Agentes de la Policía Nacional y del Servicio Secreto de los Estados Unidos han llevado a cabo la mayor investigación de ámbito internacional realizada hasta la fecha contra el fraude cometido con tarjetas bancarias. El macrooperativo ha permitido la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia –otras 14 han sido imputadas-, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Se han practicado 88 registros domiciliarios simultáneos en cuatro de los países europeos que han participado en la investigación.
La red desmantelada habría defraudado más de 12.000.000 de euros mediante la creación de empresas fantasma en Estados Unidos para, tras dotarlas de una falsa solvencia económica, solicitar la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes a Europa.
Una vez en España, las tarjetas americanas eran utilizadas en establecimientos conniventes por elevados importes mediante el sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles. Mediante este procedimiento lograban realizar importantes compras y posteriormente vaciar las cuentas de efectivo antes de que las entidades bancarias pudieran anular las operaciones. La organización desplegó su base de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres) desde donde coordinaban sus ilícitas actividades que se extendían tanto en España –se han detectado operaciones en 24 provincias- como en 15 países extranjeros.
La compleja investigación, liderada por la Policía Nacional en estrecha colaboración con el Servicio Secreto de los EEUU, comenzó hace año y medio, y se ha desarrollado de forma coordinada con EUROPOL y las policías de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Polonia, Ucrania, además de las autoridades judiciales y Fiscales de la Audiencia Nacional Española, cinco fiscalías de EEUU -Texas, Jacksonville, Miami, Providence y Boston- y cuatro fiscalías europeas -Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia-.
Una investigación que ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, quién emitió 19 Órdenes Internacionales de Detención e Investigación a los países implicados en los que se han realizado las detenciones y registros.
“Las detenciones anunciadas hoy muestran la importancia de la colaboración entre buenos socios”, dijo Conrad Tribble, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
«En nombre del Servicio Secreto de los Estados Unidos, me gustaría agradecer a nuestros socios internacionales, en particular a la Policía Nacional española, por su gran dedicación y profesionalismo en este caso».
Habían establecido su base de operaciones en un hotel de la localidad extremeña de Miajadas
Los miembros del entramado desarticulado –nacionales de Estados Unidos, Albania, Grecia, Bulgaria, Venezuela, Colombia y España– utilizaban numerosas identidades falsas y habían establecido su base de operaciones en España, en un hotel de la localidad extremeña de Miajadas (Cáceres). Igualmente se encontraban en proceso de abrir otra sede de operaciones en un lujoso hotel de la región de Grän (Austria) y otro en la isla de Mikonos (Grecia).
Cada uno de sus componentes tenía un rol determinado para perfeccionar el fraude. Algunos de sus integrantes, con doble nacionalidad griega-estadounidense, tenían la misión de viajar a diversos puntos de EEUU con el objetivo de poner en marcha empresas que posteriormente serían utilizadas para cometer el fraude.
Una vez que la sociedad estaba legalmente constituida acudían a diferentes entidades bancarias y abrían cuentas a nombre de las mercantiles. Posteriormente recibían transferencias internacionales que emitían otros miembros de la organización desde distintos países de Europa para generar una falsa creencia de actividad legítima y empresarial, aparentando de ese modo solvencia económica.
Esos fondos los movían entre las diversas cuentas bancarias con que contaba la organización, tanto en EEUU como en España, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucrania, Rumanía, Polonia, Bélgica, Turquía, Portugal, Francia, Holanda, Letonia y Alemania, simulando así transacciones financieras internacionales amparadas en operaciones empresariales habituales.
Tras esperar unos meses para consolidar esa apariencia de estabilidad económica y temporal solicitaban a las entidades bancarias la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible, con el pretexto ser utilizadas en sus viajes a Europa. Una vez obtienen las tarjetas las enviaban por correo ordinario a Grecia y Austria y, desde ahí, finalmente a España, país donde serían finalmente utilizadas para ser utilizadas de forma fraudulenta. Estas personas, una vez completaban su cometido en EEUU, regresaban a Grecia sin temor a que los bancos americanos les reclamasen el importe estafado ya que no tienen intención de regresar a territorio americano.
Compras por elevados importes por el procedimiento de preautorización
Cuando las tarjetas americanas estaban en poder de los miembros de la organización asentados en España, eran utilizadas en diversos establecimientos por elevados importes mediante el sistema de preautorización. Los arrestados se aprovechaban de la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles. De este modo, pasados unos días la entidad bancaria americana detectaba que el pago no se había autorizado devolviendo el dinero a la cuenta de su cliente, quien formaba parte de la organización. Después de esa devolución la tarjeta volvía a ser pasada en los datáfonos de los comercios españoles para liberar el importe retenido inicialmente, generando un descubierto en la cuenta bancaria norteamericana vinculada a la tarjeta de la que ya habían sido extraídos todos los fondos regresados de la devolución.
Inmediatamente después de que el dinero estuviera en la cuenta bancaria asociada al TPV español los fondos eran desviados mediante transferencia a las cuentas de diversas empresas, igualmente puestas en marcha por miembros de la organización asentados en multitud de países de Europa. A continuación se elaboraban falsas facturas de compraventa para que el propietario del establecimiento connivente justificase la transacción por un importe tan elevado e inusual.
Una comisión del 15% para los establecimiento conniventes
La organización criminal eligió España como lugar para perfeccionar el fraude. En 2017 asentaron su base de operaciones en el municipio guipuzcoano de Mondragón y posteriormente cambiaron su ubicación a la localidad de Alange (Badajoz), donde arrendaron un establecimiento de hostelería. Finalmente se establecieron en un hotel de la localidad de Miajadas (Cáceres), donde llevaban dos años operando. Este establecimiento mantenía abierta al público su cafetería para no levantar sospechas de inactividad, pero en él se refugiaban los principales miembros de la organización, así como otros socios griegos que acudían temporalmente a España a realizar alguna gestión relacionada con el fraude.
Los líderes del grupo, de origen albanés, utilizaban documentación falsa griega y contaban con personal de confianza, todos ellos españoles, que trabajaban para la organización realizando diversas funciones. Por un lado, estaban los que captaban establecimientos conniventes, empresarios o autónomos que permitieran pasar tarjetas americanas en el datáfono de su comercio a cambio de una comisión del 15% del importe. Una vez se encontrase el dinero en la cuenta del connivente, éste tendría que reintegrar el 85% restante mediante transferencia bancaria a una de las muchas cuentas que manejaban los principales miembros de la organización tanto en España como en diferentes países de Europa. Para justificar la supuesta transacción elaboraban facturas falsas a nombre de las mercantiles americanas que figuraban en la tarjeta, con la finalidad de simular haber comprado productos o prestado algún servicio.
En una ocasión pasaron tarjetas americanas en una farmacia por valor de 80.000 euros -todo ello en menos de una hora-, mientras que en otra supuestamente gastaron 300.000 euros en un club taurino. Era tal el convencimiento de que su actividad era impune que durante el estado de alarma, y en pleno confinamiento, realizaron cargos en hoteles que se encontraban cerrados al público por más de 1.300.000 euros. Los empresarios y autónomos que se han lucrado con la actividad ilegal de la organización son de todos los sectores, como hostelería, joyerías, empresas de construcción, productos cárnicos, turísticos, alquiler y compraventa de vehículos, maquinaria agrícola, clubes de alterne, azulejos y cerámica, entre otros.
