Llevo tiempo escuchando en los medios de comunicación cómo desde la sociedad en general a través, en la mayoría de los casos, de los colectivos feministas, se pide por imperativo necesario que los jueces y juezas tengan formación en género. Personalmente me parece algo importantísimo y vital de todas todas, pero siempre me hago la misma pregunta: ¿Por qué no pedimos lo mismo con la misma insistencia también para atacar la raíz, el inicio, el espacio que generará un cambio exponencial de ser modificado?
Es importante que los encargados de juzgar los casos de maltrato, violaciones o diversas agresiones y tipos delictivos que se cometen contra las mujeres por el hecho de serlo, estén bien formados, pero ¿y la policía? ¿nadie se acuerda de la policía? ¿o es que en este país hemos perdido la fe en poder tener algún día unos cuerpos de seguridad que garanticen derechos en lugar de recortarlos?
La vía de acceso a la interposición de denuncia por un delito relacionado con la violencia sobre la mujer suele iniciarse en un cuartel de policía. De las actuaciones que se lleven a cabo allí en primera instancia y de cómo se gestionen las cosas, dependerá mucho que la denuncia acabe o no, con un sello de “archivada”.
Existe una falta de confianza muy importante y extendida de la ciudadanía hacia estas instituciones en cuanto a protección de derechos y libertades. Acudir allí a reclamar o denunciar asuntos relacionados con la propiedad privada cuesta poco o nada, pero cuando se trata de denunciar violencia hay una percepción colectiva que hace que la cosa cambie bastante. Se piensa, y por algo será, que la policía les defenderá más y mejor de un atraco o un robo en la calle, que de una violación en manada.
Una mujer, cuando es agredida, acude a una comisaría y allí, un agente de policía, en la mayoría inmensa de los casos sin formación específica para abordar a víctimas en situaciones de crisis, ni tampoco conocimientos concretos sobre violencia de género, le recoge la denuncia.
Esta denuncia es el elemento jurídico principal que da inicio a las diligencias, es decir, el relato que los jueces y juezas van a tener en cuenta antes incluso de oír a la víctima contar lo sucedido. Es no sólo la primera impresión, sino que es la impresión que queda, sobre la que se trabajará después en el juzgado, el documento marco que dará pie al proceso y que por tanto no puede ser tomado a la ligera, ni hacerse rápido por ir a merendar o a hacer un cigarro a la puerta.
He escuchado montones de veces a compañeros decir que ellos sólo escriben en el cuerpo del atestado lo que le ha pasado a la mujer ese día, que todo lo demás se lo cuente la víctima a sus señorías, que la historia es un relato demasiado largo.
Lo que en “Román Paladino” significa que cuando la mujer agredida y en situación de grave crisis emocional empieza a contarles el repertorio de agresiones que ha vivido durante años, el policía le interrumpe el recuerdo y el testimonio para decirle que por favor se ciña a lo que le acaba de pasar y que no divague.
Actuar con tal desprecio a la persona que sufre un delito violento genera no sólo un daño emocional extra e innecesario en la mujer, sino también una lesión procesal, ya que lo acaecido llega al juzgado de manera sesgada, inconclusa y recortado, sin la necesaria historia real diaria que lo dota de la credibilidad sobre la que podrán trabajar a posteriori.
Esa falta de deontología y de decoro profesional tan extendido provoca la indefensión absoluta de la mujer en la esfera judicial y el archivo posterior de la causa, siendo este resultado tomado como denuncia falsa por colectivos de machistas que hacen su agosto con la escasa implicación y la nula formación de muchos uniformados.
Las excesivas ampliaciones posteriores del relato de la víctima son vistas por los abogados de las defensas como el aliño de situaciones ficticias que ellas pretenden hacer engordar maliciosamente para conseguir condenas.
Por lo tanto, el inicio del problema son los cuarteles. Dentro de las corporaciones policiales, el delito más común por el que son imputados los hombres policía es por ejercer violencia hacia sus propias parejas. Suele suceder que policías imputados por presuntamente maltratar a sus esposas, y que no pueden trabajar en la calle haciendo patrulla ordinaria, quedan desprovistos del arma de fuego reglamentaria si lo hacen en las oficinas de denuncias. Debido a una ausencia de protocolos y por la enorme falta de interés del sistema, nada impide que muchas víctimas de violencia de género sean atendidas por un presunto maltratador de mujeres. Algo así como dejar al cargo de la caja registradora a un mangante o enviar a un negro a denunciarle un ataque racista a un miembro del Ku Klux Klan. Esto sucede porque en España quien critica a las fuerzas de seguridad es visto como un antipatriota, porque no aceptamos las cosas que se hacen mal y porque nadie se atreve a abrir la boca para criticar a unas corporaciones que viven en la opacidad, el privilegio y bajo consignas casposas de un corporativismo mal entendido y mal gestionado. Para empezar a cambiar las cosas y mejorarlas es necesario poner la luz sobre lo que se hace de forma inadecuada, sólo eso permitirá una transformación tan necesaria.
Nunca ha sido prioritario el proteger a las mujeres porque vivimos en un país donde la presunción de inocencia del agresor en los delitos que tienen que ver con nosotras cuentan siempre con una protagonista mujer que seguramente miente. Y no es que haya que cuestionar la presunción de inocencia, no, sino entender que esta siempre trae aparejada a una víctima en potencia.
Los policías imputados por delitos violentos o con condenas por cometerlos no pueden asistir a víctimas, así como un maltratador no puede ser un buen padre, ni un pederasta dar misa y ser profesor de escuela.
