Corría el año 2006 y el gobierno de Zapatero conseguía aprobar en el Congreso (pese a las reticencias vergonzantes del PP) la que conocemos como Ley de Dependencia que, en realidad, se llamaba de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. No era una ley de tantas. Venía a cubrir una de las grandes carencias de nuestro sistema de servicios sociales con respecto a los países avanzados de la Unión Europea.
El propio nombre de la ley es toda una declaración de intenciones. Nacemos completamente dependientes y, a lo largo de toda nuestra existencia, vamos consiguiendo ganarnos la vida por nosotros mismos y la capacidad de gobernar nuestras propias decisiones. Pero esto no ocurre así siempre, ni en todos los momentos de nuestras andadura personal. Desgraciadamente la suficiencia económica y la autonomía personal, son derechos nominales, que están lejos de ser aplicados con carácter universal.
La protección por desempleo debería cumplir la misión de asegurar recursos a cuantas personas han perdido su puesto de trabajo. Un sistema de rentas mínimas, debería permitir que quienes carecen de recursos, pudieran obtener unos ingresos mínimos garantizados. Un sistema de pensiones públicas debería asegurar la suficiencia económica para quienes han culminado una vida laboral y abren las puertas a una nueva etapa de su vida, eso que se conoce hoy como la tercera edad y, antes, llamábamos la vejez.
Sin embargo, las carencias y recortes en las prestaciones por desempleo, con la justificación de la crisis económica, ha hecho que muchas personas desempleadas se hayan visto privadas de recursos para atender a sus necesidades y las de sus familias. Las rentas mínimas viven en la dispersión, con leyes autonómicas variadas y variopintas, pero sin el paraguas de una reglamentación estatal que armonice y establezca unos mínimos para toda la ciudadanía española.
Las pensiones públicas, aún con su carácter estatal, sufren el acoso de quienes pretenden deteriorarlas de tal manera que se justifique la entrada de la iniciativa privada en el reparto de los cuantiosos recursos que las empresas y los trabajadores depositan en la caja única de la Seguridad Social. Tan sólo las movilizaciones de pensionistas a lo largo y ancho de la geografía española, parece que pueden contribuir a cambiar algo en la lógica aplicada por el PP hasta este momento.
En cuanto a la Atención a las situaciones de dependencia, los análisis y valoraciones realizados con motivo del cumplimiento de sus diez primeros años de su aplicación, dejan bastante claro que fue una ley que nació sin financiación garantizada, lo cual ha permitido que los gobiernos del PP hayan reducido sustancialmente los recursos anuales para las personas dependientes.
De otra parte se ha obligado al sistema de servicios sociales a centrar el grueso de su esfuerzo en la gestión administrativa de la dependencia, impidiendo un desarrollo integral de sus funciones y obstaculizando la superación del papel asistencial, que les venía asignado desde los negros tiempos del franquismo.
Otra de las carencias esenciales, me parece que tiene que ver con la inexistencia de una real articulación de lo social con lo sanitario. Pongamos un ejemplo, si una persona dependiente tiene que ser ingresada en un hospital, no existen cauces establecidos para intercomunicar la atención hospitalaria y poshospitalarial, con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, o los propios servicios sociales. La coordinación de la atención sanitaria con la social, brilla por su ausencia.
La participación social y la evaluación son otras dos carencias a las que los análisis de la ley hacen referencia. Son dos carencias generalizadas en la políticas públicas españolas, que también aparecen en este caso. El despotismo de los gobiernos de turno, que se sienten legitimados por la exclusiva fuerza de los votos que obtiene cada cuatro años, para hacer y deshacer a su antojo y las prácticas de inaugurar, reinaugurar y volver a colocar ceremiosamente cada piedra, sin pararse a medir nunca la eficacia, la eficiencia, o el grado de satisfacción de las personas, forman parte del panorama de la política española, sin que nadie se pare nunca a evaluar.
Los tiempos están cambiando. La crisis parece que ha cedido el paso a una lenta, desigual e inestable recuperación. Los recortes deben ceder su protagonismo a la inversión. Las personas reclaman su protagonismo y políticas que atiendan sus necesidades. Los males de la dependencia, deben encontrar remedio cuanto antes. Porque si grave es la racanería del gobierno con las pensiones, aún más grave es el abandono mezquino al que se somete a las personas dependientes, que han conseguido un nuevo derecho por ley, pero se ven obligadas a demostrar continuamente que son merecedoras de ese derecho.
Los derechos se reivindican y un día se conquistan, no son regalos, ni se suplen con beneficencia. La dependencia es un derecho y no una concesión graciable que hay que mendigar. Es la dignidad de las personas lo que está en juego.
