El pasado día 22 de junio tuvo lugar la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco de distintas representantes de la Red de Resistencia Contra el SAP/GAS-Aren Aurkako Erresistentzia Sarea.
Acompañadas por Inma Mata, de la red de resistencia contra el SAP, perteneciente al consejo estatal de víctimas de violencia de género, las tres mujeres que presentaron queja común en diversas instituciones públicas en enero, denunciando las presuntas irregularidades en sus procedimientos, pudieron ser escuchadas por los distintos grupos parlamentarios.
Las intervenciones fueron un primer paso, el de la escucha, necesario para hacer saber la realidad de quienes, además de su «calvario personal», tienen que enfrentarse a unas instituciones que, según denuncian, agravan el dolor y la injusticia que sienten las víctimas.
No puede estar junto a su hijo, hospitalizado por un linfoma
Inmaculada Fuentes, madre a la que se ha aplicado el SAP (Síndrome de Alineación Parental), describió el calvario que vive desde la primera vez que fue atendida por los servicios sociales de la Diputación Foral de Álava, especialmente en el área del menor. Durante su intervención, expuso los informes que considera del todo «incoherentes y que no se avalan con nada».
En declaraciones para Diario16, Inmaculada nos traslada que «el problema se agrava cuando el consejo del menor es el canal que tiene el juzgado para tratar estos casos». Nos explica que «la descoordinación en su expediente» se resume en que lleva sin ver a su hijo desde octubre de 2021, cuando «tiene concedidas visitas que no se están cumpliendo». Incansable, con más de 400 escritos a sus espaldas probando su insostenible situación, solicita se solucione este problema, ya que, actualmente, añadido a este periplo institucional, su hijo se encuentra ingresado en el hospital de cruces, debido a un linfoma. Denuncia que, no puede estar a su lado pese a los fuertes tratamientos de quimioterapia que está recibiendo.
Su otra hija, Paula, intervino para contar en primera persona su experiencia personal. Contó cómo vivió la separación de su hermano, al que no puede ver.
El segundo caso expuesto fue el de Laura Fuentes, que denuncia la «brutal indefensión y las irregularidades en sus expedientes de violencia». El relato de Laura expuso cómo desde 2017, ha visto cómo, después de los informes forenses emitidos por el juzgado, se perdió la grabación de las pruebas testificales y se denegó de manera reiterada la presentación de lo que la defensa de Laura considera «pruebas esenciales».
Según nos explica Laura, esta obstaculización no vino sola, sino que los expedientes comienzan a adelantarse o atrasarse, coincidiendo con las suplencias de una juez sustituta, a la que se llegó a recusar. Laura cuenta cómo «esto no hizo más que acentuar lo que vivió como un ensañamiento». «Por protocolo, un juez recusado no debería tramitar ese expediente, sin embargo, tuve que lidiar primero con una vista realizada por la propia juez bajo coacciones y en la que se realiza una grabación parcial, seguido de la solicitud de un expediente iniciado en los Juzgados de Madrid con orden de protección activa y que llegado a Vitoria a manos de la juez, ni siquiera le comunican a las fuerzas de seguridad respecto a la orden de alejamiento para actuar en caso de quebrantamiento» explica Laura.
El tercer caso que esta red de mujeres quiso mostrar fue el de María García, que fue presentado por la presidencia de la asociación Carla Vive, Paz Rodríguez. Se denunció en concreto que, a pesar de existir cargos, incluso de varios años de prisión para el agresor, «la víctima puede llegar a un acuerdo antes de un juicio por dejar de lado todo el proceso judicial, y finalmente, el maltratador se quedará con penas más reducidas porque la víctima apenas tiene ya fuerzas (ni recursos económicos) para continuar con la lucha en los juzgados».
«Nos han escuchado»
Tras la comparecencia, las sensaciones son similares entre ellas: «Nos han escuchado, ya son conocedores de la situación real de las víctimas. Esto es fundamental para prevenir aún más casos. Sin embargo, nosotras necesitamos reparación y que se haga cuanto antes. Necesitamos que se investiguen nuestros expedientes que se alejan de la Ley que hace apenas unos meses ha sido modificada en este mismo Parlamento y que se garantice su cumplimiento, al igual que en la ley de infancia.»
«Esperamos que esto se siga moviendo, que exista de verdad un interés por este problema que estamos sufriendo muchas mujeres en este juzgado, ya que no somos casos aislados, y que se tomen las medidas oportunas para solventar nuestras situaciones.»
