Si expresaba recientemente en esta misma tribuna mis serias dudas sobre la potencialidad transformadora de la simbología y las superficialidades performativas, hoy vengo a compartir una certeza. La certeza sobre el profundo hastío que me provoca el fango en que se ha convertido el día a día público de nuestro país. En plena pandemia, con miles de muertos y familias destrozadas, y una crisis social y económica en ebullición, hay quien no puede dejar pasar la oportunidad para proyectar su más zafio cortoplacismo. Colocar epítetos que no sirven para otra cosa que para expiar los fantasmas imaginarios de algunos (gobierno comunista, oposición fascista). Ni describen, ni precisan, ni aportan.

No, no voy a ser yo quien deslice que a un gobierno no se le debe fiscalizar. Es el abc de la democracia. Los peores bulos son los que se propalan desde las instancias de poder. Desde todas las instancias de poder, cabría añadir. Porque, aunque los simples de turno vean la hidra del pérfido Leviatán en todos lados, la manipulación e ideología no son privativas de este o aquel partido, de este o aquel gobierno. También se vende en noticiarios de cadenas de televisión privadas, en programas de entretenimiento (o algo así) basura, en videoclips de idéntica naturaleza, en contenido subprime que acríticamente tragamos por el embudo de las sacrosantas plataformas digitales, en las que los jóvenes y no tan jóvenes aprenden lo que es un Estado mediante una caricatura o lo que representa cualquier sistema ideológico mediante otra, para luego repetir como loros y papagallos lo que al PODER con mayúsculas le interesa. Y no significa esto que existan tampoco unos malévolos y pérfidos mercados ajenos a la política, porque la economía es política, y las implicaciones entre lo uno y lo otro son claras. Pero igualmente claro es que la influencia de intereses económicos y financieros en muchos casos doblega cualquier soberanía democrática, y ahí también hay propaganda, bulos y mentiras. ¿Es la solución revivir la Ley Fraga o su remedo posmoderno, haciendo nuestra la antaño denostada, y con razón, Ley Mordaza? Pues obviamente no. Ni eso, ni la superstición rosa de que cualquier limitación o restricción legal a las arbitrariedades individuales es totalitarismo. No. Lo que impide el despotismo es precisamente el imperio de la ley, como garantía frente a la arbitrariedad de los que más tienen y como escudo de protección de los que no tienen nada, nada más que esas leyes.

Claro que la improvisación y la rectificación permanente son esperpénticas. Como lo son, porque una cosa no excluye la otra, las obsesiones de baja estofa de los habituales buitres del invento, que se dedican a propalar sus latiguillos infames sin aportar nada. ¿O es que aporta algo decir una boludez tan sideral como que limitar los precios de las mascarillas para evitar una infame especulación es comunismo? ¿Se podría criticar al gobierno con claridad y hasta contundencia sin crear un clima nauseabundo de infundios y tics obsesivos? Tal vez sea demasiado pedir que cesen los efluvios cainitas de todos lados.

Replicará alguien que si los otros estuvieran en el gobierno, entonces los «hunos»: bla bla bla. Como a Don Miguel de Unamuno, me cansan unos y otros, no porque pretenda ser neutral o equidistante, que no lo soy en lo más mínimo, sino porque esas obsesiones no responden a parámetros racionales, a cosmovisiones políticas, a contraposiciones ideológicas legítimas, sino al barro ubicuo en el que suelen chapotear los que carecen de ideas y principios. Si en vez de errar estos, erraran los otros, y los otros fueran pésimos gestores y entre estos hubieran furibundos cainitas, pues habría que criticarlo igual, porque este clima es irrespirable, y si salimos de esta, no saldremos solo diezmados, más pobres y más desiguales, sino que también saldremos con los habituales maniqueísmos patrios más enhiestos y vivos que nunca. La tranquilizadora excepción en el Ayuntamiento de Madrid (ese conato de parlamentarismo civilizado) no parece que vaya a romper la regla general de animadversiones obsesivas, incapacidad de autocrítica por parte de los que no gestionan bien, e incapacidad de aportar una sola solución por parte de los abonados al griterío y al estruendo.

Porque entre tanto ruido, no oigo a los embarradores oficiales de todos lados pasar de un análisis de superficie. Incapaces de señalar, por ejemplo, como crítica – esta sí oportuna y veraz – al gobierno, que es imposible sostener políticas de Estado con unos socios que buscan la secesión. La sedición misma: es decir, la muerte de este Estado. Porque ese riesgo existe, el de la secesión, el de la ruptura, el de la muerte de un Estado ya bastante débil y golpeado; el riesgo del comunismo no existe, a no ser que alguno confunda comunismo con Impuesto del Patrimonio e Impuesto de Sucesiones. Eso, queridos amigos, se llama simplemente civilización. Si la alternativa es la jungla, permítanme no les acompañe.

Tampoco oigo, más allá del estruendo demagógico, que se asuma algo obvio y básico: más allá de que nos parezca un desastre la gestión de este gobierno o la del otro, nos encontramos ante un desafío global: sí, el climax globalista no está exento de problemas… y hasta de desastres. Un mundo interconectado e interrelacionado, con mercados globales, profundamente desregulado, y con una clamorosa ausencia de poderes ejecutivos con competencia supranacional. Es decir, que tanto por encima como por abajo el Estado nación ha sido golpeado: en las ilusiones supranacionales al servicio de intereses muy concretos – económicos -, y en los proyectos de ruptura y fragmentación territorial espoleado por los miopes, insolidarios y reaccionarios nacionalismos identitarios, románticos y etnicistas. La soberanía de los Estados ha sido golpeada, sí. No existen anticuerpos para explosiones globales, porque no hay poderes globales. La pérdida de soberanía no ha sido una buena cosa, tampoco el emborronamiento del marco nacional a cualquier precio. Y esto trasciende las miserias locales, las alucinaciones personales o los odios vecinales.

Y por cierto, hablando de soberanía, cabría recordarles a los unos y a los otros, algunas cosas. A nuestra izquierda posmoderna – la misma que anda subarrendado la legislación del derecho a la tutela judicial efectiva a Garrigues, a mayor gloria de los intereses privados, los pro bono y en contra del servicio público del turno de oficio (¡toma comunismo!) – una lección básica: debilitar el Estado sacralizando el Estado de las Autonomías es, al menos en España, insostenible. Ni lealtad, ni coordinación, ni solidaridad. Guerra de taifas, competencia regional, sálvese quien pueda. Sin defender la unidad nacional con claridad y dejar de regalársela a la derecha, nunca se podrá sostener un proyecto social creíble. Y ese proyecto es ya radicalmente incompatible con seguir descentralizando. Incluso con mantener lo descentralizado ¿Para qué, señores? El Ministerio de Sanidad ha llegado a esta crisis con prácticamente cero competencias. El rey está desnudo, y esta situación es insostenible. Al menos para los que creemos en los servicios públicos.

Y a los otros: entre astracanada y manifestación digital, entre tuit y rugido, desmantelar el Estado social no es buena cosa. Poner el grito en el cielo cuando se regula precios de materiales sanitarios es inaceptable, a no ser que, como decíamos, lo que se pretenda es volver a la ley de la selva. Plantear que no hay que regular, ni intervenir, ni planificar y luego exigir buena regulación, buena intervención y buena planificación es una contradicción que roza lo obsceno. ¿Alguien pretende que la ley de la oferta y la demanda se aplique a las posibilidades de acceso a la vacuna que nos habrá de curar de esta pesadilla? Solo un lunático o un sociópata podrían pretender algo así.

Nunca será buena idea debilitar el Estado. Ni centrifugándolo territorialmente, con secesiones abruptas o con cupos insolidarios que permiten a cada región practicar el dumping y la insolidaridad. Tampoco con el patriotismo elíptico de la taifa neoliberal que se presenta a sí misma como ejemplo paradigmático de riqueza y prosperidad, a costa de pasar por una trituradora la solidaridad, la redistribución con el resto de regiones, especialmente con las más pobres y desfavorecidas. Y desde luego no es buena idea convertir el Estado en una patria del sentimiento y el folclore, si aparte de eso no hay nada más. Porque la patria es el territorio político, la propiedad colectiva y no privatizable por excelencia, para los que quieran ver con razón algo de comunismo. La patria es la riqueza, la población, las leyes y las instituciones. Lo que a todos nos pertenece, sobre lo que decidimos todos, lo que compartimos todos y en la que distribuimos todos: de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Lo otro, el decorado, está bien, pero sólo, desprovisto de contenido material, es filfa. No vale de nada una patria desindustrializada. He ahí, por cierto, un motivo sólido para pasarle al PSOE una factura real. Del ¿qué problema hay en ser un país de servicios? del ministro Solchaga a constatar los múltiples problemas de que nuestra industria nacional haya sido desmantelada. La patria necesita un contenido social, y es que esa es su mejor identidad: una comunidad política de iguales, con fuertes lazos de solidaridad, alejada de cualquier noción esencialista o etnicista, capaz de preservar algunas de las conquistas más transformadoras de la Historia de la humanidad. Si me permiten, por pillarnos tan reciente el 25 de abril, algo similar al hermoso himno de la Revolución de los Claveles: un pueblo que tengo voz y voto, que sea el que mande. O povo é quem mais ordena.  

Una sanidad pública de calidad, un sistema público de pensiones, una fiscalidad progresiva para sostener el andamiaje social que acorte desigualdades, en vez de amplificarlas dejando que lo haga todo una mano que, a fuerza de ser invisible, ha hecho bien poco por evitar la creciente erosión social que inviabiliza nuestra convivencia. Y un modelo productivo que no puede basarse exclusivamente en los servicios, sino que necesariamente tiene que abrir paso a la recuperación de nuestra industria, a una inversión suficiente y ambiciosa en I+D+I, para la cual, otra vez, necesitamos dinero público. ¿O es que acaso alguien considera que la mejor receta para fomentar la investigación científica son los mantras de la austeridad indiscriminada que recortan programas, degradan instituciones y convierten a los científicos en precarios o en carne de aeropuerto forzados a marcharse de nuestro país?

No se trata de golpear a las clases trabajadoras con impuestos indirectos o cargando las tintas fiscales en la tributación de las rentas del trabajo; se trata de garantizar que los que más tienen – grandes patrimonios, fortunas, capitales, empresas – paguen lo que deben. Sólo así la nación será algo más que la pulsera y la bandera, que, por cierto, son compatibles con lo primero. Porque hay una Historia compartida y puede haber una emoción que la sustente, pero no podemos vivir solo de emociones. La realidad material del territorio político compartido es un hecho, por encima de idealismos y subjetividades. Y su contenido social, otro. Tal vez recuperar un Estado fuerte sea la única vía plausible, en estos tiempos de desasosiego colectivo.

España necesita menos cainismo y más soberanía.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica (UCM). Se dedica al libre ejercicio de la abogacía desde el año 2012. Abogado procesalista, especializado en las jurisdicciones civil, laboral y penal. En la actualidad, y desde julio de 2020, es director del canal de debate político El Jacobino. Colabora en diversas tertulias de televisión y radio donde es analista político, y es columnista en Diario 16 y Crónica Popular, también de El Viejo Topo, analizando la actualidad política desde las coordenadas de una izquierda socialista, republicana y laica, igual de crítica con el neoliberalismo hegemónico como con los procesos de fragmentación territorial promovidos por el nacionalismo; a su juicio, las dos principales amenazas reaccionarias que enfrentamos. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.

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