La huida del rey Juan Carlos ha provocado una reacción unitaria del bloque de partidos de la Transición (PSOE, PP y Vox) para intentar separar los negocios por los que el emérito pudo haber ocultado a Hacienda, al menos, 100 millones, de la figura del Jefe del Estado.

En todos los casos y desde todos los ámbitos, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, se defiende a la Monarquía en base a la defensa del pacto constitucional. Es decir, que lo que vuelven a plantear, como ya hicieron en 1978, es la utilización de la institución que ocupa la Jefatura de Estado como el paradigma de supervivencia de la democracia española.

Además, todos los partidos del bloque de la Transición están apelando a la diferenciación de la institución de los actos de Juan Carlos I, cuando, en realidad, los monarcas son los que representan a la dinastía y, en consecuencia, a la institución. Sorprende, cuanto menos, que sean los partidos políticos los que se conviertan en el muro de contención de la indignación del pueblo mientras en el Palacio de la Zarzuela se mantienen en el más absoluto silencio, es decir, en la opacidad que ha caracterizado a la Monarquía.

La realidad es que ese bloque de la Transición, para defender a la Monarquía, están utilizando los mismos argumentos del Partido Popular para defenderse de los casos de corrupción. ¿También empezarán a referirse a Juan Carlos de Borbón como «la persona de la que usted me habla»?

Los presuntos delitos que cometió el rey emérito se produjeron mientras ostentaba la Jefatura del Estado, es decir, mientras representaba a España por el mundo. Por tanto, no se puede deslindar la responsabilidad personal de la institucional, sobre todo cuando Juan Carlos I no negó en su carta a Felipe VI los hechos por los que está siendo investigado y los enmarcó dentro de su ámbito privado. Además, la propia estrategia de regularizar su situación con Hacienda para evitar una condena penal es un reconocimiento de haber cometido esos presuntos delitos.

El pacto constitucional se sostiene sobre la base del engaño y la manipulación que se aplicó al pueblo español durante la Transición. Hay que partir de la base de que la Monarquía es el último legado vivo del franquismo y es la propia historia la que determina que esta afirmación es cierta.  En la Ley de Sucesión de 1.947, además de convertir en vitalicia la Jefatura del Estado en la persona de Franco («La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde»), se indicaba claramente que «En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes». La persona elegida por el dictador fue Juan Carlos de Borbón y Borbón.

La sola presencia en la Jefatura del Estado de un ciudadano que está siguiendo la línea de sucesión marcada por Franco es el reconocimiento de que la Ley de Sucesión de 1.947 sigue vigente «ad hoc», por más que se haya pretendido justificar desde las élites políticas, tanto conservadoras como liberales o socialdemócratas, una legitimidad democrática a lo que no la tiene porque Felipe VI y Juan Carlos I no han recibido la aprobación del pueblo soberano con su voto porque, en realidad, sólo existe un modo de legitimación democrática: la elección libre por medio del sufragio universal. Eso no ha ocurrido en España.

Si a todo eso añadimos la manipulación que se hizo desde el poder para hacer ver que sí se votó la Monarquía, nos encontramos con una Jefatura del Estado que, además de estar sólo «legitimada» por la voluntad de Franco, se mantuvo gracias a la mentira.

Los españoles no supieron hasta hace poco tiempo es cómo fueron utilizados por quienes pretendían mantener la voluntad de Franco respecto a quien debía sucederle en la Jefatura de Estado. En primer lugar, Adolfo Suárez reconoció en una entrevista cómo había manipulado las cosas en el referéndum para la reforma política de diciembre de 1.976.

En concreto, el expresidente dijo que «cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así.

En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1.978 sobre la Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete de la Carta Magna también a la Monarquía. Es decir, se puso a la ciudadanía entre la espada y la pared: «si queréis democracia, tendrá que ser con un rey», con el mismo que eligió Franco. Ese es el pacto constitucional que defienden desde el bloque de la Transición: un trágala en toda regla.

Estas dos consultas son las que utilizan como argumento quienes defienden a los Borbones y su permanencia en la Jefatura de Estado. Un argumento que es falso porque en ningún momento el pueblo español ha tenido la oportunidad de decidir libremente sobre la permanencia del modelo monárquico y la instauración de la República. Tras esa consulta, si Felipe VI contara con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, entonces sí que tendría una legitimidad democrática plena. Entonces sí que se podría hablar de pacto constitucional. Hasta que esto no ocurra, nadie puede hablar de pacto constitucional sin estar haciendo referencia a una operación en la que se manipuló al pueblo para proteger a la Monarquía.

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