Carlos vive desde marzo de 2018 con su mujer y sus tres hijos en un piso de protección oficial promocionado por Fundación la Caixa ubicado en el barrio de Santa Eulalia, en L’Hospitalet. Le quedan dos para renovar. Los tiene contados. Es el tiempo que plantea seguir viviendo en su piso si no se revisan los nuevos requisitos de renta, que, denuncia, exige abusivamente la entidad para poder continuar residiendo en las viviendas de su propiedad. Expone que el ingreso mínimo necesario para entrar en los pisos ha aumentado desde los 8.000 euros anuales hasta situarse en el entorno de los 15.000, así como que los primeros vecinos que entraron, hace diez años, empezaron pagando entre 340 y 390 euros de mensualidad, mientras que “con las últimas renovaciones van por 580 euros en pisos de dos habitaciones”, algo que, aduce, “no es lógico pagar por un piso de protección oficial”.
Es la situación en la que se encuentran los inquilinos de los bloques de viviendas propiedad de la Caixa en este barrio, y enlaza con el contexto de precariedad laboral y merma del poder adquisitivo que para muchas personas ha traído aparejada la pandemia. Carlos se encuentra actualmente en ERTE. Explica que, a raíz de la paralización de las actividades económicas no esenciales, la Caixa abrió la puerta al aplazamiento del pago de las mensualidades para las personas que forzosamente hallaran paralizada su actividad laboral, pero lamenta que, en su caso, la entidad determinó que no cumplía los requisitos, motivo por el que tiene que pagar “como puede” desde entonces.
Carlos refiere que las subidas más cuantiosas tienen lugar durante la renovación, en las que se actualizan las condiciones de acceso a los inmuebles. Debido a la pandemia, algunos vecinos que se hallaban al cabo de la extinción del contrato en curso, pudieron aferrarse a una prórroga de seis meses. “De este bloque, me parece que hay mínimo dos o tres vecinos con prórroga que no van a poder renovar por no cumplir con los nuevos requisitos”. Con todo, según relata, aún ha habido de hacer frente a subidas anuales de entre 30 y 35 euros, comenta. Explica que hay una serie de cláusulas en el contrato que se añaden abusivamente a la renta de alquiler establecida, aumentando el importe global que conlleva habitar los inmuebles y hacer uso de los servicios de los edificios.
Pero las demandas de los inquilinos afectados que se han unido en la causa no se ciñen únicamente a las subidas en el precio del alquiler. Carlos es asmático y vive en una habitación repleta de humedades, que se filtran desde el terrado por el mal estado de los materiales. “Tengo el parqué levantado por la humedad”, relata. “Cado dos por tres”, detalla, salta la alarma del sensor de humedad del que dispone. “Cada día alcanza el 90-95% de humedad. Yo no debería estar ahí”. Explica que la caldera se les ha estropeado dos veces y en sendas ocasiones la reparación corrió a su cuenta. Esta es la otra gran reclamación vecinal. A las malas condiciones y al deterioro de las instalaciones, como es el caso de las placas solares, en estado de abandono; se le suma, traslada Carlos, el desentendimiento de la entidad bancaria, propietaria y gestora de las viviendas, del mantenimiento, servicio por el que pagan los inquilinos que residen en los bloques.
Recuerda que cuando entraron se encontraron con un atasco en la tubería, que, según asegura, volvió a ocurrir a las dos semanas de subsanarse, pues la operación no se ejecutó adecuadamente. “La Caixa dice que eso ha pasado estando yo allí y que soy el que se tiene que hacer cargo, aunque viniera de antes, y tuvimos que pagar 250 euros de reparación”.
Asimismo, otro caso significativo se dio cuando, en pleno confinamiento, se estropeó la antena de la televisión, que finalmente se cambió a los dos meses y medio. “La Caixa nos dijo que estaban esperando a que les trajeran la pieza para cambiarla (la antena). Según nos contaron los que habían venido a arreglarla, ellos tenían la pieza, pero que hasta que la Caixa no diera la orden, ellos no la podían cambiar”.
Esta dejación de funciones ha conllevado problemas de seguridad, abunda. Recuerda que en diciembre de 2019 se rompió la cerradura y un vecino hubo de desmontarla ante la posibilidad de que en algún momento los vecinos no pudiesen acceder al inmueble. El suceso propició que entrasen habitualmente personas sin hogar a los espacios comunes del edificio. “Allí podía entrar todo el mundo. Cada mañana nos encontrábamos bolsas y latas de cerveza dentro de la portería”, describe. Los vecinos, comenta, notificaron el problema a la entidad. Pese a que en este caso obtuvieron pronta respuesta, “esto se va a pasar como urgente, porque ya es un tema de seguridad”, reproduce Carlos; finalmente el arreglo se llevó a cabo entre mayo y junio, rememora. “Al final la cambiaron y a los dos meses se volvió a estropear. En un año y medio llevamos ya tres cerraduras, porque ponen cosas de mala calidad”.
Los vecinos empezaron a alzar la voz a través del Sindicat de Llogaters -sindicato de inquilinos- de Barcelona hace seis meses, calcula. “Reclamamos una negociación colectiva, y es a lo que la Caixa se niega”, expone Carlos, quien además denuncia que la entidad está intentando desligar las viviendas de la faceta de Obra Social del banco para presentarlas como pisos ofertados por Inmocaixa. Al respecto, señala que poco después de la puesta en marcha de las reclamaciones vecinales, vinieron a cambiar una placa con la inscripción “viviendas sociales de La Caixa” por otra en la que únicamente figura el nombre “Inmocaixa” junto al logotipo de la entidad.
Carlos explica que hay vecinos que “no bajan a las reuniones” o no han querido colgar pancartas en el balcón por miedo a represalias, como negarles la renovación. Pese a que comprende esta actitud, defiende que él no se la puede permitir. “Yo tengo tres niños. A mí, que tomen cualquier tipo de represalia…, pues bueno, tendré que asumirlo, pero yo no puedo vivir en el piso en las condiciones en que está”.+
Preguntado, aclara que, si finalmente la Caixa no accediera a reunirse, todos los afectados por las prácticas de la fundación bancaria -según refiere conoce de otros casos similares en el barrio hospitalense de San José- se verán abocados a cursar una denuncia colectiva ante la justicia.
No obstante, la lucha de los vecinos que se han unido parece haber dado algunos frutos, celebra. Los logros cosechados son los relativos al mantenimiento. “Cambiaron la cerradura al día siguiente de denunciarlo por primera vez, la puerta del parquin se estropeó el jueves y el lunes ya estaba arreglada, y en el terrado han hecho algunos arreglos para prevenir las humedades”, enumera. “Parece que en el tema del mantenimiento se han puesto las pilas”.
