A primera hora de la mañana se consensuaba por parte de las tres formaciones políticas independentistas la firma de un documento donde se hace referencia al derecho de autodeterminación.

La propuesta de resolución establece una serie de puntos en los que se acuerda el rechazo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, «exigir la libertad de los presos y las presas políticas, así como el retorno libre de los exiliados y el final de la represión»; muestran su indignación ante una «sentencia injusta que limita el ejercicio de los derechos fundamentales y se enmarca en una deriva autoritaria del Estado que afecta al conjunto de los demócratas (no sólo a los independentistas)».

Considera un «escándalo democrático la condena a once años y medio de prisión de la presidenta Carme Forcadell por haber permitido que en el Parlamento de Cataluña se pudiera hablar de todo»; afirman el carácter «estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista, tal como ha demostrado en las múltiples movilizaciones llevadas a término durante la última década».

Advierte que la sentencia «establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta, como por ejemplo la paralización de un desahucio, la ocupación de un CAP o el corte de una carretera por una manifestación podrían convertirse en delitos de sedición».

Denuncian que el Estado «está imponiendo la criminalización generalizada de la disidencia política, persiguiendo con penas de prisión el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de opinión y de manifestación, tal como se demuestra con múltiples casos de cantantes, escritores, sindicalistas o activistas del derecho a la vivienda de diferentes lugares del Estado».

Reitera que «el conflicto entre Cataluña y el Estado es de naturaleza política y que, por lo tanto, no se resolverá mediante los tribunales. Ni la ciudadanía de este país ni las mayorías parlamentarias renunciarán a sus convicciones por mucha represión que haya»; denuncian la «censura que el Tribunal Constitucional pretende imponerse al Parlamento de Cataluña, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara».

Reivindica «el derecho de los diputados y las diputadas para poder debatir «sobre todos los asuntos que interesen a la ciudadanía, incluídos el derecho de autodeterminación, la monarquía o la soberanía». Considera que «ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los temas a debatir al Parlamento de CAtaluña, no quedando más opción que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión de todos los diputados y diputadas. Sin fisuras. Porque si la censura entra en el Parlamento de Cataluña, se desvirtuará el sentido de la institución. Por eso, reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».

Entiende que «las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar en el PArlamento de Cataluña, porque los legítimos representantes del pueblo de CAtaluña se han de poder posicionar políticamente sobre cuestiones como la invasión de Turquía en el Kurdistán, la crisis de los refugiados o la emergencia climática, por poner algunos ejemplos». Recuerdan que «el Parlamento de Cataluña ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado. Y se comprometen a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas de la cámara».

Constata » que otros parlamentos del Estado se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, llegando incluso a pedir la intervención de las instituciones catalanas, sin que esto sea objeto de ninguna impugnación por parte del Gobierno español Y defiende el derecho de estos parlamentos a seguir haciéndolo, porque la defensa del derecho a la representación política y la libertad de expresión tiene valor sobre todo cuando se hace respecto a quienes no piensan como nosotros».

Termina el texto señalando que «instan al Gobierno a promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional, para conseguir una solución democrática al conflicto político en Cataluña y España».

Lea aquí la Propuesta de resolución JuntsXCat, ERC, CUP

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