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Defensa del sistema público de pensiones (II)

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La situación actual de la “caja de las pensiones” y su Fondo de Reserva ha devenido en preocupante porque a su utilización impropia por parte del Gobierno se le ha unido la disminución de ingresos por la destrucción de millones de empleos. La precariedad de los que se crean y su baja retribución, provoca una disminución en la recaudación y, en consecuencia, una reducción de los fondos de la Seguridad Social.

Las políticas en Seguridad Social de distintos Gobiernos son el principal causante de la precaria situación de la “caja de las pensiones”. No solo no se toman medidas para reparar el daño causado, sino que se agrava aún más con las sucesivas reducciones de las cotizaciones, la implantación de la tarifa plana, las bonificaciones por los contratos en prácticas, la cotización por contingencias comunes, la eliminación de la cotización de los becarios (aunque se hace figurar como si hubieran cotizado)… Una serie de medidas que, obviamente, la debilitan.

¿Será posible conseguir la devolución a la “caja de las pensiones” del dinero de la Seguridad Social utilizado para otros usos impropios”? Hasta el momento no se está actuando en consecuencia. La componenda de la aplicación de la fórmula de sostenibilidad no pretende otra cosa que devaluar las pensiones. El Estado tiene que ser el garante de la cuantía de las pensiones y de su actualización. Es necesario y obligado cumplir con la Constitución y llegar a un nuevo consenso, asumiendo que el Estado sea el garante efectivo del Sistema por el derecho adquirido a lo largo de la vida laboral mediante las cotizaciones realizadas.

Mientras el sistema actual permanezca inalterado nos parece inaceptable cualquier manera de vaciarlo, bien sea mediante la utilización de sus recursos para usos ajenos a los previstos o mediante la reducción de las aportaciones. En este sentido, si el Gobierno pretende hacer bonificaciones a los empresarios o implantar cuotas inferiores a las establecidas con la excusa de beneficiar la contratación o el autoempleo, debe el Estado, como consecuencia lógica, aportar los recursos necesarios a través de los Presupuestos Generales. No es aceptable, en ningún caso, esquilmar la caja de la Seguridad Social y, lejos de asumir sus responsabilidades, decir que no hay dinero y no aportar las soluciones imprescindibles para el buen funcionamiento y la permanencia del Sistema Público de Pensiones.

Los expertos consultados por el Gobierno, en apariencia con otros intereses, proponen parches, estudios que vaticinaban la quiebra del Sistema (informes de 1990, 1995, 2000, en lugar de una solución definitiva, y por supuesto satisfactoria al Sistema Público de Pensiones) basándose siempre en la misma argumentación: envejecimiento de la población, disminución del número de personas en edad de trabajar y mayor esperanza de vida. Pero no se tiene en cuenta la productividad, la tasa de actividad, las jubilaciones anticipadas, los ingresos, el principio de progresividad establecido en artículo 31 de la Constitución… Como solución se recomendaba reducir los gastos tal como se ha hecho en las sucesivas modificaciones de la ley (2007, 2011, 2013). Pero nunca se ataca con seriedad el incremento de los ingresos, el fraude fiscal o la economía sumergida, males endémicos en España. Una actuación decidida podría equiparar a tal como se encuentran estos parámetros en países de nuestro entorno. Muchos informes auspiciados por intereses privados han creado alarma en la población. Sea o no coyuntural la actual situación de déficit no existe mejor forma de abordarla que vinculándolo a los Presupuestos Generales como complemento a los ingresos del actual sistema de reparto.

Partimos del derecho generado a una pensión contributiva, que no debe verse frustrada ni recortada en su cuantía por circunstancias imprevisibles. El Estado debe garantizar el derecho adquirido desvinculándolo de los avatares que puedan producirse por crisis puntuales o tiempos de bonanza.

El Gobierno dispone de todos los recursos posibles para afrontar la sostenibilidad de las pensiones y, como Estado social que proclama la Constitución, está obligado a ello.

Defensa del sistema público de pensiones (I)

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