandemia. Tres conflictos sociales en tres sectores muy diferentes… pero con algo en común que les ha unido durante los últimos años.

A mí, personalmente, me llama poderosamente la atención que estos sectores de servicio, hayan ejercido su legítimo derecho a defender sus derechos laborales, y se hayan unido en esa reivindicación para conseguir justicia, pero que, hasta el día de hoy, nadie de esos sectores (sanitario, hostelería y transporte –aéreo en este caso-) hayan dicho nada, ni hayan analizado, ni hecho balance, ni se hayan disculpado por el papel intermediario de jugaron durante las restricciones de la pandemia, y las medidas que se encargaron de llevar a cabo y aplicarlas directamente sobre los usuarios. Sobre todo teniendo en cuenta que esas medidas, en las dos ocasiones que fueron ejecutadas, han acabado siendo declaradas anticonstitucionales.

Resulta llamativo que, tanto la obligación del uso de mascarilla, como la exhibición del pasaporte Covid, que desde el minuto cero, expertos médicos y científicos ya avisaron de que carecían de aval alguno para su aplicación, y también desde el ámbito legal se avisaba de que eran contrarias a los derechos humanos, sin embargo fueron aplicadas de forma estricta, arbitraria y hasta hostil, cuando ningún empleado de hostelería, ningún auxiliar de vuelo ni ningún dependiente de farmacia tenían ni tienen en absoluto ninguna facultad ni médica ni legal para exigir la exhibición del pasaporte sanitario o el uso de la mascarilla.

Sin embargo, absolutamente todos los agentes sociales de todos los sectores profesionales implicados en la aplicación de ese MANDATO POLÍTICO (que nada tenía de legal ni médico) se declararon afectos al régimen de emergencia sanitaria y se entregaron con total fidelidad ideológica al cometido de usurpar funciones de agentes de la autoridad y doctores en medicina (con el agravante de que ningún policía ni médico colegiado puede siquiera obligar a usar mascarilla o a exigir la exhibición pública de datos médicos confidenciales).

Pero es que, además, la ciudadanía colaboró con fervor religioso en esa campaña propagandística de los aplausos a las ocho de la tarde a los sanitarios, que supuestamente estaban “colapsados” por los ingresos masivos de casos Covid, al tiempo que el doctor De Benito hacía viral un video en el que desmentía rotundamente este hecho, confirmando que los hospitales estaban prácticamente vacíos, aclarando que esa imagen de colapso en realidad respondía a colas de gente que acudía a urgencias –ya que estaban anuladas las consultas ordinarias y no quedaba otra-, eran etiquetados de Covid por una prueba PCR que fallaba más que una escopeta de feria, y eran enviados de vuelta a casa; la única presencia masiva de pacientes en hospitales eran de tránsito, sin que llegasen a quedar ingresados.

Y esa misma ciudadanía permanecía impávida (aunque sería más correcto decir atemorizada) cuando la denominada Gestapo de balcón atacaba con iracundos gritos e insultos cualquier ruptura de la norma que considerasen se había cometido (incluso cuando quien circulaba por la calle eran enfermeras que intentaban acudir a su lugar de trabajo).

Y ni la ciudadanía, ni los agentes sociales, ni los gremios ni ningún profesional a título personal de los implicados en aquel bochornoso colaboracionismo ha dicho todavía ni mu al respecto de aquellas conculcaciones brutales de derechos humanos, ahora que sabemos que tanto mascarillas, como pasaportes sanitarios, como vacunas Covid, cierres y restricciones fueron ilegales, ineficaces y contraproducentes.

Soy el primero en defender los derechos laborales, y no sólo cuando me podían afectar a mí personalmente o a mi gremio profesional, sino en cualquier ámbito de trabajo, porque vivimos en una sociedad interdependiente, en la que la carencia en cualquier sector laboral, el abuso o la injusticia que se produce en cualquier puesto de trabajo, si se deja pasar, tarde o temprano se extenderá al resto de trabajadores y especialidades.

Pero algo falla, algo se rompe cuando se traiciona la solidaridad, el compañerismo y el espíritu de convivencia y se aplica el criterio de que cada palo aguante su vela, como ha venido sucediendo (y continúa sucediendo en el caso de la obligación de la mascarilla, todavía vigente).

Estamos todos en el mismo barco, y si la empatía se echa por la borda, entonces, recojamos velas y procedamos coherentemente con ese egoísmo interesado e hipócrita. Ya puestos, además del día de los inocentes,  con el que celebramos con buen humor la inocencia de los biempensantes, instituyamos también el día de los indecentes en honor a los que interpretan la buena fe de la gente como estupidez. 


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