Desde la Justicia justa, los tribunales de Brasil sí condenan al Santander

Un juzgado de Brasilia ha condenado recientemente al Banco Santander al pago de una indemnización de 274 millones de reales, 59,79 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios por la comisión de un delito de intimidación a sus trabajadores. Según la sentencia, la entidad presidida por Ana Patricia Botín sometió a los empleados al cumplimiento de unos objetivos de producción abusivos, hecho que elevó la tasa de enfermedades nerviosas.

El número de bajas por enfermedad se elevó debido a la imposición de esos objetivos. Según el fiscal del Distrito Federal de Brasilia, Paulo Neto, «la conducta del banco es absolutamente grave e ilegal, es decir, establece objetivos prácticamente inalcanzables y sobrecarga los objetivos, lo que genera una verdadera legión de trabajadores del banco que sufren enfermedades nerviosas, en grave violación de los preceptos constitucionales: garantizar un empleo decente, la salud, la vida digna y la reducción de los riesgos inherentes al trabajo».

La sentencia, además, impone al Santander la prohibición de someter a sus trabajadores a esos objetivos abusivos y que la implementación de los mismos venga determinada por la negociación entre la entidad y los sindicatos.

Cuando hay razones y los tribunales aplican la Ley, sea quien sea el acusado, entonces se hace justicia. En España, sin embargo, hemos visto cómo por la comisión de presuntos delitos mucho más importantes el Santander o la familia Botín ha salido impune, incluso se llegó a crear una doctrina jurídica para evitar que Emilio Botín fuera condenado por las cesiones de crédito. El listado de los escándalos judiciales del Santander en España es muy largo, pero podríamos resaltar algunos de los más importantes: además de las cesiones de crédito, los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza en el HSBC, el blanqueo de capitales investigado por el Magistrado José de la Mata de la Audiencia Nacional que involucra a Ignacio Benjumea y a la cúpula del departamento de prevención de blanqueo de capitales del Santander, el asalto a Banesto, la operación del Popular, el fraude piramidal de Madoff, la operación Antibióticos, la finca de Mijas, las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, el fraude de los dividendos cum-ex, Ausbanc, el Banif Inmobiliario, la Ciudad Financiera del Santander, Quasar Investments, y otros.

En todos estos casos el Santander ha salido impune de los tribunales españoles. En el caso del Banco Popular la ciudadanía pudo comprobar cómo la Sala de la Audiencia Nacional en la que trabaja el juez Andreu llegó a dejar de aplicar un  artículo del Código Penal para «desimputar» a la entidad, a pesar de lo resuelto por el juez instructor.

Por tanto, en Brasil y en otros muchos países los tribunales aplican una Justicia justa sea quien sea, se llame como se llame, cuando existen certezas de la comisión de presuntos delitos. En España, por desgracia, las elites económicas, empresariales y financieras controlan al tercer poder por medio del lobby que ejercen los grandes despachos de abogados o las relaciones existentes entre los diferentes poderes públicos y privados, algo que se pudo comprobar con la presentación del libro Se vende banco por un euro, del abogado Manuel Medina, en el que se encontraban representados todos en honor y gloria del Banco Santander.