Hasta 35.000 personas mueren al año sin haber recibido, tras años de espera, la ayuda a la dependencia. Así se desvela en los datos del Imserso que ahora denuncia la Asociación Estatal de directoras gerentes en Servicios Sociales.
Las diferencias entre unas comunidades y otros también convierte a los mayores en ciudadanos de primera o segunda a la hora de recibir esta ayuda a la dependencia. Así, los más afortunados están en Ceuta, Melilla, País Vasco, Navarra y Castilla y León, frente a Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).
El borrador de la nueva estadística del Imserso -fruto del compromiso de transparencia integrado en el Pacto de Estado por la dependencia– presenta datos y una de las novedades es la incorporación del dato de los tiempos medios de tramitación de los expedientes (expresados en días) desvelando lo que este Observatorio viene indicando con insistencia desde hace años.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).
Ritmo insuficiente
Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. En 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).
Por primera vez desde 2016, que el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado.
“Los motivos de estos impresentables retrasos” explica la Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales, después de trece años de implantación de la Ley, «son múltiples”, pero apunta dos fundamentales:
- Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
- El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Ante estas dos estrategias, “de resultado cruel, poco puede hacer el ciudadano afectado y más cuando ante la demora injusta solo le queda acudir a la tutela judicial por la vía contenciosa-administrativa “(lenta, farragosa y costosa) y no por la de la jurisdicción social gracias al mantenido incumplimiento de las Cortes Españolas de su mandato legal de trasladar estos asuntos a dicha jurisdicción (Disposición Final Séptima de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social).
Datos dolorosos
“Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo “(con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones”.
La asociación estima que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera.
Otra consecuencia -la más evidente- es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas.
