La suspensión de las visitas y comunicaciones a los internos de las prisiones españolas ha provocado que doce organizaciones hayan presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, en la que avisan de que dichas restricciones son similares a las de Italia, donde han muerto seis personas por motines contra las limitaciones por el coronavirus.
Diario16 ha tenido acceso al documento que pide la revisión de las medidas adoptadas por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias por su similitud a las acordadas por el Gobierno italiano, que han terminado con la muerte de seis personas. La queja registrada al Defensor del Pueblo ha sido firmada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Irídia, Red Jurídica, Salhaketa Nafarroa (Asociación de apoyo a personas presas y sus familiares), Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A), Asociación Libre de Abogadas de Zaragoza, Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y libertades), Federación Andaluza Enlace, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Salhaketa Bizkaia, Salhaketa Araba y Osabideak.
En la queja recuerdan que “el 27 de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP, en adelante) ofreció pautas de actuación a su personal a través de un Protocolo para que sepa cómo actuar en el caso de que una persona privada de libertad presente síntomas compatibles con el ‘Covid-19’”. De esta manera, si una persona reclusa tuviera “contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección, ésta deberá permanecer en su celda individual en situación de aislamiento y vigilancia activa durante 14 días -periodo de incubación del virus- desde la última exposición”, recoge el documento.
A continuación, advierten que el 6 de marzo de 2020 se acordaron las siguientes medidas: “se suspenderán las visitas, comunicaciones y cualquier otro tipo de actividad que implique el contacto con internos o funcionarios de personas procedentes de zonas con transmisión comunitaria…, se prohibirán las salidas a diligencias judiciales de reclusos que hayan dado positivo en coronavirus o sean sospechosos, se suspenderán las «reuniones o acción formativa dirigida a trabajadores o internos que impliquen el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios».
La queja prosigue recordando que el 9 de marzo, “seis presos de la cárcel de la ciudad italiana de Módena murieron en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus”. Además indican que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura italiano, enumeró las medidas adoptadas por el Gobierno italiano, similares a las que se ha acogido la Secretaria de Instituciones penitenciares de España- alertando de que “tienden a configurar un concepto de prevención absoluta, que acaba configurando el mundo penitenciario como separado del mundo exterior y portador de un factor instrínseco de morbilidad”. El escrito concluye: “…se han notificado restricciones injustificadas de los derechos de las personas privadas de libertad y que parecen ser el fruto de un alarmismo que, a su vez, causa una alarma cada vez mayor que no encuentra base o justificación en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas”.
Asimismo, el texto indica que actualmente hay “285 médicos y seis psiquiatras para todo el sistema de salud de las prisiones españolas”. A propósito, el coordinador del área de cárceles APDHA, Francisco Fernández, ha explicado a Diario16 que “una de las cuestiones más graves que se viven dentro de prisión es la falta de personal sanitario en prácticamente todas las cárceles del Estado y, además, que la competencia de la asistencia sanitaria aún esté en manos del Ministerio del Interior en lugar de ser competencia de los servicios autonómicos de salud, como debería ser desde hace años”. Y ha añadido que, en este sentido, “la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hasta ahora no ha anunciado ninguna medida destinada a reforzar a los equipos de atención sanitaria que hay dentro de prisión, algo que, junto con la difusión de información precisa y clara tanto a las personas privadas de libertad como a sus familias, sería una cuestión esencial”.
