El colectivo Madres y Maestras ha salido a desmentir la fecha pública del comienzo de la campaña de promoción del acogimiento de menores tutelados impulsada por la Comunidad de Madrid. «Es falsa, ya que Silvia Valmaña la estaba impulsando en reuniones privadas con diferentes asociaciones, ofreciendo favores políticos a las mismas con tal de aumentar el número de familias de acogida».
La gestión de estas familias de acogida no depende solamente de la Comunidad de Madrid, sino que está externalizada, como la gran mayoría de servicios sociales, a empresas, en este caso a «empresas de tutelas», cuyo lucro depende del número de hijos que la Consejería de Familias de Madrid «arranca y tutela», según denuncia la organización. «Es decir, suspende la patria potestad a sus padres o abuelos, sin dejarles apenas tener contacto, forzando su separación. Tales empresas están representadas bajo el eufemismo de Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid», detalla.
Incumplimiento de la Convención de Derechos del Niño
Recuerda la organización que «semejante atentado contra niños y familias se hace desde el incumplimiento más descarado de la Convención de Derechos del Niño (1989), ratificada por España en 1990, que en su artículo 9 establece que «los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria…”
Desde el colectivo Madres y Maestras, afirman que «conociendo los procedimientos habituales que emplea la Consejería de Familias, queremos hacer saber que la mayoría de estos niños tutelados lo han sido careciendo de la debida tutela judicial. Los arrancamientos de sus familias se han producido en el ámbito administrativo que establecen las distintas leyes de menores españolas, como forma de burlar las garantías judiciales que deberían asistir a cada niño y a cada familia».
Cuando la prioridad de inversión son las empresas, y no las familias
Es habitual, explican, que con tales familias no se hayan seguido los debidos procesos de mejora familiar, sino que lo más frecuente es que «hayan sufrido distintos tipos de maltrato institucional. Cuando la Comunidad de Madrid comunica que quiere incrementar el número de plazas de acogimiento, sin exigir a los centros de menores ni a sus servicios sociales los debidos planes de reintegración de menores en sus familias, está dando a entender que su prioridad es seguir tutelando, su prioridad de inversión no son las familias, sino los contratos a empresas de tutelas, sean negocios de centros de menores o negocios gestionando los acogimientos. Los ciudadanos de Madrid deben saber que en caso de sufrir ciertas dificultades o vulnerabilidades, la dirección general de Familia e Infancia de Silvia Valmaña tendrá preferencia por tutelar a sus hijos, antes que poner en marcha planes de ayuda a la familia».
Falacias en la campaña publicitaria
Respecto a los tuis publicados por Concepción Dancausa y la Consejería de Familia, definen su contenido como «falaz» al afirmar que el acogimiento se promueve para «Niños que no pueden vivir con sus padres biológicos” o se empleen frases como “Tú puedes proporcionarles una familia”, cuando según el colectivo Madres y Maestras «la inmensa mayoría de ellos tienen familia que se opone a su retirada y la consecuente incomunicación y aislamiento de sus hijos, ya que es habitual que una vez un niño tutelado es acogido en familia, las empresas de acogimiento obstruyen durante un tiempo prolongado la comunicación con la familia biológica para que el hijo se desvincule de la misma y supuestamente se adapte a su nueva familia”.
Menores tutelados tras solicitar sus familias el IMV
Consideran también «indignante» que se dé por sentado el no retorno de estos hijos «a sus verdaderas familias», y que se anuncie el incremento de las subvenciones a las familias de acogida. «Subvenciones y ayudas que son negadas sistemáticamente a las familias biológicas».
Una parte de estos niños, aseguran, han sido tutelados después de que sus familias hayan pedido el Ingreso Mínimo Vital. «Si pudieran tener esas ayudas, muy probablemente no sufrirían el arrancamiento de sus hijos por situaciones de pobreza, una de las excusas prohibidas por ley que usa la Comunidad de Madrid a menudo para justificar los arrancamientos».
En un análisis del uso de los fondos públicos, el colectivo ha llegado a la conclusión de que «ese dinero tampoco se usa suficientemente en la implementación de los planes de mejora familiar que antes de cada tutela deberían haberse llevado a cabo, y que muchos abogados manifiestan ausente desde el principio de estos procesos de maltrato institucional. Tal acción es anticientífica y retrógrada, pues entra en abierta contradicción con toda la evidencia científica sobre desarrollo infantil, que afirma que lo más importante para el crecimiento de un niño es desarrollarse en su familia, con la que establece verdaderos vínculos de apego y que son la base de su felicidad y seguridad personal».
Daño severo de las tutelas y desprotección
Asimismo, tachan de «severamente dañinos para cada niño y adolescente los procesos de desapego y aislamiento de las tutelas». También denuncian «la desprotección que sufren los niños en los centros de menores, sobre los cuales, en su comparecencia en Asamblea de Madrid a raíz del caso Sana -que incluía drogadicción y prostitución de menores tuteladas por la consejería de Familia-, la propia Concepción Dancausa reconocía que no podían hacerse cargo de ellos mientras vagaban por la calle«.
Separación de hermanos
Otra de las graves vulneraciones que estaría cometiendo la Consejería de Familias es la separación sistemática de los hermanos en diferentes centros y diferentes familias de acogida, ignorando el cumplimiento de los artículos 173 y 163 del Código Civil, que exigen que los hermanos deberán permanecer juntos.
«La consejera y su directora de Familia e Infancia parecen ignorar la doctrina del Tribunal Supremo que, mencionando la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, establece que el Estado ha de efectuar las diligencias oportunas para que los niños cfrezcan felices con su familia. Lo contrario es maltrato».
Entiende la organización que debería ser tenido en cuenta el trabajo legislativo de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, recogiendo la tarea que le ha encomendado Naciones Unidas respecto a la modificación del artículo 172 del Código Civil, «el que hasta ahora peor se utilizaba en el abuso de las tutelas, y que se está adaptando para que sea conforme a la Convención de Derechos del Niño». Pero insisten en que Silvia Valmaña y su equipo «no lo están considerando».
Anteproyecto de ley de Infancia
El anteproyecto de ley de Infancia del Partido Popular tampoco lo está teniendo en cuenta. «Si la aprobación de tal proyecto de ley autonómica se produce antes de la finalización de estos trabajos, la legislación madrileña estará en franco desfase y contradicción con la doctrina del Congreso de los Diputados, máximo órgano legislativo de nuestro país y que debe ser fiel a la Convención de Derechos del Niño».
Por ello han invitado a los partidos políticos de la Asamblea de Madrid a conocer muy en profundidad la Convención de Derechos del Niño, la Convención Europea de Derechos Humanos, «como leyes de máximo rango que España ha ratificado y que debe respetar, por encima de los errores cometidos en leyes orgánicas nacionales y en nuestro
Código Civil».
Unidad de acción de la Fiscalía
Asimismo, han pedido la unidad de acción de la Fiscalía, como órgano que debería defender a niños y adolescentes en el máximo respeto a la Convención de Derechos del Niño, «fomentando en primer lugar la tutela judicial efectiva para cada hija e hijo, superando la injerencia corrupta y fuera de control judicial de la Comisión de Tutela, órgano que decide unilateralmente sobre la tutela de cada uno de nuestros hijos, que sin ninguna transparencia actúa dentro de la Dirección General de Familia e Infancia, en cuyas reuniones está vetada la presencia de los abogados de familias y niños. Su presencia nos parece una aberración administrativa y democrática, al ser sus integrantes los representantes de las empresas de tutelas, funcionarios de libre designación y otros de carrera, todos ellos operando sin ninguna rendición de cuentas pública, siendo sus nombres ocultados cada año a los ciudadanos».
Comisión de Tutela
Finalmente, ponen el foco en «el abuso que desde la Consejería de Familias se perpetra día tras día, en las reuniones de esta Comisión de Tutela, se impide la presencia del abogado de la familia y de los niños, llevando su indefensión al extremo durante años de chantajes, coacciones, retención ilegal de expedientes y falseamiento de informes».
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