El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a todas las Comunidades Autónomas para saber qué procedimientos siguen a la hora de realojar a personas afectada por el desmantelamiento de asentamientos chabolistas. Concretamente, la Institución quiere saber si existe una normativa específica que regule el desalojo y realojo de la población chabolista.
La institución conoce de primera mano las actuaciones de desalojo y las califica de traumáticas, especialmente en aquellos casos en los que hay menores implicados. También es consciente de los problemas que padecen las personas que malviven en estos poblados, en condiciones muy precarias y de insalubridad, y con una ausencia casi absoluta de servicios públicos de ningún tipo.
Ante esta situación de exclusión social, consideran obligatoria la intervención de los poderes públicos. A pesar de que son las comunidades autónomas quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda, el Defensor considera esencial el papel a desempeñar por los ayuntamientos en los que se encuentra el asentamiento.
Una de las primeras acciones llevada a cabo por la institución ha sido solicitar información sobre cómo se distribuyen las competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos para abordar este problema. Otro de los objetivos de esta actuación de oficio es saber si las administraciones disponen de censos o estadísticas sobre las personas que viven en este tipo de asentamientos.
Por último, quiere conocer si las administraciones respetan las garantías procesales mínimas que deben cumplirse en cualquier desalojo forzoso, según establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
